El 21 de marzo se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En este año, las Naciones Unidas han planteado como tema de esta conmemoración “Voces por la acción contra el racismo”, es decir, la búsqueda de fortalecer la participación en la lucha contra la discriminación.
Cabe recordar que esta fecha fue instituida en homenaje a las 69 personas que fueron victimadas cuando participaban en una protesta contra la “ley de pases” en Sudáfrica. Esta ley, encuadrada en la política y el régimen de segregación racial conocidos como apartheid, exigía que las personas denominadas “de color” portaran una autorización para estar en zonas restringidas para la población blanca.
El problema de la segregación o de la discriminación por raza –un concepto que, por lo demás, es cuestionado por la comunidad científica—es una realidad histórica que se niega a desaparecer. Esto, a pesar de los avances en materia normativa y la generación de marcos institucionales dirigidos a combatirlo. El hecho es que todavía una significativa porción de la población mundial sigue expuesta a esa forma de maltrato, que se convierte en una negación directa de derechos humanos o en un obstáculo para ejercer otros derechos.
En el Perú las prácticas de discriminación racial se resisten a desaparecer a pesar de la constante transformación y democratización de la sociedad. Históricamente ella es principalmente (aunque no únicamente) experimentada por las poblaciones andinas y amazónicas. Y esto sucede no solo en las interacciones de la vida cotidiana signadas por el maltrato, sino también en el plano institucional, es decir, en sus relaciones con el Estado a través de servicios como educación y salud, así como también en la concepción de diversas políticas de Estado que pasan por alto la diversidad cultural del país, y también en la negligencia en la protección de derechos. Varios de los grandes problemas públicos como la violencia y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas remontan sus causas al problema general de la discriminación racial. Hoy, por ejemplo, eso es observado en la falta de garantías para líderes indígenas que defienden derechos medioambientales de sus colectividades. El reciente fallo del Tribunal Constitucional que priva a la población del derecho a la consulta previa, además de contravenir el orden constitucional del país, puede ser situado también dentro de ese contexto cultural.
Hablamos, así, de un grave problema que, aunque tiende a ser pasado por alto por estar tan entretejido en la vida cotidiana, es un asunto legal y político que demanda acciones claras de parte del Estado. La discriminación racial es, en efecto, un fenómeno de base cultural, que implica una transformación en el espacio de la sociedad y de la escuela, y es también un fenómeno institucional, que no podrá ser desterrado sin normas, políticas y la acción decidida de las autoridades.
