Rafael Chanjan, abogado penalista, fue entrevistado por El Comercio, respecto a las distintas iniciativas de Pedro Castillo Y Keiko Fujimori.
Ya tenemos una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que agrupa a todas las instituciones que ha mencionado Castillo. Hasta qué punto se superpondrían funciones de este consejo que se pretende crear con la CAN. No se sabe cuáles son las funciones que tendría ese consejo. Es una declaración bastante genérica, habría que ver cómo se materializa.
Es algo que se exige desde hace mucho tiempo, fortalecer a nivel logístico, recursos económicos y de recursos humanos las fiscalías anticorrupción. Es una propuesta válida que ya se viene reclamando desde hace mucho tiempo. ¿A qué se refiere con expandir sus funciones? Me parece vago, habría que ver a qué se está refiriendo en específico.
Ya existe una ley de muerte civil, pero no para todos los delitos de corrupción. Existe la inhabilitación perpetua. Hace poco se expandieron los supuestos de inhabilitación perpetua, pero no para todos los delitos de corrupción hay inhabilitación perpetua. Entiendo que está proponiendo para todos los delitos de corrupción haya muerte civil. No lo especifica el candidato Castillo, pero si fuese así, sería algo novedoso. Habría que ver en qué medida esto podría ser proporcional con la gravedad de algunos delitos de corrupción, que quizá no tengan suficiente gravedad.
Me parece una propuesta no directamente relacionada con el tema de prevención y control de la corrupción. Parece una propuesta más de índole político en general. Hay otras medidas más directas relacionadas con esta temática, tantas problemáticas que tenemos.
El aumentar presupuesto es algo para todas las instituciones, se viene diciendo tiempo atrás, no es algo nuevo. Recientemente el Congreso ya le otorgó a la contraloría facultad sancionadora; por lo tanto, esa propuesta ya no tiene ningún efecto práctico. Respecto al control concurrente, ya existe. Actualmente, la contraloría viene haciendo control concurrente paralelo al control posterior. El control concurrente es un control imperfecto, complementario. Pero el control que realmente es el eficiente para prevenir actos de corrupción es el posterior. Entonces, más bien, debe enfatizarse el control posterior y no tanto el concurrente.
Actualmente ya tenemos varios espacios en los cuales existen comisiones con funciones similares. Tenemos la Secretaría de Integridad, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y también la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que agrupa a una serie de instituciones públicas a fin de diseñar e implementar políticas públicas de lucha contra la corrupción. Ya hubo experiencias anteriores en las que se han creado comisiones anticorrupción similares, siempre son comisiones que tienen un efecto a corto plazo. Diría que hay que fortalecer lo que ya se tiene antes de crear nuevas entidades anticorrupción que podrían superponerse y contradecirse con otras entidades.
El fortalecer la transparencia siempre se saluda, es algo necesario. Tenemos a la Autoridad Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública, adscrita al Ministerio de Justicia. Pero falta mucho en cuanto a la implementación, sobre todo la digitalización del acceso a la información. Creo que queda mucho por hacer. Habrá que ver de qué manera se va a fortalecer la transparencia.
Ya existen canales de denuncias por actos de corrupción a nivel administrativo. Existe ya una normativa específica de protección del denunciante, de modelos de integridad que fomentan una cultura de denuncia y también medidas de protección al denunciante. Es una declaración bastante genérica. No sé hasta qué punto podría suponer incluso un desconocimiento de la legislación que ya existe. Pero en todo caso sería fortalecer y expandir la aplicación, fomentar el mayor uso de estos canales de denuncia. El desafío es que todas las entidades públicas tengan una oficina de integridad.
