05/11/2015

"En la negociación del gobierno colombiano con las FARC, las víctimas están en el centro desde el inicio"

IMG_4339Esta semana, el doctor Rodrigo Uprimny, experto en temas de derechos humanos, brindó dos clases magistrales en la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP sobre la justicia transicional en Colombia, tema de particular vigencia en dicho país, debido a las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que comprenden mecanismos de este tipo para abordar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto colombiano.

José Alejandro Godoy dialogó con el abogado colombiano sobre algunos de los temas más complejos vinculados al legado del conflicto armado interno en nuestro vecino del norte.

Verdad, justicia y reparación son tres componentes que aparecen como parte de la ecuación básica de todo proceso de justicia transicional. ¿Cómo se vienen conjugando en Colombia?

Colombia es un caso atípico. Las políticas sobre justicia transicional comenzaron hace 10 años cuando el conflicto armado aún estaba vigente, a partir de la desmovilización de los grupos paramilitares. Existía la idea que cualquier proceso de negociación a la paz tenía que respetar los derechos de las víctimas. En un país donde habían iniciativas de la sociedad civil para hacer memoria y esclarecer lo ocurrido, se llega a un proceso que se da en varias etapas. Se han ido adoptando medidas poco a poco.

¿Qué es lo que se ha logrado hacer en el campo del esclarecimiento de la verdad?

En el tema de verdad se han conjugado distintas iniciativas de esfuerzos de recuperación de la memoria. Desde la sociedad civil, se tenían varias iniciativas, entre ellas, el proyecto Nunca Más, gracias al cual se generaron bases de datos que documentaban los muertos y desaparecidos. Desde el Estado, la Corte Suprema de Justicia estableció una comisión para esclarecer la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, así como la creación del Grupo de Memoria Histórica para investigar los orígenes e impacto del conflicto. Este último grupo emitió un informe denominado Basta Ya. En el ámbito de las negociaciones de paz con las FARC, se tuvo una comisión de académicos que, a partir de la documentación existente, trató de hacer un informe sobre los orígenes del proceso de violencia y, ante la falta de consenso para un texto conjunto, cada uno de ellos emitió su propio documento.

Y se acaba de acordar en La Habana una comisión de la verdad.

En efecto. Junto a estas iniciativas extrajudiciales hay también una importante actividad de esclarecimiento judicial. En Colombia tenemos un sistema de justicia independiente. A partir de la Ley de Justicia y Paz, se apostó por la verdad a cambio de la reducción de la punición, para que los paramilitares pudieran contar su versión de los hechos y, a partir de una evaluación posterior de los jueces, pudieran hacerse acreedores de las penas alternativas. Hay un acumulado histórico de esclarecimiento. Hay una cantidad de verdad en varios campos, pero faltan aclarar ciertos campos sobre lo ocurrido durante el conflicto, como los temas de violencia sexual o la cometida por agentes del Estado, así como un esfuerzo por articular todos los hechos en forma global.

¿La comisión de la verdad que se ha planteado en el marco de las conversaciones de paz en La Habana ayudaría a tocar estos temas aún invisibilizados?

Esperaríamos que sí. Se ha planteado una comisión de la verdad bastante robusta. Se ha planteado un mecanismo de selección bastante complejo a partir de un comité. Las FARC y el gobierno entendieron que si nombraban directamente a los comisionados se podía caer en un déficit de legitimidad. Por ello, se estableció un proceso en el que ambas partes designan a personas intachables, quienes a su vez nombran a un tercio de personalidades para generar – conjuntamente con los nombrados por ambas entidades – un comité de selección de los comisionados. Hay otros aspectos por aclarar en el mandato de la comisión, como la posibilidad de ingresar a archivos de seguridad. Se esperaría en principio que ello se produzca. La contrapartida, en términos de justicia, es un procedimiento a partir del cual los victimarios brinden su versión de los hechos a cambio de cierta reducción de pena.

En esa medida, una comisión de la verdad trata de sensibilizar respecto de lo ocurrido. ¿Está dentro de lo planeado que el grupo de trabajo que se formará luego de los acuerdos de paz pueda realizar audiencias públicas, al igual que sus pares de Perú y Sudáfrica, para visibilizar más este periodo?

Está contemplado. Si bien por la magnitud del conflicto armado no se podría cubrir todo, tendría la posibilidad de realizar audiencias temáticas, regionales y nacionales para dar mayor visibilidad.

