Valeria Reyes, coordinadora del área académica y de investigaciones del IDEHPUCP, fue entrevistada en «Punto Medio», programa del canal periodístico Canal N, sobre la reciente CASACIÓN N.º 1464-2021 y sus implicancias para el derecho a la protesta en el marco actual situación de los derechos humanos en el Perú bajo el contexto de la crisis sociopolítica.
Reyes comentó: «Los Estados tienen obligaciones de respeto y de garantía frente a los derechos. Los estándares que se aplican a la reunión pacífica sin duda involucra que el acto de manifestarse sea pacífico. Pero, si de pronto un grupo incurre en actos de violencia, el deber del Estado es respecto de los manifestantes que siguen ejerciendo su derecho de protesta pacífica. Entonces, el Estado y las fuerzas del orden tienen que estar en la capacidad de identificar e individualizar a las personas violentas, separarlas para que el resto pueda seguir ejerciendo su derecho a la protesta y procesar a las personas que cometieron actos violentos atribuyéndoles las responsabilidades que correspondan. Mi perspectiva y lo que encuentro grave desde la mirada de derechos humanos es que la casación ha llegado en un punto en el que criminaliza todo tipo de protesta. Encontramos una sección en la que dice que, si la protesta pacífica impide el tránsito de peatones y no hay una vía alternativa para que se desplacen con normalidad, también podríamos estar en un injusto penal. Incluso ironiza diciendo que el daño debería ser solo para la esfera personal del manifestante con una huelga de hambre. Resaltamos lo peligroso que es que un tribunal en su máxima instancia diga algo tan nefasto para la integridad de las personas.»
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