Compartimos el artículo del sociólogo Félix Reategui sobre la participación juvenil en las marchas de noviembre.
Las marchas de noviembre contra la usurpación del gobierno por un grupo de congresistas fueron protagonizadas en gran medida por jóvenes. Esa presencia juvenil generó comprensibles entusiasmos. En un escenario marcado a fuego por la corrupción y el oportunismo es casi natural la inclinación a buscar, y encontrar, algo nuevo. Se ha hablado, así, de una nueva generación que irrumpe en la vida pública con promesas renovadoras. Una oportuna coincidencia ha motivado, así mismo, vincular esa irrupción con el bicentenario de la Independencia. La magia de las cifras redondas: cuando los doscientos años de la República llegaban cargados de sombras, algo novedoso y diferente parecía asomar.
Es válido, sin embargo, ya con cierta perspectiva, preguntarse qué tan diferente y prometedor fue todo ello. Tal pregunta no cuestiona la existencia de un componente juvenil relevante en el momento político actual. Es claro que los jóvenes estuvieron de manera notoria en la protesta contra el gobierno usurpador. Sin embargo, no es factible señalar que estos fueran la mayoría. La idea de una movilización de carácter juvenil es verosímil y seductora, pero no deja de ser una impresión no documentada.
¿Una nueva generación en el espacio público?
Pero, aceptando sin mayor cuestionamiento esa impresión, vale la pena considerar en qué medida se trató de un hecho distintivo. Se destaca en esa movilización la rapidez de la coordinación gracias al uso de las redes digitales. Eso es una marca generacional. Pero no se trata solamente del uso de las redes para coordinar horas y lugares de concentración. También se ha hecho notar el empleo creativo de la tecnología digital para generar imágenes que acompañen a las marchas. Todo ello imprimió a las protestas un dinamismo, a la vez que un tono de irreverencia, que llamó particularmente la atención. Se ve ahí, en consecuencia, una movilización ciudadana con una peculiar marca generacional.
Pero las marchas no aportan suficientes elementos para identificar una generación con signos distintivos: es decir, con características que asemejen a sus miembros entre sí y con rasgos que los diferencien de otras generaciones en alguna medida relevante. Para hablar de una generación con alguna significación política o cultural particular –es decir, más allá del hecho obvio de que los individuos de una misma cohorte de edad conforman una generación—se precisa satisfacer requisitos comparativos; esto es, hallar en qué se diferencia esta de otras generaciones y en qué sentido sus integrantes comparten algunas características significativas para cierto tipo de actividad o comportamiento. Así, por ejemplo, una generación literaria no existe solamente porque los individuos tengan las mismas edades ni porque hayan empezado a publicar libros al mismo tiempo. Una generación literaria es definida por algunas características específicamente literarias como, por ejemplo, propiedades o actitudes estéticas compartidas.
¿Qué es exactamente lo que permite hablar de una generación en este caso? Quizá lo único distintivo sea la completa familiaridad de los individuos con el uso de la tecnología digital. De ahí emerge una especial capacidad de coordinación instantánea y, por lo tanto, de movilización. También se deriva de ahí la extrema velocidad con que una idea o una iniciativa circula y se masifica. Pero ahí estamos todavía en el ámbito de lo instrumental, de los medios. Y estos, si bien están influyendo sobre las modalidades de la enunciación, no tienen un contenido propio ni comportan por sí mismos valores o actitudes específicos.
En realidad, no se sabe mucho sobre lo que piensan los jóvenes que participaron en esas marchas, más allá de su rechazo a la usurpación del gobierno. No se sabe si comparten ideas relativas a una cierta cultura política; por ejemplo, ideas generales sobre poder y autoridad, convicciones sobre derechos humanos, ideas sobre la relación entre Estado y mercado, una memoria heredada del conflicto armado interno, o visiones sobre género y etnicidad.
