El ministro de Educación de este gobierno –presidido por primera vez en nuestra historia por una mujer—se permite decir sobre un grupo de manifestantes mujeres: «ni siquiera los animales exponen a sus hijos. (…) ¿Se les puede llamar madre a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos?». Esta es, entre varias cosas, una incalificable expresión de violencia verbal contra mujeres. Y el hecho de que la presidenta Boluarte lo mantenga en el cargo y no le exija ninguna explicación implica un aval también injustificable.
Por sus ominosas resonancias, este incidente puede ser, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el recordatorio más eficaz del estancamiento e incluso el retroceso de nuestro país respecto de los principios representados en esta fecha: reconocimiento de derechos, participación igualitaria y empoderamiento de las mujeres en todos los espacios de la sociedad y el Estado. La declaración del ministro es, en efecto, un atentado contra todos esos ideales; pone en entredicho el derecho de las mujeres a participar y expresarse e incluso les expropia la capacidad de decidir cómo desempeñan sus roles en la sociedad. Son palabras que comunican intolerancia y, más que eso, una presunción de superioridad y dominio sobre la población femenina, o, en todo caso, sobre la población femenina de cierta parte del país.
Si la condena a las palabras de Becerra y a su aceptación por este gobierno es obligatoria, de otro lado haríamos mal en pensar que el retroceso en la agenda de los derechos de las mujeres es únicamente asunto del presente régimen. En realidad, antes de su caída por un golpe de Estado fracasado, el gobierno de Pedro Castillo exhibió durante año y medio un profundo desdén por los derechos de las mujeres. La expresión de ese desdén abarcaba desde gestos oficiales al más alto nivel, como la composición de gabinetes con solamente dos o tres ministras mujeres, hasta el nombramiento en altos cargos de personajes con historias de violencia de género y la tolerancia de declaraciones misóginas por parte de ministros u otros miembros del gobierno.
En ese trayecto antiderechos, hay que señalarlo, el Ejecutivo caminaba, y todavía camina, de la mano con un sector del Congreso que impulsa una agenda profundamente regresiva en la materia. Ahí están la iniciativa para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, la ley que obstaculiza el enfoque de género en la educación o la negativa a despenalizar el aborto en casos de violación sexual, como muestra de esa agenda conservadora.
Se suma a eso una creciente tendencia al acoso político contra mujeres, el cierre de canales de participación y, en términos más generales, un deterioro de las capacidades de gestión y de las políticas de Estado, cuya consecuencia no puede ser otra que el debilitamiento de las políticas para la protección de derechos y promoción de la participación de las mujeres.
Este 8 de marzo es un día para la reafirmación de los derechos y las demandas de igualdad de las mujeres. Es también una fecha para rendir homenaje a los esfuerzos y sacrificios individuales y colectivos que han hecho avanzar la igualdad en las últimas décadas. Y es también una fecha para expresar expectativas en el futuro, a pesar de todo. El Perú tiene una tradición de movimientos por los derechos de las mujeres que debería ser, también, una fuerza para la recuperación de lo perdido, para avanzar hacia nuevas metas en materia de igualdad, participación y lucha contra la violencia de género y, más ampliamente, para recuperar la gobernabilidad democrática en el país.
