Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, fue entrevistado por El Comercio en relación a las consecuencias o implicancias legales que podría tener el caso «Los Dinámicos del Centro».
En tanto, el abogado penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, coincidió con Caro en el sentido de que recolectar dinero por personas que voluntariamente lo hacen para pagar la reparación civil de algún condenado no es un delito persé. Sin embargo, lo que se debe indagar es si el dinero aportado “más bien no suponía dinero que se recababa con determinado actos de corrupción. Eso es distinto y cambiaría la figura, porque ahí sí podríamos estar ante lavado de activos”, indicó.
Es decir, si es que existen indicios respecto a que el dinero tendría un origen ilícito. “O si por el contrario es patrimonio personal, lícito, de cada uno de los aportantes. Si fuese así, no vería connotación de lavado de activos”, añadió.
Chanjan anotó que Vladimir Cerrón es, supuestamente, el beneficiario final del dinero recolectado. Pero se debe analizar también el grado de involucramiento que podría haber tenido él en los hechos: el grado de coordinación previa que pudo haber o planificación sobre la recolecta de dinero. “Pero lo fundamental es poder determinar si es que había un origen ilícito de estos bienes o no”, recalcó.
“Habría que indagar si es que ese dinero aportado para la reparación civil más bien no suponía dinero que se recababa con determinados actos de corrupción. Eso es distinto y cambiaría la figura, porque ahí sí podríamos estar ante lavado de activos”, exclamó.
El abogado penalista Rafael Chanjan señaló que si el presunto dinero ilícito sirvió para inyectar dinero a determinado partido se podría estar en un caso similar a Fuerza Popular o el Partido Nacionalista.
El desafío de la fiscalía será, añadió, evidenciar que hubo conocimiento de ello. “La presunción de estos aportes que venían de determinadas personas vinculadas a hechos de corrupción. Las responsabilidades pueden ser variadas. Pueden ser de personas en la base de la organización, mandos medios o altas esferas”, dijo.
Indicó que determinadas cuestiones objetivas pueden llevar a la inferencia o presunción del origen ilícito. “Todo eso son indicios objetivos, que en el caso de Fuerza Popular y el Partido Nacionalista han sido valorados para llegar a la inferencia de que existió la posibilidad de conocer el origen ilícito”, añadió.
Sin embargo, advirtió también diferencias respecto a Fuerza Popular. “Ahí se llegó hasta la máxima representante, Keiko Fujimori, porque era la líder y la máxima jerarquía. Igual en el Partido Nacionalista. Pero en el caso de Perú Libre el candidato presidencial es un invitado. Ahí se marca una diferencia, lo cual no descarta poder generar hipótesis fiscales al más alto ámbito. La figura de Vladimir Cerrón probablemente esté más complicada si se tiene en cuenta su cargo del partido y porque públicamente ha dicho que maneja el partido”, comentó.
Por su parte, el abogado penalista Rafael Chanjan mencionó que el delito de colusión sanciona tanto a los funcionarios que intervienen por razón de su cargo en una contratación pública, como a los propios particulares, que pueden ser empresas o las personas contratadas a través de un procedimiento amañado. Al igual que lo señalado por Caro, las consecuencias legales recaerían en servidores y beneficiarios.
“Ahí la sanción alcanza a ambos: funcionarios públicos y los propios beneficiarios. En el caso de los beneficiarios, no solo los que firmaron, sino mayor ámbito jerárquico. Podríamos hablar de presuntos delitos de colusión o también negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho si se determina el pago de coimas”, mencionó.
