17/11/2020

[El Comercio] Rafael Chanjan: "Si bien fue armamento no letal hasta donde se sabe, una mala utilización se puede convertir en letal y arbitraria"

Fuente: La República

Compartimos los comentarios de Rafael Chanjan, abogado e investigador del IDEHPUCP, respecto a la actuación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien anunció el inicio de una investigación preliminar contra el congresista Manuel Merino de Lama (Acción Popular), y los renunciantes ministros Ántero Flores-Aráoz (PCM) y Gastón Rodríguez Limo (Interior) por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22).


El penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, considera que la decisión de la fiscalía es “acertada”, pues era “necesario e imperioso en el contexto esclarecer estos graves hechos, que han terminado en trágicas muertes, lesiones y desapariciones en algunos casos”. Al estar involucrados altos funcionarios, las competencias de la indagación recaen en la fiscal de la Nación.

“Cuando estamos en este tipo de delitos no solo debe investigarse y dilucidarse quiénes materialmente ejecutaron las acciones, los policías que realizaron detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza. Sino, superiores jerárquicos. Ahí tienen que apuntar también las investigaciones. Los mandos policiales superiores que ordenaron estas actuaciones, abusando del uso de la fuerza y más arriba incluso: a nivel de altos mandos de la PNP y luego el ministro del Interior. También, habría que ver al propio presidente. Eso se determinará”, comentó.

Recordó que hay casos en que estas imputaciones penales han alcanzado a los altos funcionarios públicos: por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori. “Nuestro sistema penal ha imputado delitos graves contra los derechos humanos a las más altas esferas políticas, tanto por haber ordenado como sabiendo que podrían suscitarse estos hechos delictivos, no hicieron nada teniendo la obligación de evitarlos”, indicó.

Chanjan precisó que el delito de homicidio doloso, el más grave por el que son investigados Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez, tiene una pena no menor de 15 años. En cuanto a lesiones graves, estas se refieren, por ejemplo, a la desfiguración o incapacidad de personas. Estas lesiones tienen una pena que va entre 4 a 8 años. “Hay una sumatoria de pena. Las penas son graves, que sumadas no hacen menos de 20 años”, comentó Chanjan.

En cuanto a las indagaciones de la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, el penalista Chanjan precisó que esta tiene competencia para todos los efectivos policiales y funcionarios que estén involucrados en estos hechos presuntamente delictivos, con excepción de los altos funcionarios mencionados.

“En el caso de los mandos superiores de la PNP, allí las fiscalías especializadas tienen la competencia para investigar estos hechos de presunto uso abusivo de la fuerza. Si bien fue armamento no letal hasta donde se sabe, una mala utilización se puede convertir en letal y arbitraria, que es materia de una imputación penal. Estamos hablando de delitos que se investigan en el fuero común”, dijo Chanjan.

El abogado añadió que la fiscalía señalada no tiene límites en cuanto a los alcances de su investigación a personas en su imputación.

“La fiscalía tiene un amplio margen de discrecionalidad para apuntar su investigación, que seguro será compleja por los involucrados”, dijo. Entonces, tampoco debería descartarse “indagar la intervención de efectivos del grupo Terna, en qué medida se dio este tipo de operaciones por este grupo especial de la PNP, [si es que] contribuyeron a la escala de violencia, a la vulneración de derechos humanos, eso tiene que ser barajado por el Ministerio Público”, agregó.