El XX Encuentro de Derechos Humanos concluyó el jueves 5 de junio con una profunda reflexión sobre los desafíos de la movilidad humana en el Perú y la región. Las mesas del último día abordaron los caminos hacia la integración de personas migrantes y refugiadas, así como los peligros de la regresión global en políticas de acogida, desde un enfoque que articula la defensa de derechos, la justicia social y el reconocimiento de la dignidad humana.
Diagnóstico del desplazamiento forzado: el caso venezolano
En el marco del encuentro se presentó el libro Del desplazamiento a la integración: política y desafíos para la población migrante venezolana en el norte del Perú, una publicación del IDEHPUCP que sistematiza los hallazgos del proyecto ejecutado entre 2022 y 2024 junto a socios como WeWorld, UNESCO, el Instituto de Defensa Legal, ChildFund y la Universidad del Azuay. Esta investigación fue posible gracias al financiamiento de la Unión Europea a través de su iniciativa Lives in Dignity.
El antropólogo y editor del libro, Mario Cépeda, explicó que el trabajo se concentra en tres regiones clave del norte peruano —La Libertad, Lambayeque y Piura— y analiza tres grandes dimensiones: el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes; las condiciones laborales de las personas migrantes; y la respuesta estatal frente al delito de trata de personas. Además, la publicación incorpora seis relatos visuales que retratan experiencias de vida de migrantes venezolanos y figuras peruanas que los acogen, brindando una mirada cercana y humanizada del fenómeno.
Andrea Carrasco, consultora del IDEHPUCP, ahondó en las dificultades metodológicas del estudio, señalando los escasos antecedentes investigativos en la materia, la limitada disponibilidad de información estatal y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en este campo, agravados por el desfinanciamiento de la cooperación internacional. Estas barreras, sostuvo, evidencian un abandono estructural del Estado respecto a los derechos de las poblaciones en movilidad.
Finalmente, la antropóloga Jeanine Anderson comentó la publicación subrayando la importancia del rol estatal como garante de derechos, pero también el papel de las sociedades de acogida. Para Anderson, el libro no solo aporta al conocimiento académico, sino que también sirve como insumo para fortalecer políticas públicas de integración y enriquecer el debate sobre inclusión social en el país.
Pueden ver la mesa completa aquí:
«El derecho a tener derechos»: migrantes y refugiados en un mundo hostil
La última mesa del Encuentro, titulada El derecho a tener derechos: refugiados y migrantes en el mundo actual, reunió a especialistas para debatir los peligros del retroceso de los enfoques humanitarios y el avance de políticas securitarias que criminalizan a las personas en movilidad. El espacio, moderado por Miriam Tovar, investigadora del IDEHPUCP, contó con la participación de las investigadoras Cécile Blouin, Nancy Arellano y Tania Vásquez.
Cécile Blouin, investigadora asociada del IDEHPUCP, alertó sobre la grave crisis del enfoque humanitario en América Latina, reflejada en hechos como la transferencia de migrantes venezolanos al CECOT —una cárcel de máxima seguridad en El Salvador— o las deportaciones masivas desde Estados Unidos, que violan derechos fundamentales bajo el pretexto de la seguridad nacional. También se refirió al caso argentino, donde el gobierno de Javier Milei promueve la criminalización de la migración sin base empírica, replicando una narrativa global que asocia falsamente migración con delincuencia.
Perú, advirtió Blouin, no es ajeno a esta tendencia. Discursos antimigrantes desde el Congreso, acompañados de normas restrictivas, han contribuido a un ambiente de hostilidad y estigmatización, especialmente contra la población venezolana. Esta regresión en derechos se produce en un contexto de debilitamiento de organismos internacionales y de pérdida del enfoque de protección que debería guiar toda política migratoria.
Por su parte, Nancy Arellano, presidenta de la organización VeneActiva, puso en contexto la actual crisis migratoria venezolana, recordando que el fenómeno de la movilidad humana no es nuevo y que los debates sobre población y desarrollo se remontan a los años ochenta. Sin embargo, denunció que el caso venezolano ha sido mal categorizado por los Estados y organismos del sistema interamericano, generando vacíos legales y políticas ambiguas que, lejos de brindar protección, agravan la precariedad de quienes migran.
Arellano también se refirió a la expulsión de Venezuela del Mercosur por razones políticas, lo cual terminó perjudicando a sus ciudadanos en lugar de protegerlos. En contraste, destacó que países como Uruguay o Brasil siguen aplicando mecanismos de acogida. En su opinión, América Latina debe pensar su política migratoria no desde el miedo al “costo”, sino como una oportunidad de integración social y desarrollo compartido.
Cerró la mesa la socióloga Tania Vásquez, quien propuso un análisis desde la sociología de las profesiones para entender el papel clave de los colectivos de abogadas, sociólogas y antropólogas en la construcción del régimen de derechos en Perú. Vásquez señaló que, pese a los avances académicos y al trabajo institucional en derechos humanos, aún hay vastos sectores del país donde estos derechos no se ejercen plenamente. La migración, dijo, revela nuevas dimensiones de desigualdad y obliga a ampliar el marco de acción del activismo y la investigación.
Desde su experiencia en el Instituto de Estudios Peruanos, Vásquez destacó que si bien las narrativas de odio y exclusión se han intensificado, también existen múltiples líneas de esperanza, ancladas en los esfuerzos por construir una cultura de derechos humanos desde abajo y en defensa de las poblaciones más vulnerables.
Un cierre con llamados urgentes
Las mesas del último día del XX Encuentro de Derechos Humanos no sólo ofrecieron diagnósticos certeros sobre la realidad migratoria en el Perú y la región, sino que también formularon llamados urgentes a repensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos. Frente a la criminalización y el desamparo, las y los especialistas convocados insistieron en recuperar el paradigma de protección, reforzar los marcos jurídicos y promover una sociedad más empática y solidaria.
La migración, como se insistió en señalar en ambas mesas, no es una amenaza, sino un proceso humano y legítimo que puede ser motor de desarrollo si se gestiona con justicia y visión. El cierre del Encuentro fue, así, un recordatorio de que los derechos humanos no son privilegios de algunos, sino garantías universales que deben aplicarse a todas las personas, sin importar su origen o condición migratoria.
Aquí, la mesa completa
