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Entrevistas 28 de febrero de 2023

Fuente: IDEHPUCP.

Por Isabel Jave (*)

Yván Montoya, doctor en Derecho Penal, profesor de Derecho de la PUCP y asesor del IDEHPUCP, nos habla del significado de la extradición del expresidente Alejandro Toledo para el megacaso Lava Jato y los avances del Perú en su lucha contra la corrupción.

¿Qué representa la extradición del expresidente Toledo para la lucha anticorrupción en el país?

La decisión tomada por el Departamento de Estado sobre la confirmación de la extradición del expresidente Toledo es, igual como lo fue a su modo el caso del expresidente Fujimori, un hito importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En el caso de Toledo podríamos decir que es parte de un grupo de altas personalidades, entre ellos jefes de Estado, que ha estado involucrado en actos de corrupción muy graves vinculados al contexto de Odebrecht, Camargo Correa y otras empresas brasileñas y peruanas implicadas en estos actos de corrupción vinculados a licitaciones y obtención de obras de infraestructura de gran dimensión en el Perú.

Desde esa perspectiva, al haber sido Toledo uno de los más altos funcionarios del Estado en ese momento vinculados a corrupción de grandes dimensiones que ha supuesto una cantidad de pérdidas millonarias por parte del Perú, su extradición es efectivamente un punto importante. Es significativo que estemos próximos a que el expresidente esté en el Perú y rinda cuentas ante la justicia peruana como cualquier ciudadano por hechos gravísimos ocurridos durante su gestión y por sus actos referidos a un proyecto como la Interoceánica, que era de grandes dimensiones y en las que ha habido solicitudes y entregas de dinero de grandes cantidades.

Creo que el hecho de que estemos avanzando en el procesamiento de un expresidente vinculado con evidencias sobre casos de corrupción tiene un efecto importante para mirar verticalmente, hacia abajo, el caso de todos los otros funcionarios involucrados. Es una buena noticia y esperemos que se concrete próximamente.

Para el megacaso Lava Jato, que sabemos que involucra muchos países de Latinoamérica, ¿qué importancia tiene que un expresidente esté en camino a responder a la justicia de su respectivo país?

Es muy importante. El Perú es reconocido como uno de los países de América Latina que ha empleado de manera más intensiva la cooperación judicial internacional, en este caso con Brasil, para obtener información. Esta ha sido muy importante para cerrar el circuito de pruebas en el caso de Toledo, sobre todo, especialmente en el caso de lavado de activos. Luego, ha habido una participación activa con la Fiscalía norteamericana pues ha representado al estado peruano quien, además, ha contratado a un abogado para encarrilar la mejor presentación de los cuadernos de extradición. Aunque ha tomado tiempo y esto se ha dilatado, se ha llegado a buen puerto. Yo diría que es el primer caso de ese contexto de gran corrupción generada por estas empresas transnacionales brasileñas en las que un presidente está a las puertas de ser sometido a la justicia de su país, con un pronóstico de condena altamente elevado por el tipo de evidencias que existen. Si uno mira el panorama a nivel latinoamericano, puede observar que los procesos por Lava Jato en Argentina, en Colombia y en México van bastante más retrasados que en el escenario peruano.

En el Perú la opinión pública cuestiona, y puede que tenga algún grado de razón, el tiempo que se están demorando los procesos. Ya hay algunos en acusación, pero son muy complejos. Sin embargo, si lo comparamos a nivel latinoamericano, aquí el número y el nivel de avance en varios de los procesos es mucho más notorio que en el resto de los países.

A veces sirve ver las cosas en perspectiva sin dejar de cuestionar e insistir en que la justicia peruana siga haciendo su trabajo y afine más sus esfuerzos para lograr que en los otros casos también estemos avanzando a nivel de acusaciones y pronto, así como lo hemos logrado ya en algunos casos, tengamos más sentencias condenatorias en casos de corrupción e identifiquemos a los funcionarios peruanos que estuvieron involucrados.

Existen otros casos importantes en el Perú dentro del megacaso Lava Jato. Entre los casos de expresidentes tenemos el caso de Kuczynski, que sigue en investigación; el caso de Ollanta Humala, que está en fase de acusación; el caso de Alan García, de quien se estuvo a punto de allanar el domicilio y lamentablemente se suicidó. También tenemos casos de candidatos presidenciales, como el de Keiko Fujimori por su financiamiento irregular, que está en fase de control de acusación y en el que se debe dar paso a las sesiones de juicio oral para dilucidar la responsabilidad que pueda tener toda la cúpula de ese partido.

En fin, este es un buen paso en el contexto de la lucha contra la corrupción en los casos Lava Jato y todo lo que ha sido el Club de la Construcción de las empresas peruanas. Pero no hay que descuidar, y en eso me gustaría mucho enfatizar, que existen otros casos emblemáticos de corrupción en el Perú, como lo es el caso Cuellos Blancos.

Allí hay un proceso de extradición del que nos hemos descuidado completamente, el caso de Hinostroza. Es un caso igualmente importante pues, aunque no haya sido un presidente, fue un juez supremo y es una pieza clave en uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en el Perú. En ese caso, estábamos a punto de lograr la extradición con sentencias favorables y la persona se fugó de España. No sabemos de quién es la responsabilidad, si de algún funcionario español o de funcionarios peruanos, y sobre eso hay que incidir porque no puede quedar una sensación de impunidad en un caso emblemático de corrupción en el Perú.

¿Cuál sería su opinión sobre el avance, o posible retroceso, de la lucha contra la corrupción en el Perú?

