Por Isabel Jave (*)
Esta semana traemos una entrevista especial. Conversamos con Salomón Lerner Febres, presidente emérito del IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sobre los recientes incidentes relacionados con el trabajo de la CVR y el periodo del conflicto armado interno.
Somos testigos de una corriente que insiste en definir al periodo de “conflicto armado interno” únicamente como periodo de “terrorismo”. ¿Cuál es la importancia del término y qué implicaría el cambio de este?
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe final, llama conflicto armado interno a todo aquello que ocurrió en el Perú en las dos décadas comprendidas entre los años 1980 y 2000, “conflicto armado interno”. Esa denominación no es tomada por azar. Es una denominación jurídica procedente del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en particular, del artículo conocido como “artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”, aplicable cuando en una situación de violencia no internacional se cumplen ciertos elementos como el carácter organizado de los actores armados, la duración en el tiempo de sus acciones y otros. Lo central, en todo caso, es que al emplear esa categoría lo que hace la CVR es establecer que tanto a las fuerzas estatales como a las organizaciones subversivas o terroristas les es exigible el respeto de las normas de conducta humanitaria que prescribe el DIH. Es decir, establece un marco de responsabilidades jurídicas y un marco para la calificación de los crímenes cometidos, sin excluir la aplicación de otros marcos jurídicos como el del derecho internacional de los derechos humanos e inclusive el derecho penal interno. Y –esto es importante, pues sobre esto se ha dicho muchas mentiras– al hacer esto, según el artículo que menciono, de ninguna manera se reconoce a Sendero Luminoso un estatus jurídico más favorable. Por el contrario, lo que se hace es afirmar un marco legal dentro del cual se puede establecer mejor sus responsabilidades penales, así como también las del Estado, desde luego.
A la luz de esto, se puede entender que hubo terrorismo, sí; pero también existieron otros delitos que no son precisamente terror y que forman parte de la situación general de violencia. Estas otras acciones, de la mano con el terrorismo, causaron un serio daño a la sociedad peruana.
Yo creo que el rechazo de algunas personas a la denominación conflicto armado interno no es sino una manera de manifestarse en contra de la CVR y declararse hostiles a lo que ella investigó y concluyó y de atribuir falazmente a la Comisión de la Verdad la intención de evitar referirse a los terroristas y a sus grandes crímenes. La CVR señala que desde el inicio Sendero Luminoso practicó el terrorismo, pero también establece que en algunos momentos y lugares la violencia senderista fue contestada por las fuerzas armadas y policiales con delitos que llegan a ser crímenes de lesa humanidad. El concepto jurídico de conflicto armado interno no disminuye en nada la responsabilidad de los terroristas ni, desde luego, la responsabilidad correspondiente de los agentes del Estado.
Nos han encendido las alarmas de preocupación por el cierre del LUM y paralelamente escuchamos voces pidiendo que sean las fuerzas del orden quienes lo administren. ¿Por qué ciertos sectores políticos tienen tanto interés en desacreditar los esfuerzos de verdad y memoria vinculados con el trabajo de la CVR?
Esto ocurre aún antes de que la CVR entregara su informe. No nos habíamos pronunciado y ya había intervenciones públicas de políticos connotados que señalaban que la comisión no decía la verdad o no iba a decir la verdad, oficiando un poco de adivinos. ¿Por qué? Una razón es que aquellos que decían esto tenían miedo de lo que la CVR iba a develar, es decir, la responsabilidad de una serie de personas e instituciones que a lo largo de esos 20 años se habían conducido mal.
Nadie puede negar el carácter sacrificado de las fuerzas del orden en la lucha contra los subversivos de Sendero Luminoso, especialmente, y contra los del MRTA. Pero nadie que haya vivido esos años puede negar que hubo, y así lo decimos textualmente en las conclusiones, momentos y lugares en los que las fuerzas armadas y policiales cometieron crímenes de lesa humanidad. Entendieron mal el combate contra el terrorismo y pensaron que a los terroristas había que combatirlos con terror.
Hay miedos que llegan a silenciar lo que dice la comisión o a tratar de quitar validez a los hallazgos que hicimos. Pero, por otro lado, también hay tergiversaciones debidas a la ignorancia.
