Por Juan Takehara (*)
Entre el 17 y 20 de mayo el Ministerio Público hizo entrega de los restos de 37 de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca, una terrible matanza perpetrada en 1985 por una patrulla del Ejército peruano. Conversamos con Carlos Rivera, abogado de varios de los familiares, sobre la importancia de este acontecimiento.
¿Qué es lo que destacaría durante la ceremonia de entrega de restos a los familiares de la masacre de Accomarca?
Creo que la entrega de los restos ha sido un hecho histórico, pero a la vez un suceso muy conmovedor para el conjunto de pobladores de Accomarca, un pueblito pequeño donde casi todos los que viven ahí tienen víctimas del periodo de violencia. Esto es algo que debemos analizar: la dimensión del daño que causó ese crimen en 1985. Pero a pesar de que ha sido un hecho doloroso también ha sido un hecho reparador. La justicia repara, es un dato que normalmente decimos y en Accomarca lo hemos visto de una manera muy concreta. Es una mezcla de sentimiento de los accomarquinos, de exigencia de justicia, pero también es un sentimiento de esperanza. Después de mucho tiempo han tenido la oportunidad de enterrar a sus hijos, esposas, padres y madres. Es por ello que el día de la ceremonia fue más bien un evento de celebración de todo el pueblo sabiendo que este es el resultado de un esfuerzo sobrehumano de casi cuatro décadas.
Estuvo presente el primer ministro junto con autoridades de primer nivel. ¿Cree que existe un real interés desde el actual gobierno por acelerar las reparaciones?
En realidad, la presencia del Estado fue hasta cierto punto abrumadora en esa ceremonia. Estuvieron presentes el primer ministro Aníbal Torres y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y un conjunto de autoridades regionales y locales. Si bien es cierto que la asistencia del primer ministro fue un hecho relevante, tengo la impresión de que eso no significa que este gobierno está definiendo una política de Estado en el proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia. Parece más bien que lo que llevó al primer ministro a Accomarca es la dimensión e importancia del crimen y probablemente la necesidad de buscar contacto con parte de la población en un tema particularmente sensible y que cuestiona la respuesta de los anteriores gobiernos, sobre los cuales normalmente suelen ser muy críticos. Lamentablemente, estoy convencido que esto no significa un cambio importante en las prioridades del gobierno. Esto fue simplemente un hecho político y luego parece que volvemos a la normalidad. Una normalidad que da cuenta de una desorientación del gobierno en una materia tan relevante como el proceso de reparaciones y justicia de los crímenes del conflicto armado.
Tuvo además una gran cobertura en medios, en especial de prensa extranjera. ¿Observa un desinterés en medios locales en cubrir estos acontecimientos?
Coincidido con que hubo más medios extranjeros, mucho más interesados e informados. No solo estaban presentes por la asistencia del premier sino porque deseaban cubrir en su agenda un hecho histórico, que es la parte importante en un proceso de reparación. En general los medios locales están muy distantes, aislados o desinteresados por cubrir una agenda que consideran quizá desactualizada. Creo que desde hace mucho tiempo viven alertas y pendientes de esta suerte de guerra de pandillas que parece ser la política peruana y la cobertura de un tema como el caso Accomarca no significa que comenzarán a informar con mayor rigor sobre eventos de esta naturaleza.
«El caso Accomarca es un hecho histórico porque fueron llevados a juicio toda la cúpula militar, desde el comandante general de la segunda división de infantería hasta el último soldado que participó en el crimen».
Sobre la excesiva brutalidad de las muertes, se suele decir que en 1985 el gobierno no disponía de una estrategia real contra el terrorismo, lo que permitió escenarios como los de Accomarca.
