Esta semana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha establecida por las Naciones Unidas es conmemorada cada 5 de junio desde el año 1974. Este año, la fecha lleva como lema distintivo Una Sola Tierra, que fue el empleado en la Conferencia de Estocolmo, en la que hace medio siglo se colocó el problema del medioambiente en la agenda de urgencias del mundo.
Desde entonces, como es evidente, la situación se ha agravado. La crisis medioambiental ha adquirido una fisonomía muy definida, la del cambio climático y del calentamiento global. A pesar de que a lo largo de las décadas se ha establecido metas y se ha intentado cultivar consensos mundiales para cumplirlas, los resultados son muy poco alentadores.
En su tercer informe sobre la crisis climática, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático advierte sobre una catástrofe en el caso de que la emisión mundial de gases de invernadero no empiece a disminuir significativamente en los próximos cinco años. Como ha sido establecido, la meta de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C implica reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030.
Las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir desde hace años en la alteración y destrucción de ecosistemas y en un incremento de desastres naturales alrededor del mundo. Eso se traduce en mayor pobreza y vulnerabilidad de enormes sectores de la población mundial, y en particular de aquellos que viven en condiciones de pobreza así como también, de una manera especial, de los pueblos indígenas cuya subsistencia está más directamente asociada con las condiciones medioambientales. Hablamos, así, de una creciente privación de derechos humanos.
Pero más allá de las condiciones y de las metas globales, una fecha como esta invita también a observar las políticas nacionales, y dentro de ello cobra especial importancia la situación de los defensores medioambientales. Como es sabido, estos defensores, que a menudo son ciudadanos líderes de pueblos indígenas, se encuentran desde hace años expuestos a diversas formas de violencia, que amenaza incluso sus vidas. Frente a eso todavía no hay una política firme y efectiva de protección. Esta, por lo demás, es una realidad no solamente peruana sino de escala regional.
Esta relativa pasividad, por lo demás, es un reflejo de una actitud general del Estado, que debe tener un papel decidido y efectivo en la ejecución de políticas de protección medio ambiental, lo cual incluye una rigurosa fiscalización del cumplimiento de normas y estándares también por los actores privados.
Esta es, pues, una fecha que invita a la inquietud y a la cautela. El horizonte es en realidad amenazante e incierto mientras los Estados no adopten seriamente el compromiso de ejecutar políticas y hacer cumplir medidas de cuidado ambiental, más allá inclusive de las metas de mitigación del calentamiento global.
