Replicamos la columna de Salomón Lerner Febres, presidente emérito del IDEHPUCP, para El Comercio sobre la tensión entre el gobierno y el Congreso por los constantes reclamos a la Sunedu.
¿Quién ataca a la Sunedu?
La tensión entre el gobierno y el Congreso ha sido aprovechada para atacar a una institución que ha logrado importantes avances en la supervisión de las universidades peruanas: la Sunedu. En primer lugar, hay que entender que la propuesta de la Comisión de Educación del Congreso de solicitar facultades al pleno para investigar a dicha entidad no tiene como origen un genuino interés en mejorar los mecanismos de control de las instituciones universitarias, sino trabar los procesos de fiscalización que ya se han logrado, e impedir los siguientes.
Es claro que si el Congreso de la República estuviese interesado en mejorar la educación superior –una de las claves para el desarrollo de un país emergente–, habría dedicado buena parte de su tiempo para legislar en favor de mayores apoyos a las universidades públicas y más restricciones para quienes han convertido a la universidad en un lucrativo negocio privado.
En lugar de ello, han puesto obstáculos a las mencionadas tareas, permitiendo ganancias multimillonarias obtenidas al mercantilizar la educación, descuidando los intereses de las nuevas generaciones en acceder a una educación de calidad que signifique desarrollo personal y profesional. Digámoslo con claridad: que haya más instituciones que ostenten el título de universidad no significa que haya habido un incremento en el acceso a la educación de calidad. En este punto coinciden todos los estudios realizados desde varios aspectos fundamentales de la vida académica. Los informes, que han estudiado las consecuencias nefastas del DL 882 promulgado por Alberto Fujimori, han sido claros en sus hallazgos, entre ellos: el crecimiento de la brecha entre quienes reciben la mejor y la peor educación, el aumento del subempleo, la mayor discrepancia entre las carreras ofrecidas y el mercado laboral, así como la desinformación por parte de los padres de familia y de los mismos estudiantes sobre los niveles de exigencia requeridos para los logros académicos.
De otra parte, los casos de corrupción, como el desvío de fondos para finalidades no universitarias y negocios privados, han sido señalados por la Sunedu y constituyen un uso perverso de los aportes económicos de los estudiantes y de los esfuerzos de los profesores e investigadores en simple beneficio de empresas privadas.
Los sectores del Congreso de la República que pretenden fiscalizar a la Sunedu (entidad que, por lo demás, ya ha sido investigada dos veces) suelen argumentar que con ella se está vulnerando la “autonomía universitaria”. Claramente nos encontramos con un argumento demagógico e ilegítimo. La autonomía universitaria es un derecho de la comunidad universitaria, compuesta por profesores y estudiantes, no por empresarios. Consiste en preservar la libertad de cátedra y de opinión, y que las decisiones sobre el gobierno del campus sean tomadas por las instancias participativas y democráticas que nacen de ese quehacer comunitario. No se trata, entonces, de la ‘libertad’ de empresas privadas que, para alcanzar legalmente el lucro, han de ser reguladas para no engañar al consumidor ni practicar la competencia desleal. Ciertamente, es una desgracia que a la palabra ‘universidad’ se le pervierta al asociarla con negocios que, antes de tener como meta la búsqueda de la verdad y la formación de la persona, tienen como fin la mera utilidad económica.
Lamentablemente, hoy en el Perú, una gran mayoría de ‘universidades’ no son sino negocios que venden ilusiones mediante fórmulas mágicas, que no exigen esfuerzo y dedicación para formar buenas personas. Sospechamos que al pretender ‘investigar’ a la Sunedu, el Congreso no busca defender la educación peruana, sino proteger más bien a quienes han encontrado un nicho muy lucrativo en la disolución de la academia y el desmoronamiento de la formación humana.
