Foto: Alponiente.
Esta semana la democracia peruana podría sufrir otro atentado –uno más—a manos del Congreso de la República. La amenaza consiste esta vez en la llamada “ley mordaza”, una ley que modifica el Código Penal para elevar hasta a cuatro años de cárcel las penas para los delitos de difamación y calumnia.
Esta medida legislativa expresa evidentemente una intención de limitar la libertad de prensa ahora que, en medio de un proceso de demolición institucional, el periodismo ha quedado como uno de los últimos reductos para la defensa de la democracia. Sus constantes denuncias sobre las decisiones autoritarias del Legislativo y sobre actos de corrupción y aprovechamiento del cargo por congresistas constituyen el contexto explicativo de esta amenaza. No es un dato menor que entre los que apoyan con más decisión esta medida se cuenten, precisamente, congresistas cuyas acciones antiéticas o francamente ilícitas han sido expuestas por la prensa.
El proyecto de ley fue aprobado por 68 congresistas en una primera votación. Este jueves se realizará la segunda y definitiva votación. El resultado no es seguro. Algunos de quienes apoyaron la ley inicialmente han expresado en los últimos días que podrían cambiar su voto. Otros se reafirman en la intención de reprimir el ejercicio del periodismo.
Diversas organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa Peruana, han explicado ampliamente los peligros que acarrea esa ley. Se ha resaltado, por lo demás, que, en esto, al igual que en varios otros temas, el Perú iría a contracorriente de las tendencias del mundo democrático. En este dominio, en particular, la tendencia es a eliminar las penas de cárcel para estos delitos y fortalecer, más bien, las de contenido civil, como las multas. No se trata, obviamente, de dejar desprotegidas a las personas, incluidos los políticos, contra la difamación y la calumnia. Se busca, más bien, asegurar que esa protección sea efectiva sin que se convierta en una amenaza contra el ejercicio de la prensa cuando cumple su deber de investigar, criticar y denunciar las faltas y abusos del poder establecido.
Este papel de la prensa es necesario hoy más que nunca no solamente por la endémica corrupción enraizada en la política, sino también por los abusos contra derechos humanos que ha cometido el Estado durante las protestas iniciadas en el pasado diciembre. Hay que recordar a este respecto lo que acaba de señalar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su crítico informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú: “(l)a CIDH resalta que, en contextos de protesta social, la prensa juega un rol importante en la prevención, el monitoreo y el control social sobre la organización, convocatoria y ejercicio de las manifestaciones, como así también la rendición de cuentas sobre las respuestas estatales y el accionar de las fuerzas de seguridad” (p. 93). Además, entre sus conclusiones y recomendaciones señala la necesidad de “(r)evisar y actualizar los protocolos de protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, detenciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo; así como cesar acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación” (conclusión 34) y de “(r)ealizar campañas y otras medidas de incidencia en la cultura institucional sobre el deber de las y los funcionarios de abstenerse de estigmatizar y obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como también la importancia de que reconozcan públicamente el rol de su labor en contextos de protestas sociales” (conclusión # 35).
En resumen, es precisamente cuando el país necesita más y más fuertes garantías para el libre ejercicio del periodismo que el Congreso levanta esta amenaza. No estamos ante una coincidencia, obviamente, sino ante una relación lógica, aunque perversa. Cuando el autoritarismo busca ocuparlo todo, necesita cerrar toda fuente de examen y exposición crítica de sus acciones y sus abusos.
Hay que señalar, por último, que, si bien esta tentativa autoritaria tiene nombres reconocibles aquí y ahora, también forma parte de una hostilidad a la libertad de prensa que viene de atrás. Hoy enfrentamos una iniciativa de reprimir al periodismo planteada por Perú Libre, pero apoyada con entusiasmo por el extremismo de derecha (si es que cabe hablar de tendencias ideológicas cuando lo que prevalece son motivos asociados a la corrupción). Hace menos de un año el gobierno de Pedro Castillo hizo el mismo intento al proponer una ley que impusiera penas de hasta tres años de cárcel a quien propalara «información reservada» sobre procesos penales. Antes de eso estuvo la ley que prohibía al Estado publicar anuncios en medios de comunicación privados y que limitaba la publicidad estatal a los medios estatales (conocida como “ley Múlder”). Todas han sido iniciativas con evidente interés político; todas han sido intentos de amordazar al periodismo; todas son evidencias de que hoy la democracia peruana está bajo ataque desde todos los ángulos del espacio político. Si va a sobrevivir, eso será posible, precisamente, solo bajo la condición de que se preserve la libertad de informar y de fiscalizar y criticar al poder.
