Fuente: Radio JGM.
Con el paso de las semanas el gobierno y el Congreso parecen convencerse de dos cosas. Una de ellas es que la cuestión del adelanto de elecciones tiende a desdibujarse y que, incluso, está abierta la posibilidad de ocupar sus cargos hasta el año 2026. La otra es que la inaceptable muerte de decenas de ciudadanos en el marco de las protestas iniciadas en diciembre pasado puede quedar como una anécdota más –escandalosa, pero no definitoria– en la accidentada vida política del país.
Si el resultado posible de la primera cuestión es materia para el análisis político, la segunda implica un craso error de evaluación. El hecho es que se han perdido decenas de vidas (para no mencionar a los centenares de heridos), que eso ha sido en muchos casos resultado de un empleo ilegal y abusivo de la fuerza pública, y que la demanda de rendición de cuentas será, en el futuro previsible, un punto ineludible de la agenda judicial y de la agenda sociopolítica del país.
Si la expresión interna de esa demanda no impresiona hoy al gobierno y al Congreso, sí deberían reparar en que el Perú está hoy en la mira del mundo democrático por el uso letal de la fuerza desplegado frente a las protestas. Como se ha dicho repetidamente en este espacio, el hecho de que dichas protestas también hayan implicado violencia y delitos, no mitiga las responsabilidades del Estado por sus propios actos. La atención internacional referida se ha hecho notoria en estos días por un documentado reportaje del diario estadounidense The New York Times –uno de los más influyentes en el mundo—sobre el uso letal de la fuerza por parte de los agentes del Estado peruano, y también por una mención al “problema de impunidad” en el Perú en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto se suma a diversas manifestaciones previas realizadas, entre otras entidades, por la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas.
Esas no han sido ni serán las únicas expresiones de preocupación y demanda de esclarecimiento que vendrán del exterior. Y será obligatorio que el Estado peruano ofrezca respuestas, las que no podrán acantonarse en las tesis conspirativas y en las acusaciones de subversión que el gobierno y el Congreso propalan para consumo interno.
Más allá de la cuestión penal, está también el asunto del estatus democrático del Perú. Como se comenta en una nota en esta edición de nuestro boletín, las respuestas del Estado a las protestas y la impunidad sobreviniente ya abren preguntas sobre el estancamiento o la franca regresión del Estado democrático de Derecho en nuestro país. Está claro que la obligación de rendición de cuentas por el Estado peruano es en primer lugar un deber ante las víctimas y ante la ciudadanía peruana en general. Pero tampoco cabe desconocer el profundo deterioro de la posición del país en la comunidad internacional, a la que será inevitable dar respuestas serias.
