Por Isabel Jave (*)
Conversamos con Valeria Reyes, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en Estudios Avanzados sobre Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho y coordinadora del área académica y de investigación de IDEHPUCP, sobre el desempeño del Perú en su reciente Examen Periódico Universal (EPU). Entre las 70 recomendaciones iniciales que recibió el Estado peruano resaltan las referidas a los derechos de la mujer, personas LGBTI, pueblos indígenas, uso de la fuerza y población migrante.
¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)?
Es una evaluación integral que pasan los Estados que integran el sistema de Naciones Unidas y es periódica, pues se da aproximadamente cada cuatro años y medio. Esta consiste en un examen entre pares quienes analizan el nivel de implementación y cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en materia de Derechos Humanos por los Estados miembros de Naciones Unidas. Es así que se evalúa cómo el Estado viene cumpliendo sus obligaciones en materia de género, derechos de los niños, pueblos indígenas, luchan contra la trata de personas, contra las graves violaciones a los derechos humanos, etcétera.
En este sentido, los Estados van a entrar en un diálogo dinámico abierto para llegar, luego, a una serie de recomendaciones en distintas temáticas que puedan ser implementadas y monitoreadas por el Estado sujeto a evaluación. Este es un examen particular porque tiene siempre un tono bastante positivo al ser una evaluación que se da entre pares. No hay una lógica como se le conoce en inglés de naming and shaming (nombrar y acusar), sino más bien de socializar buenas prácticas, asistencia técnica, asistencia económica y financiera. Entonces, uno va a observar que las recomendaciones no suelen ser con el todo acusativo como: “el país es responsable por violación de Derechos Humanos”. Sino que las recomendaciones suelen ser, por ejemplo: “el país debería adoptar acciones inmediatas para garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad”. Siempre serán de tono más propositivo, más de construir, más de tender puentes.
¿Por qué es importante el examen EPU para los Estados?
El examen periódico universal es uno de los mecanismos más novedosos e integrales que tiene el sistema de Naciones Unidas a la fecha. Estamos iniciando el cuarto ciclo del examen. Esto quiere decir que todos los Estados que integran el sistema, los 193 Estados, han sido evaluados, al menos, en tres oportunidades y varios de ellos ya en cuatro oportunidades, como es el caso del Estado peruano. Entonces, queda claro que no es un examen político e involucra siempre una etapa de seguimiento.
En el caso del Perú, que está atravesando su cuarta evaluación, este periodo permite ver cómo ha cumplido el Estado peruano las recomendaciones que recibió en el examen del tercer ciclo que lo atravesó en el 2017, del segundo ciclo que fue en el año 2012 y del primero en el 2008. Permite la rendición de cuentas, también, porque el Estado debe responder por el cumplimiento de las recomendaciones que aceptó y asumir compromisos para los próximos cuatro años y medio. Otro punto para resaltar es que no está condicionado a que exista una situación de crisis o a que se desate una situación particular que amerite que el Estado tenga que brindar respuestas. Asimismo, en este proceso de rendición de cuentas, el Estado asume nuevas obligaciones y escucha, también, a organizaciones de la sociedad civil y plantea una ruta clara para la mejor protección de los derechos humanos.
¿Cómo ha sido la participación del Perú en EPU?
Como el Perú pasó su tercer examen periódico universal en el año 2017, le hubiese tocado pasarlo nuevamente en el 2022; pero por la pandemia se han dado una serie de retrasos que han llevado a que recién lo pasemos nuevamente en enero de este año. En esta etapa, lo que conocemos es la intervención que ha tenido el Estado al brindar la información respecto a en qué medida ha podido cumplir con las recomendaciones que aceptó. Lo interesante, también, es que nos permite no solo quedarnos con la versión del Estado; sino que es un examen que se alimenta de información que brindan organizaciones de la sociedad civil y de información que brindan agencias de Naciones Unidas que están en el terreno. Entonces, es una narrativa tripartita que se construye no solamente por los dichos del Estado evaluado y plantean nuevas recomendaciones en el diálogo que ha tenido lugar del grupo de trabajo la semana del 25 de enero.
Con el resumen general realizado por el Estado peruano, los Estados miembros han planteado de manera inicial algunas recomendaciones las cuales serán aprobadas junto a otras que se puedan presentar en los próximos días. Estas saldrán en un informe de recomendaciones finales que el Estado tendrá que aceptar o tomar nota. Esta evaluación no permite rechazar recomendaciones, sino solamente anotar aquellas que quizás pueden ser un poco más difíciles de observar para el Estado bajo evaluación en este diálogo.
¿Cuáles han sido las recomendaciones más relevantes para el Perú?
El Estado peruano ha recibido alrededor de 70 recomendaciones en una variedad de temas. Personalmente creo que el que más ha destacado es el tema de género en relación con el derecho de las mujeres y derechos de las personas LGBTI. También ha tenido muchísimo protagonismo los derechos de los pueblos indígenas. Como era de esperarse, también recibió el Estado peruano recomendaciones respecto de la crisis que actualmente enfrentamos. Transmitieron sus recomendaciones para poner límites al uso de la fuerza, garantizar el acceso a la justicia, apertura de un diálogo con las personas que se manifiestan, respetar el derecho a la protesta, entre otros. Como novedad para este examen, se recomendó el proteger el derecho o los derechos de las personas migrantes que es un tema que no tenía tanto protagonismo en el EPU del 2017, pero que, dada la coyuntura del Perú como país de destino de personas migrantes cada vez más importante en la región, ha dado lugar sin duda a que recomendaciones en esta temática empiecen a cobrar mayor relevancia.
En ese sentido, es bastante posible que, mirando un poco las temáticas donde se ha dado, mayor incidencia por parte de los Estados evaluadores, podamos tener recomendaciones claras en materia de género, pueblos indígenas, derechos humanos en relación con la lucha contra la trata de personas y lucha contra la corrupción. Hay muchas recomendaciones, también, vinculadas al acceso a la justicia con respecto al conflicto armado interno peruano.
¿Qué es lo que debería hacer el Perú con las recomendaciones?
Lo que correspondería es que, una vez adoptado el informe, el Estado peruano sostenga una reunión multinivel, multisectorial y con participación de la sociedad civil para plantear esa planificación de los próximos cuatro años, establecer alianzas y ver cómo sigue avanzando en la implementación de las recomendaciones.
Asimismo, la cooperación internacional de los países que brindaron sus recomendaciones es fundamental en el desarrollo e implementación de las medidas propuestas. Recordemos que EPU es una evaluación que busca llevar a los Estados a la acción. En este sentido y de acuerdo al tenor de las recomendaciones, debe existir un compromiso de parte de los Estados que dan cada una de estas para brindar asistencia al Estado peruano. Lo que se espera de los Estados es que puedan tener una reacción oportuna y que las recomendaciones que están aceptando no sean letra muerta, sino que puedan tener un diálogo con la sociedad civil para plantear una hoja de ruta. Es decir, poder tener una matriz de sistematización de las recomendaciones donde se pueda trabajar a nivel multisectorial en implementar esas recomendaciones, hacer un plan de acción y tener un sistema de monitoreo en línea.
(*) Periodista PUCP y miembro del área de comunicaciones del Idehpucp.
