Por Isabel Jave (*)
Esta semana conversamos con Gloria Cano, abogada y responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), sobre la importancia de investigar los casos de posibles delitos contra los derechos humanos en el contexto de las protestas que se desarrollan desde diciembre del 2022.
¿Qué consecuencias puede tener la actitud de negación del Gobierno ante los posibles delitos contra los derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas desde diciembre del 2022?
Lamentablemente hay un doble discurso de parte de las autoridades del Gobierno. Primero, señalan que van a apoyar las investigaciones, pero lo que hacen es obstaculizarlas no solamente con la negación de los hechos, sino al no entregar los planes operativos y negar información que los fiscales solicitan. Además, están señalando como responsables a agrupaciones que no tienen nada que ver con la protesta social con el fin de desvirtuarla y señalar que estas son producto de acciones criminales que provienen de grupos como los de narcotráfico o terrorismo.
Creo que la imagen del Perú es una imagen dañada en el sentido de que no hay aquí una verdadera democracia. Estamos frente a una situación de autoritarismo en la que comprobamos una violación sistemática de los derechos humanos. Creo que la posición del Estado, por la cual intenta señalar a otros como responsables, indica que no están en ninguna situación de reformular su estrategia para tratar de mantenerse en el poder.
Como sabemos, a comienzos de marzo la ONU ha solicitado un informe al Perú sobre las muertes y los heridos en las protestas sociales realizadas desde diciembre del 2022. ¿Qué se espera de este informe?
Lo que vamos a encontrar en ese informe es todo lo que la presidenta Dina Boluarte sale a decir ante cámaras. Lamentablemente vemos una posición que pretende echar las responsabilidades a las personas que salieron a alzar su voz de protesta. En general, dar las responsabilidades a terceros y no asumir responsabilidades por hechos que han sido vistos a plena luz. Fuimos testigos de ejecuciones extrajudiciales, uso de la fuerza desproporcionada tanto de la policía como del ejército –quienes no actúan solos sino bajo un mando–, lo que han causado lesiones en manifestantes y ciudadanos de a pie que no tenían nada que ver con la protesta y solo estuvieron en el lugar y el momento equivocado.
¿Qué pasaría si la ONU considera absueltas sus dudas con el informe enviado por el Perú?
La ONU tendrá que tomar una posición. Debemos esperar a las recomendaciones que nos den. Pero creo yo que, efectivamente, se están agotando los medios por loa cuales el Estado podría poner un remedio. Nosotros continuaremos impulsando los procesos judiciales internos y, si no hay una situación de eficacia interna, iremos a tribunales internacionales. El gobierno, como cualquier otro, podrá seguir negando los delitos; pero va a llegar el momento en que incluso podamos hacer acciones internacionales ante organismos o activar medidas de justicia universal.
En el caso de que se llegara a instancias internacionales, ¿cuánto tiempo tomaría llegar a una justicia efectiva para las víctimas?
Mira, nosotros estamos tratando de que se resuelva de manera interna. Tenemos a la fiscalía de Ayacucho, que está actuando de manera diligente. También se están iniciando las actuaciones en Juliaca y hay acciones ante la Fiscalía de la Nación. Adicionalmente, nos planteamos realizar acciones tales como demandas de medidas cautelares porque el Estado no se está haciendo cargo de los heridos. Tenemos presentes casos que son de suma gravedad y que ni siquiera constan en la relación de heridos pasibles de la ayuda que el mismo Gobierno afirmó que iba a dar. Como vemos, la situación de los heridos se va agravando. Un caso que todos hemos visto es el de Rosalino Flores, uno de los heridos que falleció después de una larga agonía.
Todos estos casos, incluso si se resolvieran en la justicia interna, no llegarían a término en un mes o dos meses. Pero aparte de la respuesta judicial tiene que haber una salida política. Creemos que una persona responsable de más de 60 vidas no debería continuar en el gobierno, debería renunciar y debería realizar un adelanto de elecciones. Tenemos un Congreso que no está legitimado, la propia ciudadanía no los respeta y lo único que espera es que haya un adelanto de elecciones.
Las salidas políticas son diferentes a las salidas judiciales. En las salidas judiciales nosotros continuaremos con las investigaciones el tiempo que se demore, nacional o internacionalmente. La salida política es otra cosa. Ni el juez ni el fiscal le van a decir a la presidenta de la República que renuncie. Está claro que depende de este Congreso, que carece de legitimidad y que no va a hacer nada por sacar a Dina Boluarte y levantar el fuero para un juzgamiento a la presidenta.
Debemos diferenciar los dos ámbitos: el judicial y el político. En el judicial, nosotros, como organización de derechos humanos, continuaremos los procesos. En el político, la sociedad civil en su conjunto, las grandes instituciones, los colectivos, la ciudadanía exigirán, como se está exigiendo, adelanto de elecciones y la renuncia de la persona responsable de las más de 60 muertes y más de 200 heridos.
Las víctimas requieren justicia, verdad y una reparación al daño ocasionado. Y si hablamos sobre el ámbito político, se necesita un gobierno de transición en el que haya un cambio verdadero para un sistema diferente.
(*) Encargada de prensa del IDEHPUCP.
