Este tipo de acciones con las que se busca generar reflexión en la ciudadanía sobre nuestro reciente pasado político debe ser analizado críticamente desde la complejidad del tema. Sobre todo en un contexto político donde se disputan diversas verdades sobre el conflicto armado interno. Asimismo, en una sociedad en la que, a pesar de presentar indicadores de crecimiento económico, se mantienen diversas formas de violencia y los mecanismos estatales para abordar la conflictividad social presentan serías limitaciones.
En una reciente investigación sobre el Impacto Psicosocial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el Perú, se encontró que solo el 48% de los encuestados en Lima, Huamanga y Piura, tienen conocimiento sobre lo que fue la CVR. Por otro lado, en un estudio de opinión realizado por el IDEHPUCP, el IOP e IMASEN en el año 2006, se encontró que en diferentes localidades del país más del 50% de los encuestados menciona el terrorismo como el evento que más recuerda de lo ocurrido entre 1980 y 1990[1]. De igual forma, sobre los temores de ese momento, se menciona al terrorismo y la violencia por encima de la hiperinflación.
Frente a esta situación, se puede afirmar que el tema del conflicto armado interno se mantiene vigente en el recuerdo de gran parte de la población. Sin embargo, se podría declarar que es necesaria mayor y mejor información sobre lo sucedido. Algunos señalan que es una labor del sector educación impartir conocimiento respecto al tema. No solo se trata de plantear la lógica mecanicista de mayor información, mayor memoria, por lo tanto, menos violencia. Los estudios sobre la memoria han evidenciado que los procesos sociales y políticos posteriores al fin de un conflicto armado interno son complejos y no siguen una linealidad histórica.
En este sentido, la educación es solo un espacio de socialización de una memoria oficial o estatal, sin embargo, esta seguirá siendo construida desde la experiencia personal de cada ciudadano, de sus ámbitos de desarrollo y en consonancia con sus expectativas e interacción con la institucionalidad democrática vigente en su sociedad. Referirnos a mayor y mejor información nos lleva a reflexionar sobre qué información se brinda, de qué forma, quién es el responsable de ofrecerla y cuáles son los objetivos de brindarla.
Existen riesgos al momento de plantear discursos oficiales sobre un pasado de violencia. Uno de ellos, es que la pretensión de una verdad general (nacional) puede dejar invisibles historias particulares (regionales o locales) y caer en parcialidades. Y es que el proceso de construcción de una memoria oficial enfrenta diversas disputas sobre su legitimidad, las “batallas por la memoria” como se conoce este proceso. Debemos reconocer que cada construcción de memoria individual o colectiva está enmarcada de valores, experiencias y necesidades sociales que reflejan una visión de la sociedad.
Luego de mencionar estos riesgos, cabe preguntarnos si es solo desde la educación que debemos abordar el tema del conflicto armado interno para evitar, a futuro, la violencia desarrollada durante ese periodo. La “hipótesis del caldo de cultivo” referido a la interpretación que asocia violencia con condiciones estructurales de pobreza, desigualdades sociales, racismo y discriminación es necesaria en la reflexión, sin embargo no es suficiente para explicar el desenlace de esta parte de nuestra historia política.
Pese a esto, es importante mencionar que las iniciativas sobre la difusión de una cultura de paz no solo deben quedar en campañas informativas, sino que se deben abordar políticas públicas de inclusión social, el fortalecimiento de la representación política y de los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos. Este año, cumpliendo el décimo aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR, es necesario seguir haciéndonos la pregunta sobre cómo la sociedad peruana viene construyendo una cultura democrática con pleno respeto a los derechos humanos; cómo cada gobierno y cada ciudadano viene contribuyendo en esta difícil, pero necesaria, tarea.
Escribe: Diego Uchuypoma, colaborador del IDEHPUCP
[1] Se realizaron encuestas en las provincias de Huamanga, Huanta, Huancayo, Huánuco, Tingo María, Lima, Callao, Arequipa, Chiclayo y Cusco.
