En la última entrevista concedida por el Presidente Ollanta Humala fuimos testigos de las declaraciones donde se cuestionaba la existencia de pueblos indígenas en la sierra, al señalar que: “(…) en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etc. Más que todo, las comunidades nativas se dan en las zonas de selva con estas poblaciones que antes se les llamaba “no contactadas”, pero hoy con toda la infraestructura y la modernidad, estamos tratando de articular a todas las comunidades”.
A partir de estas afirmaciones, algunas organizaciones como CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú, el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[1], han manifestado su preocupación señalando, acertadamente, que con un análisis tan sesgado en torno a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa se está tergiversando a la vez que se genera la desprotección de dichos colectivos.
Así, la renuncia del viceministro Lanegra despierta suspicacias en torno a un posible conflicto al interior del Ejecutivo, en concreto entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, más aún si se recuerdan las declaraciones del Premier Juan Jiménez acerca de la intención de “destrabar” 14 proyectos mineros en fase de exploración “para pasar directamente a las autorizaciones y las empresas hagan lo que tengan que hacer[2]”. Ello cobra relevancia si se toma en consideración que uno de los proyectos que se encuentra, actualmente, en el ojo de la tormenta es el de Cañariaco en la Comunidad San Juan de Cañaris. En este contexto, un análisis restringido del concepto de pueblo indígena, llevaría a no aplicar el procedimiento de consulta a dicha comunidad.
Al respecto, es necesario recordar que, como indicó Iván Lanegra, la consulta previa no puede ser entendida como una “traba” para las inversiones, sino como una obligación que se ha creado para salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que bien hecha puede ayudar, además, a tener inversiones sostenibles y generar bienestar para todos. Hoy más que nunca, se debe tener una visión más fiscalizadora sobre la Ley de Consulta Previa, sobre todo cuando sabemos que el enfoque del gobierno es pro inversión minera a costa de la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades que no serían tomadas en cuenta.
Escribe: Rosa Arévalo, colaboradora del IDEHPUCP
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[1] http://www.chirapaq.org.pe/noticias/pueblos-andinos-tienen-tambien-derecho-a-ser-consultados
http://servindi.org/actualidad/86553
http://kaosenlared.net/america-latina/item/55832-pueblos-quechuas-y-aymaras-se-declaran-en-estado-de-alerta-permanente-contra-el-gobierno-de-ollanta-humala.html
[2] Declaración recogida del diario Gestión en su edición del jueves 18 de abril de 2013.http://servindi.org/actualidad/86048