IMG_4349Usted mencionaba, hace algunos minutos, la Ley de Justicia y Paz, dictada para la desmovilización de los paramilitares y que fuera examinada por la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué balance se puede hacer en torno a esta norma, considerando que parte del modelo de desmovilización de las FARC contemplará el principio de canje de verdad por reducción de pena, contemplado en dicha disposición?

El balance de la Ley de Justicia y Paz es difícil, porque no es blanco y negro. Avanzó bastante en el campo de la verdad. A través de las versiones libres, se lograron esclarecer hechos y dinámicas sobre las alianzas entre los paramilitares con miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios. También se pudo establecer como operaban escuadrones de la muerte en Urabá en forma bastante precisa. Se recuperaron cuerpos y se estableció el paradero de los desaparecidos. Ojo, se trata de una verdad desde la boca de los victimarios.

¿Qué ocurrió en la aplicación de la justicia a partir de la norma antes mencionada?

Aquí el balance es más problemático. En primer lugar, no se racionalizó el trabajo judicial. Se quiso procesar a todos los eventuales responsables de crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, se buscó una verdad jurisdiccional casi completa y el resultado es que, luego de 8 años de aplicación de la norma, las sentencias son escasas en relación con la cantidad de personas que se quiso procesar. Se condenaron a personajes de bajo nivel en las organizaciones paramilitares y solo después se empezaron los juicios a los grandes líderes. Al no priorizarse bien los casos y tratar de extraerse toda la verdad, los procesos se hicieron lentos. Un tercer factor que influye fue la extradición de algunos jefes a Estados Unidos por el narcotráfico, lo que imposibilitó su juzgamiento en Colombia, así como contribuciones a la verdad mucho más débiles. Sus versiones son más difíciles de contrastar.

Se trata de un proceso de verificación más costoso.

En efecto. Por ello, al hablar de la Ley de Justicia y Paz, se tiene un balance mixto. Pero se logró acentar un principio que ha sido aceptado dentro de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC: no se debería permitir amnistías sobre crímenes internacionales. Se trata de un elemento complejo de debate.

Cuando pude revisar algunos textos sobre el conflicto colombiano, hace varios años se planteaba que una de las posibilidades mayores era la amnistía. Sin embargo, a partir de la sentencia Barrios Altos vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una línea jurisprudencial destinada a prohibir las amnistías para determinados crímenes internacionales de especial gravedad. ¿Cómo va a compatibilizar Colombia esta exigencia internacional con su tradición de amnistiar para cerrar conflictos internos?

Se trata de un tema complejo que ha generado muchos debates en la negociación con la guerrilla por varias razones. Inicialmente, las FARC eran reacias a aceptar cualquier responsabilidad sobre crímenes que sus miembros habían cometido. Ellos se consideraban como víctimas antes que victimarios, porque argumentaban que habían nacido como reacción a la violencia del Estado, que habían ejercido el derecho a la rebelión y que ello englobaba cualquier exceso, por lo que debía aplicárseles la amnistía, que está en la tradición jurídica colombiana. Además, estimaban que el derecho internacional no los vinculaba. Ahora han tenido que reconocer que el movimiento de víctimas en Colombia es bastante fuerte y está ligado a la izquierda, por lo que no podían alienar a dicho sector de ciudadadanos. Posteriormente, han reconocido varios de los crímenes cometidos y, sobre todo, que requerían una fórmula jurídica que asegurará la continuidad de las negociaciones. Su fórmula jurídica posterior fue invocar el derecho a la paz para ejercer un margen de apreciación amplio y, con ello, seguir con la posibilidad de una amnistía.

A partir de varios debates, las FARC han cambiado de postura. Hoy su posición es más razonable: el derecho internacional es el marco de las negociaciones y debe haber una amnistía amplia por los delitos políticos para reincoporarse a la vida partidaria. Este último tema ya fue aceptado por el gobierno, siempre que existiera algún mecanismo de rendición de cuentas sobre crímenes de lesa humanidad. Las guerrillas también reconocieron que uno de los ejes era que los derechos de las víctimas están en el centro de la negociación.

Rodrigo Uprimmy¿Cómo sería esta rendición de cuentas sobre crímenes graves?