La lucha contra la corrupción, es importante saberlo, tiene distintas dimensiones y hay distintos factores que pueden incidir en revertirla. El sistema penal es una de las dimensiones. Probablemente tiene su importancia, pero yo diría que no es lo más importante sin dejar de fortalecerla, claro está. Tenemos una dimensión preventiva de la corrupción que se presenta en la esfera preventiva administrativa y en la educativa. Yo creo que en el ámbito del sistema penal se ha recuperado la intensidad. Esperemos que esta noticia de la extradición de Toledo y la próxima llegada de él para su sometimiento a la justicia peruana sea un impulso para seguir con los otros procesos y que logremos, efectivamente, obtener sentencias en aquellos casos en que, como en el caso de Toledo, tenemos más evidencias claras.

No obstante, no hay que descuidar en la lucha contra la corrupción su dimensión preventiva y en eso hemos desmantelado lo poco que habíamos empezado a hacer. Hemos ido disminuyendo las políticas de integridad en el sector público, incluso los temas vinculados a la democratización y el control en el ámbito de los partidos políticos y su fortalecimiento, el tema de la transparencia, entre otros. Estos son temas que tenemos que enfatizar nuevamente. Nuestro deber de introducir estas políticas de integridad en los estamentos del Estado es muy grande. Lo que significa ver si es posible introducir algún oficial de cumplimiento que tenga información continua y permanente sobre lo que hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la posibilidad de recibir denuncias, la posibilidad de premiar al que es buen funcionario y la posibilidad de sancionarlos en aquellos casos en los que incurran en actos irregulares. Es decir, un nivel previo al del sistema penal que debería funcionar mejor.

Pero todo lo preventivo y lo penal terminan siendo insuficientes si desde las cabezas –el presidente, los ministerios, el Congreso, los alcaldes– no muestran ese sentido de integridad absoluta que irradie verticalmente a todos sus subordinados. Si la cabeza actúa irregularmente, poco podremos hacer con las normas que tenemos a disposición. Entonces ahí hay una tarea importante: saber elegir a nuestras autoridades para que a través de ellos se seleccione buenos funcionarios que irradien verticalmente un espíritu de integridad pública.

La frase coloquial “roba, pero hace obras” es dañina para la democracia y la lucha contra la corrupción en el Perú.

Exactamente. Es una suerte de frase de consuelo, pero debería ser erradicada de nuestro lenguaje con una política de integridad que abarque a todos los estamentos del Estado. Esa frase es infeliz. Todo acto de corrupción en una entidad pública, aunque sea pequeña, debe evidenciarse como absolutamente disfuncional para la institución y esta debería retirar o corregir aquel error, irregularidad o acto de corrupción de manera inmediata.

Hay que entender que, aunque nos quieran hacer creer que no es posible reducir ni erradicar la corrupción y que tendremos que convivir con esa frase, eso no es cierto. Sí es posible ser íntegro y ser eficiente en el Estado y tenemos, no muchos, pero sí algunos ejemplos de integridad de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que puede tener por supuesto en algunos espacios actos de corrupción, pero en términos generales me parece una institución íntegra. De hecho, en las encuestas que se hacían sobre percepción de la corrupción en los estamentos del Estado, era la entidad que mejor percepción tenía en temas de integridad y de no prácticas de corrupción. Hay posibilidades de ser íntegro y por ahí también existen otras entidades que podríamos también reconocer.

¿Qué nos puede decir de que el Perú tenga una cárcel presidencial y que esté pronta a encontrarse en hacinamiento?

Bueno, como conversábamos, el Perú debe de ser el único país que tiene investigaciones abiertas y procesos avanzados contra varios expresidentes. Están, como hemos visto, los casos de Toledo, Kuczynski, Fujimori (ya condenado), Humala, García (quien se suicidó), y los casos de candidatos presidenciales. Aquí, también, cabe mencionar con preocupación el reciente caso del expresidente Castillo sobre quien existen investigaciones abiertas en materia de corrupción, aunque solo se encuentre detenido a raíz de su frustrado golpe de Estado y no por estos procesos.

La situación invita a dos comentarios cuando hablo de esto fuera del Perú. Primero, cierta satisfacción de que el sistema penal en el Perú funcione más o menos de manera indistinta. Es decir, no se puede atribuir al sistema discriminación o sesgos. Por lo menos con relación a la alta corrupción avanza y funciona en la medida en que se lo permiten las complejidades del fenómeno. Eso es algo que ningún país de América Latina, y difícilmente algún país en el resto del mundo, puede mostrar.

Por otro lado, entristece saber que prácticamente todos los que han ocupado en los últimos quinquenios la Presidencia de la República están manchados por actos de corrupción. Creo que también debe llamarnos la atención esta particularidad. Deberíamos aspirar un poquito más a lo normal; es decir, a que hay un presidente al que le podemos criticar alguna ineficiencia, pero que salga de la Presidencia tal como entró: salir con su mismo auto, llegar a su misma casa y sin que en sus cuentas encontremos nada más allá de lo que recibió legítimamente durante el ejercicio de la Presidencia.

En conclusión, es una sensación ambigua y, efectivamente, esto del penal de Barbadillo que va a albergar a un tercer expresidente –y he visto noticias según las cuales se está construyendo un tercer ambiente para Toledo– tiene dos significados bivalentes. Por un lado, es satisfactorio y honra que el sistema avance; pero, por otro, apena que tengamos tantos presidentes involucrados. Eso no es bueno para la lucha contra la corrupción porque de ellos tenía que haber partido el ejemplo.

(*) Encargada de prensa en el IDEHPUCP.