Foto: Andina
Desde su creación la Defensoría del Pueblo fue uno de los principales soportes de la institucionalidad democrática del país. Esto no es poco decir considerando que en estas décadas ha habido múltiples intentos, desde diversos gobiernos, de avasallar dicha institucionalidad o de negar el reconocimiento de derechos a varios sectores de la población. Esa tendencia se ha intensificado particularmente en los últimos años y ha entrado en una fase aún más grave, si cabe, después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, que terminó por dejar en el poder, y prácticamente sin control, a tendencias autoritarias en las que convergen el gobierno y el Congreso. En esas circunstancias, sin embargo, todavía la Defensoría del Pueblo ha podido hacer sentir su voz, sobre todo acerca de los abusos contra derechos humanos cometidos en el contexto de las protestas. Este trabajo, es justo resaltarlo, fue posible por la excelente conducción de la Defensora Eliana Revollar, con quien el país tiene una deuda de reconocimiento.
Ese trascendente papel, sin embargo, está en riesgo ahora, desde que el Congreso eligió a un nuevo Defensor cuyas credenciales son cuestionables y cuyos apoyos políticos generan dudas sobre su real adhesión a la misión y las tareas concretas de la Defensoría.
Habría mucho que decir sobre esta designación, que puede ser vista como una instancia más de preocupación sobre la arquitectura institucional de la democracia. En primer lugar, el procedimiento de elección siguió adelante a pesar de las decisiones del PJ que ordenaban al Congreso suspenderlo hasta que se acreditaran garantías de transparencia y meritocracia. Como se recuerda, después el Tribunal Constitucional resolvió a favor del Congreso, en un fallo muy criticado, una demanda de competencias que, entre otras cosas, abordaba esta discusión. De ese modo franqueó el camino para hacer la elección.
La CIDH, por su parte, en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de las Protestas Sociales ha identificado como una amenaza para la democracia una serie de proyectos de reformas constitucionales presentados en el Congreso, una de las cuales abre camino a la remoción del Defensor del Pueblo (párr. 54 y 57), lo cual expresa el ánimo de control institucional del Legislativo. Frente a ello la CIDH recomendó al Estado adoptar acciones para fortalecer a la Defensoría, «dotándola de recursos humanos y económicos adecuados para el cabal desempeño de sus funciones» (recomendación No. 24). Se debe tener presente que el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas tiene entre sus principales puntos de apoyo información acopiada por la Defensoría.
En cuanto a las credenciales del nuevo Defensor, hay información pública que indica una falta de formación académica y profesional en materia de derechos humanos por parte del funcionario elegido, quien no ha remitido información sobre cursos, maestrías o programas de capacitación en DDHH, menos aún investigaciones en el tema. En contraste, el respaldo que ha recibido de sectores de derecha y de izquierda ajenos a la defensa de los derechos humanos, así como su inmediata reunión, al asumir el cargo, con grupos que preconizan la violencia y la estigmatización de diversos grupos de ciudadanos, acentúan la preocupación por el futuro de una institución que, como hemos dicho, ha sido y es esencial para la defensa de la democracia en el país.
Estamos, en resumen, ante un nuevo hecho crítico para el futuro de la democracia.
