Hace dos días el Congreso ha aprobado por insistencia una ley que amplía el régimen de existencia de los comités de autodefensa, esas organizaciones de patrullaje civil rural que surgieron como grupos paramilitares durante el conflicto armado interno para enfrentar a Sendero Luminoso, y que, en ese trance, cometieron graves violaciones de derechos humanos en los territorios donde operaban.
La ley aprobada por el Congreso les otorga reconocimiento, les asigna funciones en los ámbitos del mantenimiento del orden interno y de la seguridad nacional, y de ese modo alienta implícitamente a que se multipliquen las entidades de ese tipo. Al amparo de esa norma, dichos grupos paramilitares tendrán un acceso mayor a armamento y se constituirán en una fuerza paralela a las fuerzas armadas y la policía nacional.
Así, mientras debería ser una preocupación central del Estado el extinguir todo rastro de paramilitarismo y restaurar su dominio exclusivo sobre el uso legal de la fuerza para cautelar el orden público, las diversas fuerzas presentes en el Congreso hacen exactamente lo contrario: diluir y relativizar el papel del Estado en ese rol crítico, y peor aún, si cabe, multiplicar los riesgos de violencia letal contra la población civil.
No cabe ignorar, en efecto, que el contexto en el que operan los comités de autodefensa se presta grandemente a ese peligro. Se trata de zonas de emergencia donde se desarrollan diversas actividades ilegales como el comercio ligado al narcotráfico, la minería ilegal, la explotación de madera ilegal, el contrabandol, la trata de personas y otras. Tampoco cabe pasar por alto las serias advertencias hechas por expertos y autoridades anteriores sobre los contactos entre los comités de autodefensa y dichas actividades. Adicionalmente, esta licencia a grupos armados en espacios locales donde existen intereses contrapuestos puede conducir también a la violencia dentro de las comunidades. A eso cabe sumar el enconado ambiente político de estos años, con grupos dados a la violencia en escenarios urbanos.
Por otro lado, si bien el Estado peruano ha avanzado en la aplicación de los estándares internacionales sobre uso de la fuerza pública, esa tarea no está completada todavía, y aún se producen casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional. Esta es un tema de preocupación constante y creciente, dada la existencia de conflictividad en diversas zonas en el marco de protestas socioambientales. En esta situación, la ampliación o el impulso a los comités de autodefensa aparece como una decisión irresponsable y que expone desde ya a la población civil a violaciones de derechos humanos.
Hay que recordar que esta norma fue objetada en su momento por el anterior gobierno, y que es pasando por encima de aquella observación que el Congreso ha procedido a aprobarla. No se ha oído todavía de parte del gobierno vigente una postura clara al respecto, lo cual es indispensable ante un hecho tan grave.
