Compartimos los comentarios de Rafael Chanjan, abogado e investigador IDEHPUCP, para El Comercio.
Para el abogado Rafael Chanjan, penalista e investigador del IDEHPUCP, lo que debe valorarse en este caso es si existe peligro procesal como para que se ejecute la medida de detención preliminar. “Partiendo de ello, de que es excepcional, yo creo que aquí lo que ha hecho la fiscalía es valorar precisamente eso: la peligrosidad procesal que pueden representar estas personas las que han sido actualmente detenidas”, indicó. “En este caso estamos ante una detención preliminar judicial, que es de siete días, que no quita que deba ser examinada en su proporcionalidad”, agregó el abogado.
¿Esta detención preliminar buscaría sumar más colaboradores eficaces? Chanjan mencionó que esta es una práctica “recurrente” en la fiscalía para casos de corrupción y en los que presuntamente hay una probabilidad de organización criminal: quienes de manera articulada se dedican a cometer determinados delitos.
“Es lo que viene haciendo estratégicamente la fiscalía, de dictar detenciones preliminares primero a determinados integrantes de un hecho para intentar conseguir colaboraciones eficaces de estas personas, negociando la prisión preventiva eventual que se pueda dictar contra ellas. De alguna forma busca que estas personas tiendan a acogerse a las colaboraciones y lo hagan a cambio de no cumplir una prisión preventiva que muy probablemente es lo que va a suceder en este caso”, indicó Chanjan.
