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Editorial 15 de junio de 2021

Nueve días después de la segunda vuelta de las elecciones todavía no tenemos un resultado oficial. En vez de ello, el país experimenta días de aguda tensión en los que incluso parece ponerse en entredicho el respeto a las reglas básicas de la democracia, entre las cuales el relevo en el poder mediante elecciones limpias, libres y competitivas es una pieza central.

El día de hoy la ONPE ha terminado de sumar los votos del 100%de las actas. El resultado es de 8,835,579 votos para Pedro Castillo y 8,791,521 para Keiko Fujimori. El ganador en este recuento es el candidato de Perú Libre con una ventaja de 44,058 votos. Sólo queda pendiente resolver los recursos de nulidad presentados ante el JNE.

La diferencia es sumamente estrecha, como lo fue la de la elección de 2016, pero se debe señalar desde ya, de manera inequívoca, que no existe mayor indicio creíble de que se haya producido un fraude en el proceso electoral. Este proceso, cabe resaltarlo, ha sido regido por normas que han estado vigentes desde años anteriores y que, por tanto, son conocidas, o deben ser conocidas, por todas las organizaciones políticas participantes, y ha sido certificado como un proceso limpio por las diversas misiones de observación electoral que estuvieron presentes, ninguna de las cuales fue objetada por los candidatos con antelación.

Así, es imperativo que se respete a las autoridades electorales y que se respete las reglas prestablecidas para el proceso. El resultado que surja de la aplicación de esas reglas debe ser acatado por los candidatos, por todas las autoridades de las diversas instancias que componen el Estado y por toda la ciudadanía.

«Es inaceptable que haya voces, incluyendo a excongresistas o parlamentarios actuales o recién electos, que difundan entre la población la idea de que este proceso puede o debe ser anulado o que cabe llamar a otras elecciones.»

Este ha sido un proceso enconado por el agudo rechazo que provocan los candidatos en amplios diversos sectores de la población –y también la intensa adhesión minoritaria de otros sectores. Pero la democracia consiste precisamente en eso: en saber aceptar el veredicto de la mayoría en lo que atañe a las elecciones de autoridades, aunque no nos resulte satisfactorio, y de respetar las reglas por las cuales se produce ese veredicto. Toda impugnación extemporánea a esas reglas no es otra cosa que un desconocimiento o un rechazo del pacto democrático más elemental.

La elección ya se dio y, como se ha dicho, solo falta resolver los pedidos de nulidad que fueron presentados de acuerdo con las reglas prestablecidas. Es inaceptable que ninguno de los candidatos se proclame vencedor antes de que exista un resultado oficial, pero también que se busque contaminar y desacreditar el proceso con alegatos de fraude, o que se procure obstruir el alcance de un resultado definitivo mediante argucias legales basadas en un retorcimiento de las reglas prexistentes.

Pero, sobre todo, es inaceptable que haya voces, incluyendo a excongresistas o parlamentarios actuales o recién electos, que difundan entre la población la idea de que este proceso puede o debe ser anulado o que cabe llamar a otras elecciones. Esas son voces antidemocráticas, pero además son voces irresponsables que desestabilizan aún más el precario escenario político peruano y que, al azuzar a la población, al sembrar entre la ciudadanía una expectativa que no tiene ningún asidero constitucional ni moral, son generadoras potenciales de violencia y de caos. Dentro de este panorama es ineludible señalar el papel que están jugando, también, muchos medios de comunicación influyentes, que propician, replican y amplifican interpretaciones sin base cuya consecuencia sólo podría ser una mayor inestabilidad y la deslegitimación del proceso electoral y su resultado.

Estas elecciones dejarán inevitablemente un sabor amargo en una de las dos mitades del electorado. Pero la solución a la aguda animadversión que hoy predomina en nuestra escena pública no es desbaratar el cauce institucional mediante maniobras de apariencia legal ni mucho menos mediante golpes de Estado. Es una profunda irresponsabilidad jugar con cualquiera de esas posibilidades. Si las distintas corrientes de opinión ciudadana en el Perú, hoy separadas por un abismo, se van a acercar alguna vez para convivir en una discrepancia civilizada, como debe suceder, eso solo puede ocurrir dentro de las reglas de juego de la democracia y del respeto a la ley y a la voluntad ciudadana.

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