Un primer tema a dilucidar es si se procesa a todos o no. La priorización y selección implica un debate fuerte en Colombia, sobre todo en lo que se refiere a casos que puedan englobar cuestiones emblemáticas. Un segundo elemento es el tipo de sanciones: cárcel o restaurativas. Estas últimas son las preferidas por las FARC. Este último tema aún no está zanjado. En el comunicado que salió hace un mes, existe ambigüedad sobre el tema, pues existe cierta restricción de la libertad, pero se le da un propósito restaurativo.

Incluso aún existe el debate sobre donde cumplirían estas penas de cárcel.

En efecto. Todo esto, en el marco de un proceso donde hay personas que se desmovilizan. Otro elemento importante era que el modelo sea de cierre global, abarcando también a agentes del Estado. Se busca la articulación con políticas de verdad y reparación, que pasa por una jurisdicción especial, a diferencia de la Ley de Justicia y Paz. Se tendrían penas alternativas que están por precisar ante la opinión pública.

¿Cuáles son las principales necesidades de las víctimas y sus familiares?

Desde el proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha vivido un proceso de empoderamiento de las víctimas y de reconocimiento sobre su centralidad en el debate colombiano. Han surgido o se han consolidado las organizaciones de víctimas. En el proceso con los paramilitares, inicialmente no estaban en el centro, pero la presión de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos hizo que entraran y se consolidaran. En la negociación del gobierno colombiano con las FARC, las víctimas están en el centro desde el inicio y, por ello, se permitió cierta participación en el proceso. Hay posiciones diferenciadas entre ellas, sobre todo en lo que se refiere al tema de la justicia. Se tuvo dos mecanismos de participación formal. De un lado, cinco foros coordinados por la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas con víctimas del Estado, los paramilitares y las FARC, quienes plantearon propuestas que se llevaron a La Habana. De otro lado, una delegación de 60 víctimas que fueron a la negociación, escogidas por la Universidad Nacional, la ONU y la Iglesia Católica. Se buscó en la selección – en la que tuve alguna participación – representatividad a los distintos sectores, victimarios, tipos de crimen y regiones comprendidas, con un equilibrio étnico y de género.

El alto número de desaparecidos en conflictos armados internos es un problema que deben afrontar tanto Perú como Colombia. Normalmente, cuando se busca a las personas que se consideran desaparecidas, ello viene de la mano con un proceso judicial. Sin embargo, no en todos los casos se podrá llegar a un juicio y los familiares de las víctimas quieren recuperar los restos. ¿Se contempla algún tipo de procedimiento de búsqueda extrajudicial para estos casos?

Se trata de un tema crucial. Ya existe un acuerdo entre las FARC y el gobierno para crear un mecanismo extrajudicial de búsqueda, tanto de los desaparecidos forzosamente como de todas las personas declaradas como desaparecidas, para incluir a personas que están perdidas, como personas muertas en combate o reclutados forzadamente. Se trata de un mecanismo que tiene tanto efectos inmediatos como con posterioridad a la suscripción del acuerdo de paz. En lo inmediato, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Instituto de Medicina Legal, el gobierno se comprometió a acelerar el proceso de búsqueda de personas y sitios de entierro, mientras que las FARC asumió el compromiso de dar información sobre personas que murieron bajo su custodia. Posteriormente, se creará una unidad especializada extrajudicial cuyo cometido sea esclarecer la suerte de los desaparecidos, buscar los restos y, hasta donde sea posible, encontrarlos y entregalos a sus familiares. Se trata de un paso importante para disminuir la incertidumbre y dolor de las familias de los desaparecidos. Se habla de más de 35,000 desaparecidos forzosos.

Concluyo con una preocupación final sobre el proceso. ¿Cómo se abordará el impacto diferenciado de la violencia entre hombres y mujeres – así como frente a ciudadanos LGTB – durante el conflicto colombiano?

En teoría, este aspecto está muy claro. La experiencia de la comisión de la verdad peruana, que incorporó una perspectiva de género, fue importante para tomar conciencia sobre ello. En todos los acuerdos que tienen que ver con justicia transicional, el tema de los enfoques diferenciales está claro, tanto en la composición de la comisión y el mecanismo judicial especial, como en su trabajo. Si bien se reconoce el impacto diferenciado sobre género y orientación sexual, el paso siguiente es ver como se va a materializar. En las negociaciones, la dimensión de género es muy pobre. Si se ve la foto de la firma del acuerdo sobre justicia transicional, no hay una sola mujer.

(05.11.2015)

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