A pesar de que la masacre de Accomarca es uno de los hechos más brutales y más horrendos, y que debe ser calificado como crimen contra la humanidad, lamentablemente no es el único caso. Hay varios casos antes y después de Accomarca. El caso Los Cabitos 83-84, Putis 84, Pucayacu 84-84, la matanza del Frontón, Cayara, etc. Es decir, lo que vimos fue la práctica, la dinámica de la respuesta más contundente que buscaron las Fuerzas Armadas para supuestamente derrotar al terrorismo, una estrategia absolutamente equivocada no por desconocer al enemigo que estaban enfrentando pues ahora hay documentos y análisis que dan cuenta de que el Ejército ya hacia mediados de los años ochenta conocían bastante bien a Sendero Luminoso. Por ello, desde ese punto de vista, se agrava la respuesta, lo que se conoció como la estrategia de tierra arrasada, de sospechar de todos y que esa sospecha sea llevada a un plan de operaciones de carácter militar para eliminar a la población. Este me parece que es el dato más horrendo y trágico de la política contrasubversiva de esos años. Lamentablemente, hay demasiados casos de esos años que tienen las mismas características y que muestran que hubo políticas institucionales destinadas a supuestamente alcanzar el objetivo de anular la subversión tras la eliminación física de un conjunto de personas que se suponía tenían algún tipo de vínculo con miembros, principalmente de Sendero Luminoso.
Aunque Telmo Hurtado ha sido el rostro visible en este caso, todavía siguen prófugos varios autores mediatos.
Sin duda Telmo Hurtado es la cara de este caso, siendo la persona que ha resumido el horror que se perpetró en Accomarca, pero justamente creo que una de las contribuciones fundamentales del caso, del proceso judicial y del juicio oral fue aportar un hecho simplemente histórico: Hurtado es una pieza fundamental, sí, pero es solo una pieza del crimen perpetrado el 14 de agosto de 1985. Hay personajes mucho más importantes que Hurtado y el juicio ayudó a develar esas circunstancias. La presencia, las órdenes, el proceso de planificación y organización del crimen, que va desde la cabeza de la segunda división de infantería del ejército en Ayacucho con el comandante general, y el general Wilfredo Mori Orzo; el proceso de preparación del crimen y de planificación del crimen en el Estado Mayor encabezado por el coronel Nelson González Feria. Esos personajes terminaron siendo en el juicio mucho más importantes que Hurtado, quien fue un ejecutor como Juan Rivera y como otros perpetradores. Probablemente Hurtado o Rivera pudieron ser reemplazados sin ningún problema por otros oficiales jóvenes que estaban destacados en el Ayacucho. La historia del crimen no hubiera sido diferente. Entre los casos de violaciones a los derechos humanos el caso Accomarca es un hecho histórico porque fueron llevados a juicio toda la cúpula militar, desde el comandante general de la segunda división de infantería hasta el último soldado que participó en el crimen. En ningún otro caso existe una relación de los que emiten las órdenes, los que planifican, los que ejecutan entren a la lista de los acusados y luego la lista de los condenados.
¿Por qué no se acelera la ubicación y captura de los personajes nombrados?
Mi impresión es que el interés de los sucesivos gobiernos, luego de la presentación del informe de la CVR, en concluir esta etapa de violencia declinó significativamente. Recordemos, por ejemplo, el gobierno del presidente García, que inició su gestión pretendiendo provocar una suerte de sutil amnistía con el famoso decreto 1097. Los gobiernos han estado muy preocupados en no dar información a la Fiscalía o al Poder Judicial, en no facilitar mecanismos de defensa a las víctimas frente a sus perpetradores y obviamente eso tiene un impacto relevante. A pesar de eso se ha alcanzado algunos objetivos importantes, sobre todo en materia de justicia. Hay cerca de 100 sentencias emitidas en lo que ahora es la Corte Penal Nacional Especializada – antes era la Sala Penal Nacional – que muestran justamente que el proceso de justicia, a pesar de todas las dificultades, viene alcanzado algunos hitos substanciales en nuestro país.
(*) Miembro del Área de Comunicaciones.
