Fuente: Infobae.
Hasta el momento se registra por lo menos seis vidas perdidas por el impacto del ciclón Yaku en el norte del país. Numerosos distritos de hasta catorce regiones han sido declarados en estado de emergencia por 60 días, incluyendo dieciocho distritos de Lima Metropolitana. Los afectados son miles, las pérdidas materiales inmediatas son cuantiosas y aquellas que se producirán derivadamente, en el ámbito de la producción agrícola, lo son aún más. Enfrentamos, pues, una sombría perspectiva que se suma a la ya calamitosa situación del país en términos políticos. De hecho, cabe temer que esto último –es decir, la profunda crisis política—limite la capacidad de respuesta estatal y social al desastre.
En situaciones como esta es importante resaltar la directa conexión entre los desastres llamados naturales y la afectación a los derechos humanos. Se debe tener presente que el Estado tiene una clara responsabilidad al respecto, que lo obliga a prevenir y mitigar las afectaciones. Los derechos afectados son numerosos, y abarcan desde el derecho a la vida misma hasta los derechos a la integridad personal, la no discriminación, el trabajo, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, así como los derechos a un ambiente sano, al agua y a la propiedad. Es pertinente recordar, al respecto, la existencia del Marco de Sendai 2015-2030, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, que se orienta a la “reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”.
En este contexto resulta particularmente condenable la ejecutoria de la comisión del Congreso sobre el fenómeno de El Niño costero, según ha sido reportada en diversos espacios informativos. Esta comisión, instalada en octubre de 2021 (aunque su creación data del año 2017), ha emitido un informe de una vacuidad inaceptable, para lo cual ha gastado medio millón de soles, principalmente en la contratación de consultores mediante procesos cuestionables. Se aúnan aquí la irresponsabilidad y la insensibilidad ante el futuro de millones de ciudadanos, con el aprovechamiento irregular de los recursos públicos. El resultado es que una entidad que debió servir para registrar falencias actuales y mejorar las políticas públicas para la gestión de desastres ha devenido un ejercicio inútil y dispendioso. Este es solamente un ejemplo –aunque uno particularmente grave—de cómo el deterioro político del país se convierte de manera directa en un factor de vulneración de los derechos humanos de toda la población.
