En esta publicación se ofrece un conjunto de estudios y reflexiones sobre el avance de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno que se desarrolló en Perú entre 1980 y 2000. Los lentes teóricos sobre el cual se analizan estas acciones estatales son el enfoque de las políticas públicas; y se abordan cuatro componentes del Plan Integral de Reparaciones: las reparaciones en términos de acceso a la educación, a través de las becas Repared; el acceso a vivienda, a partir del programa Mi Vivienda; la atención a la salud mental, sugiriendo la importancia del modelo comunitario; y las reparaciones colectivas y sus implicancias en el desarrollo local.
La mirada de las reparaciones como políticas públicas abre dos conjuntos de interrogantes abordadas en los trabajos desarrollados en el documento. Primero, un conjunto se refiere a la acción del Estado mismo en cuanto estructura normativa, administrativa, técnica y burocrática. Se trata de observar de qué manera –con qué grado de rigidez o de flexibilidad, con qué capacidad y voluntad institucional para movilizar recursos—el Estado ha abordado el despliegue de los programas de reparación, así como la manera en que estos programas se han compaginado con estructuras o marcos institucionales preexistentes.
El otro conjunto de preguntas se orienta a la relación entre el Estado y las víctimas, como análisis complementario al del Estado como estructura administrativa. En esta relación se pone en juego, a fin de cuentas, la posibilidad de consolidar una sociedad democrática. De esa manera, en el caso particular de las reparaciones, se pregunta de qué manera esa relación con personas que, además de haber sufrido abusos, suelen ser de los sectores más excluidos, conduce a generar ciudadanía en lugar de perpetuar un trato subordinante. Al abordar esa cuestión, como se ve reflejado en los trabajos, cobra especial interés el componente dialógico, es decir la interlocución que se crea a partir de las demandas de las víctimas, la apertura de los canales oficiales a la participación, o la comprensión estatal sobre el deber de reconocimiento –y no solo de provisión de servicios o bienes—entre otras cuestiones.
Finalmente, desde el enfoque de análisis propuesto, se avizoran ciertos riesgos en el marco de las políticas de reparaciones a víctimas del conflicto armado. El principal de ellos es el peligro de que el Estado asimile las reparaciones a sus labores ordinarias de lucha contra la pobreza o de desarrollo social, privando así a aquellas de su particular contenido de justicia y de respuesta a las violaciones de derechos humanos sufridas por la población beneficiaria. Y, en un segundo plano, otro riesgo constante es el reto de incorporar la participación de las víctimas en el diseño mismo de las medidas, una tarea para la cual el Estado no está suficientemente preparado, o a la que no está lo bastante dispuesto, a pesar de que el principio de participación existe desde tiempo atrás en el ámbito de las políticas de desarrollo.