La lucha contra la memoria y lo que está ocurriendo contra los signos de memoria, memoria histórica y memoria moral, son preocupantes porque indican, y no solo ahora sino ya desde hace algún tiempo, que hay gente que no quiere que se sepa lo que ocurrió. Eso está alcanzando nuevas fuerzas: la clausura temporal del LUM. Las declaraciones del alcalde de Lima en el sentido de que este debe ser administrado por las fuerzas policiales armadas son, evidentemente, un despropósito. Se trata, para ese tipo de posturas, simplemente de decir que lo que está en el LUM está mal sin haberlo visitado y que hay que dar una versión diferente.
Eso ya se puso de manifiesto cuando la canciller de Alemania, Angela Merkel, visitó la muestra de Yuyanapaq, preparada por la propia CVR, que enseñaba de una manera muy directa y muy fuerte lo que habían padecido el Perú y los peruanos. Entonces, la canciller Merkel dijo que estaba dispuesta a que el gobierno alemán donara 2 millones de marcos para dar un sitio permanente a esa exposición.
La primera reacción del gobierno de Alan García fue negarse a recibir ese dinero y a que se construyera un museo o sitio de memoria. Tuvo que aparecer un pronunciamiento público de diversos sectores de la sociedad civil y un artículo de Vargas Llosa para que, un poco ya arrepentido, el señor García aceptara la donación.
Eso indica que había, pues, una voluntaria ceguera y que se seguía una tesis que es absolutamente inadmisible: recordar el pasado es reabrir heridas. Eso es completamente falso. Recordar el pasado es evitar que nos puedan herir y eso no lo entienden algunos políticos, a veces por cortedad de miras, a veces por interés.
Por ejemplo, el excandidato presidencial y excongresista Daniel Urresti recién ha sido condenado por el caso del asesinato de Hugo Bustíos después de 34 años.
Sí, vea usted. Después de tantos años. ¿Qué le indica eso? No solo hablamos de la opinión, hablamos ya de las instituciones del Estado. Hay una institución que es aquella encargada de hacer justicia. Ha demorado décadas para establecer justicia y, en ese sentido, reconocer la existencia de crímenes que deben ser sancionados.
En algún momento hubo un intento de reparar a los familiares de las víctimas de las poblaciones golpeadas por la violencia, pero fueron sumas insignificantes. Todos aquellos que merecían reconocimiento por parte del Estado, apoyo material y reconocimiento moral de su condición de víctimas, han sido dejados de lado. Vea usted que hablamos de más de 70 mil víctimas incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y la policía. Es un deber de esas instituciones del Estado para con sus propios miembros y para con el Perú el mirar cara a cara el pasado y tratar de enmendar las secuelas.
Regresando al caso de Hugo Bustíos, recordamos que la esposa del periodista, Margarita Patiño, falleció en el camino de búsqueda de la verdad y que solo sus hijos han podido ser testigos de esa justicia efectiva.
Allí hubo dos grandes males, dos grandes heridas que se infligieron la señora Bustíos: la muerte de su esposo y el tener que dejar este mundo sabiendo que no se le había hecho justicia. Es decir, se la revictimizó y eso le está ocurriendo a muchísima gente. Vea usted, estamos hablando de hechos que ocurrieron entre 1980 y 2000, son hechos que ya tienen 30 a 40 años. Los actores de esos sucesos, ya sea sufrientes o victimarios, ya tienen 60, 70 y 80 años, si es que no han fallecido. Entonces, ese es un problema en nuestro país y va más allá de la cuestión de la CVR. Es un problema que arrastramos: el hecho de que la justicia no es eficiente, y como dice esa frase tan usada, justicia que tarda no es justicia.
¿Por qué sería de tanta importancia preservar la verdad de los hechos y difundir la memoria en la sociedad actual?
Porque, como es evidente, casi de sentido común, mal podemos evitar en el futuro tropiezos y fallas que hemos cometido en el pasado si es que no tenemos memoria de ellas. La memoria es, por un lado, el saber qué es lo que ocurrió para estar donde estamos ahora. Y la memoria, también, es el preámbulo de la voluntad para hacer un futuro mejor, distinto de aquel pasado que tenemos nosotros.
No sé si los niños y los jóvenes en las escuelas hoy saben aquello que ocurrió en los años 80 y 90. Creo que no está contemplado dentro del plan escolar eso que es historia en el país. La historia no solamente es el libertador San Martín en 1821 o Colón en 1492. Historia es, también, aquello que sucedió en estas fechas terribles que nos tocó estudiar. Historia es lo que hacemos día a día y estamos escribiendo mal la historia si es que no estamos dispuestos a asumir mediante la práctica colectiva de la memoria aquello que ocurrió.
(*) Encargada de prensa del IDEHPUCP.