Por lo señalado, tal vez lo más interesante no sea suponer una diferencia específica en esta generación, sino señalar su continuidad con otras generaciones. Eso no significaría desconocer el papel de los jóvenes de hoy en el espacio público sino, en todo caso, proponerles una ubicación histórica. A la larga, al preguntarnos sobre las perspectivas de la democracia peruana, puede ser más constructivo señalar la historicidad de la movilización ciudadana que detectar una identidad generacional basada en una dudosa singularidad.
Dos décadas de movilización
En realidad, estos episodios de movilización ciudadana con una participación juvenil protagónica no son novedad. Por el contrario, se puede decir que han sido recurrentes si tomamos como punto de mira los últimos años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, para confinar la observación a un marco cronológico discreto.
En esa década, en el año 1997, se produce una movilización que bien podría considerarse el inicio de un ciclo del que las recientes marchas forman parte. El Congreso, dominado por el fujimorismo, había impuesto por ley una “interpretación auténtica” de la disposición constitucional que permitía una sola reelección presidencial y que, por tanto, impedía a Alberto Fujimori buscar un tercer mandato en las elecciones del año 2000. Según el Congreso, ya que Fujimori había sido elegido por primera vez bajo la Constitución de 1979, su segundo mandato equivalía, en realidad, a un primer mandato bajo la Constitución de 1993. Por lo tanto, sí tenía derecho a postular por tercera vez. El tema fue sometido al Tribunal Constitucional, y este desbarató la maniobra legal del Congreso. En respuesta, el Congreso destituyó a los magistrados que habían declarado inaplicable a Fujimori la ley del Congreso que lo favorecía. Esa arbitrariedad motivó una masiva marcha protagonizada, ostensiblemente, por jóvenes y que inauguró un clima de protesta cuyo ápice, en esa década, fue la Marcha de los Cuatro Suyos en el contexto de la elección del 2000.
Ya después de la transición a la democracia las marchas con amplia participación juvenil se han multiplicado. Casi siempre han sido respuestas a abusos del poder o a algún recorte de derechos fundamentales por parte del gobierno, o a intentos de copar el poder o de proteger a la corrupción por organizaciones políticas. Así, por ejemplo, en el año 2013 se produjo la marcha contra “la repartija”, como se conoció el reparto del control sobre el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo entre los partidos que dominaban el Congreso. En diciembre de 2014 varias marchas obligaron al gobierno a abandonar la ley de régimen laboral juvenil (ley 30288, conocida popularmente como “ley pulpín”). Los primeros días de 2019, por otro lado, estuvieron marcados por marchas contra la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela por parte de Pedro Chávarry, por entonces Fiscal de la Nación.
Estos son apenas tres casos, de entre muchos, que indican que en el Perú hay una situación de movilización social recurrente, en la que la población joven tiene siempre una presencia notoria. Es razonable insertar a los jóvenes movilizados de hoy dentro de ese periodo más amplio para percibir sus afinidades con lo que ha venido sucediendo en las dos últimas décadas.
Vocación de fugacidad
Ese periodo podría ser caracterizado doblemente como el del Perú posterior a la transición política y como el del Perú posterior a la violencia armada. Pero este momento tiene otras características importantes. Una de ellas es la inexistencia de organizaciones políticas propiamente dichas y su sustitución por organizaciones sin representatividad, carentes de agenda pública, centradas en intereses económicos particulares, y en muchos casos comprometidas con la corrupción u otras actividades ilegales. Es decir, el colapso del sistema de mediación política entre sociedad y Estado.
Podríamos hablar, así, de “rasgos de la época” que determinan hasta cierto punto algunas características de la movilización social en estos años. Una de ellas es el foco en la institucionalidad. Es un lugar común decir que, ante la magnitud de las carencias materiales, a la población no le preocupan cuestiones como la legalidad, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes o el respeto de las instituciones. Eso no deja de tener un grado de verdad. Por eso mismo es resaltante la inquietud institucionalista que se expresa en esas movilizaciones. Y es razonable rastrear esa inquietud hasta la década de 1990 cuando, tras unos años de aprobación popular al autoritarismo, se incubó cierto hartazgo ciudadano frente al abuso de poder del régimen fujimorista. En ese preciso sentido, la marcha contra la “interpretación auténtica” es un punto de partida no solamente cronológico, sino también temático, del ciclo de movilización actual.
