El pasado 28 de agosto se ha conmemorado el decimonoveno aniversario de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como cada año, desde el año 2003, diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron para reafirmar su compromiso con los ideales de verdad y justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el pasado conflicto armado interno. Siendo eso central e inaplazable, se trata, también, de una fecha en la que cabe pensar en las lecciones del periodo de violencia que deberían haber servido para perfeccionar y consolidar el orden democrático en el Perú.
Como es evidente, nos encontramos bastante lejos de haber realizado el aprendizaje correspondiente. La realidad política de nuestros días nos habla, más bien, de una cerrada negativa a toda transformación en un sentido democrático. Por el contrario, lo que encontramos es que las autoridades políticas electas y nombradas han convertido en norma la defensa de sus intereses privados o de grupo a costa de las necesidades de la población. La política se ha convertido en un simple juego de conveniencias sin ningún horizonte de interés público. El Congreso protege sin mayor disimulo a sus miembros contra toda acción de la justicia ante presuntos delitos o faltas. El gobierno convierte a las instituciones estatales en escudos contra la investigación fiscal y continúa capturando el Estado con criterio sectario mediante nombramientos de personas sin mayor calificación e incluso con un pasado judicial cuestionable.
En este panorama la protección de los derechos humanos ha quedado olvidada o se encuentra amenazada por la hostilidad del gobierno y del Congreso, conjuntamente. Los derechos asociados al género o la orientación sexual son el principal blanco de esa hostilidad. Pero también se encuentran abandonados otros derechos fundamentales. La confluencia entre Legislativo y Ejecutivo en contra del Acuerdo de Escazú es un emblema de ello. Y, desde luego, en ese panorama, tampoco hay avances significativos en las ya muy retardadas políticas de atención a las víctimas de la violencia. Dentro de todo eso, el abandono de acciones estatales para la promoción de la memoria aparece como una consecuencia inevitable. Si de un lado hay una negativa a aceptar las responsabilidades del Estado, del otro lado hay también poco interés en recordar las graves responsabilidades de Sendero Luminoso. En el medio siguen las víctimas con sus expectativas siempre defraudadas y buscando construir sus propios caminos de la mano de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El próximo año se cumplirán dos décadas de este esfuerzo de recuperación de la verdad y la memoria por parte de la CVR. Es difícil imaginar el día de hoy que dicho aniversario encuentre a la democracia peruana en mejor situación que la presente. Sin embargo, podría pensarse en que aquel aniversario puede ser –debería ser – una motivación para que la sociedad peruana se movilice para lograr, precisamente, un saneamiento de nuestra democracia. Esta, ya está visto, solo podrá ser recuperada mediante la movilización ciudadana. El futuro aniversario vigésimo del informe final de la CVR podría ser uno de los focos de ese movimiento de recuperación moral y política para el país.
