Foto: Trome
El atroz caso de secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo reintroduce en el debate público el problema de la violencia sexual y la pregunta sobre cómo responder a esa tendencia criminal. Se trata de delitos que indignan a la sociedad de una manera particular, sobre todo cuando las víctimas son, como esta vez, menores de edad. Pero también se trata de casos que generan olas de atención pasajeras, después de las cuales es poco lo que resulta como acción estatal efectiva y sostenida.
La respuesta que está dando el gobierno a este hecho –la propuesta de castración química a ciertos tipos de violadores sexuales– es ilustrativa de su forma de proceder hasta el momento. Pero no es una práctica exclusivamente suya. Hemos visto repetirse este tipo de respuestas a lo largo de las dos últimas décadas y en distintos gobiernos.
Se trata, en primer lugar, de respuestas solamente reactivas y dirigidas a sintonizar con la onda de indignación popular antes que a plantear una política pública destinada a perdurar y a resolver o mitigar el problema. En ese sentido se puede hablar de una forma de populismo. En este caso, el Presidente de la República apela a cierto “clamor popular” como sustento social de la propuesta. (Cabe recordar, por otro lado, que un pedido constante de cierto sector de la población frente a este delito, así como frente a otros, es la pena de muerte, lo cual no significa, evidentemente, que ello sea una justificación para reintroducirla en el ordenamiento jurídico nacional ni que sea una respuesta efectiva a los delitos en cuestión).
En segundo lugar, este tipo de respuestas suele pasar por alto los diversos problemas legales e incluso constitucionales implicados en su aprobación y en su ejecución. Se encuentra, así, una desaprensión frente al orden jurídico de parte de autoridades cuyo mandato es, precisamente, defender ese orden. O, en algunos casos, son propuestas que no se tiene la intención de poner en práctica realmente. Serían únicamente gestos para el consumo público y destinados a quedar en eso dada su imposibilidad jurídica.
Un tercer elemento es la ausencia de sustentación científica o técnica para propuestas de este género. Muchas veces, lo más lejos que se llega es hasta decir que se trata de mecanismos aplicados en otros países. Pero rara vez se presenta una sustentación que diga cuál es exactamente el problema que se trata de enfrentar, de qué manera la medida sugerida ataca al problema con efectividad, por qué es que otras medidas ya existentes no han sido efectivas y cuán sostenible es para el Estado, desde el punto de vista del empleo eficiente de recursos, adoptar ese camino. En suma, la perspectiva técnica y de política pública suele estar tan ausente como el análisis jurídico.
En el caso presente, por ejemplo, se observa una propuesta que puede parecer muy severa, pero cuya posible efectividad no ha sido explicada. Y ello en detrimento de políticas indispensables de prevención, como debería serlo la inclusión decidida del enfoque de género en la educación y en diversas áreas del funcionamiento estatal, y la adecuación y mejoramiento de los servicios para quienes han sido víctimas de delitos de violencia sexual. Las políticas con enfoque de género en educación, salud y muchas otras áreas no son una prioridad del gobierno.
Se trata, como hemos dicho, de un tipo de respuestas que trascienden a la actual presidencia y que documentan la carencia de una perspectiva de política pública a ciertos problemas y una preferencia por golpes de efecto sin mayor destino. Ello forma también parte de la crisis política a la que nos estamos enfrentando.