Durante los años 90, junto con el rechazo a la manipulación de las instituciones, también se cimentó en la sensibilidad pública el rechazo a la violencia. Ello se refleja en otra característica de las movilizaciones: el énfasis en que las marchas deben ser pacíficas y en evitar los desmanes. Esto es positivo, pero admite una doble lectura. Por un lado, está asociado a esa sensibilidad contra la violencia ya mencionada; pero, por otro lado, es también una actitud preventiva ante la fácil estigmatización de las marchas por parte de los gobiernos y los sectores conservadores. Estamos hablando, claro está, de la costumbre conservadora de calificar de “terrorista” a todo el que proteste públicamente y a toda forma de reivindicación social. Así, ya sea por convicción interna o por autocensura preventiva, las marchas se plantean como una exigencia constante el ser pacíficas y, como añadido, se autodefinen como “cívicas” y no “políticas”.
Una tercera característica es la ausencia –y, más que eso, el rechazo—de un liderazgo central. Esto se vincula evidentemente con la crisis de los partidos y el descrédito de la inmensa mayoría de líderes políticos visibles, y aun expresa cierta renuencia a la idea de liderazgo en sí misma. Es notorio, por ejemplo, que incluso personajes políticos que podrían ser vistos como afines al espíritu de las protestas son mirados con recelo cuando participan en ellas. Son admitidos solo bajo la condición de que no pretendan encabezarlas ni busquen asumir un protagonismo que desfigure el carácter espontáneo de la marcha. Así, dos tendencias convergen en un mismo resultado: las organizaciones políticas no tienen la solvencia institucional, los arrestos ni los reflejos requeridos para convocar a la ciudadanía a las calles, ni la ciudadanía movilizada ve con buenos ojos la presencia de políticos de oficio entre sus filas.
De lo anterior, por último, se deriva un cuarto rasgo: la ausencia de una agenda de demandas ulteriores a la marcha. Esto no es necesariamente un defecto. En verdad, la añoranza de una agenda es expresada por el observador politizado -el “analista”. Las marchas suelen ser “contra algo”, no “por algo”. En cuanto tales, cumplen su cometido, y, en realidad, es asombroso comprobar cuántas veces las autoridades han retrocedido ante el repudio en las calles. Quienes se manifiestan no necesariamente están buscando algo más: su acción no va asociada a un proyecto. Es un gesto de indignación cívica.
Un elemento peculiar de la última marcha fue, sin embargo, su pronta asociación con la demanda de cambio de Constitución. Una demanda de esa clase contiene una promesa de condensación política: mediante ella, la movilización popular puede transformarse en movimiento social, ganar permanencia, ascender al plano de la estrategia y eventualmente dar a luz una organización. Pero nada de eso ocurrió en esta ocasión. A las pocas semanas, la cuestión constitucional se desdibujó y las marchas de noviembre fueron lo mismo que sus precedentes: valientes, generosos y muchas veces eficaces gestos de protesta que han salvado a la democracia peruana de peores descalabros, pero que no tienen ni buscan un horizonte político que trascienda a la efervescencia y la indignación moral.
No es poco. Esta movilización espasmódica revela que, pese a todo, subsiste en el Perú un espacio público activo, dinámico, sobre el cual se podría levantar un edificio institucional democrático si hubiera organizaciones que sirvieran de andamio: no solamente partidos políticos, sino también gremios, sindicatos y asociaciones profesionales. Nada de esta situación cambia -y este es otro corolario relevante- por el hecho de que la coordinación por medios digitales sea cada año más veloz, más abarcadora, más creativa. Se trata, hasta cierto punto, simplemente de medios novedosos y de usos novedosos que no deben ser confundidos con la realidad sociológica en la cual existen. Confundir los instrumentos con las acciones, y observar las acciones sin atender a su contexto, a su marco de posibilidades, puede conducir a señalar novedades donde no las hay y, a la larga, a la falsa expectativa. O, como se dice, a buscar las llaves perdidas solamente ahí donde cae más luz.
