En el argot político peruano, se denomina «blindaje» a la protección ilegítima que ciertos grupos del Congreso ofrecen a sus miembros o aliados, ya sea por consigna o a manera de intercambio de favores, contra la acción de la justicia cuando esta pretende investigarlos ante serios indicios de delitos. Es una práctica que, en primer lugar, vulnera a la acción judicial y, junto con ello, el derecho a la justicia de toda la ciudadanía y de las víctimas particulares de los delitos, cuando las hay; pero, además, es una conducta que corroe a la democracia al desnaturalizar la función del Congreso y degradar su imagen, y al socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema y en nociones democráticas básicas como la igualdad ante la ley.
Esa práctica de protección ilegítima y abusiva se ha vuelto corriente en el Congreso en funciones. El caso más reciente es el informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero para sustraer a la investigación fiscal al excongresista Manuel Merino, y a dos de quienes actuaron como ministros durante su efímero gobierno, por los gravísimos hechos que se produjeron cuando las manifestaciones de noviembre de 2020: la muerte de dos ciudadanos manifestantes, y las heridas causadas a 78 ciudadanos más. Ante la denuncia constitucional planteada en su momento por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, Cavero ha recomendado el archivamiento de los casos. Los argumentos ofrecidos para ello son endebles, como lo han hecho notar diversos especialistas. Pero, además, la investigación para la elaboración del informe ha sido realizada de manera superficial e ignorando las evidencias ya acumuladas y los testimonios existentes, que apuntan hacia una responsabilidad de la fuerza pública. Se trata, pues, de un informe cuestionable en el fondo, y en sus formas y métodos expresa una intención de favorecimiento político antes que una inquietud por la verdad y por el cumplimiento de las leyes.
Dada la composición del Legislativo y todos los precedentes inmediatos, cabe temer que esta protección a Manuel Merino será aprobada y que, así, será impedida la necesaria investigación judicial. Y es que, para referirse únicamente a casos muy recientes, hay que recordar que en las últimas semanas la ciudadanía ha presenciado la misma protección extendida al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por un sector del Legislativo, que reunió los votos suficientes para impedir su inhabilitación para desempeñar funciones públicas por diez años, así como al excontralor Édgar Alarcón, a quien el Ministerio Público pretendía investigar como presunto responsable de delito contra la administración pública.
En todos esos casos las razones para investigar –y hay que precisar que autorizar una investigación no es lo mismo que declarar una culpabilidad— son bastante rotundas, por lo cual las protecciones del Congreso aparecen, una vez más, como un uso del poder para favorecer el interés privado o grupal en contra del interés público. Ese comportamiento es, como resulta obvio, un componente más de la profunda crisis de la democracia.
