Compartimos la participación de Cécile Blouin, investigadora del IDEHPUCP, en el artículo de Página en Blanco.
Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), asegura que, en Perú, existen muchas limitaciones para el acceder a la condición de refugiado. “Incluso, hay muchos mitos sobre las personas venezolanas. Se dice que ellos acceden fácilmente a la salud y al trabajo, pero no es verdad”, señala.
Blouin manifiesta que, en Perú, los sistemas de salud son muy fragmentados. «Las personas venezolanas que han accedido al SIS [Seguro Integral de Salud] son personas que pueden acceder al margen de su nacionalidad: las embarazadas, los menores de 5 años y las personas con enfermedades crónicas, pero no los demás», comenta.
Asimismo, Blouin indica que la norma que prohíbe a las empresas tener más de 20% de trabajadores extranjeros hace que muchas de estas personas venezolanas no puedan conseguir un trabajo formal, por lo que terminan por sumergirse en la informalidad. «El 90% de la población venezolana trabaja en la economía informal», remarca.
La investigadora del IDEHPUCP Cécile Blouin también aduce que, en cuanto a los bonos durante la pandemia, el Estado peruano ha dejado a la población venezolana en manos de la comunidad internacional. «Es verdad que se puede apoyar en la cooperación internacional, pero lo que no puede hacer es darle toda la responsabilidad. Los que están aquí, en mi territorio, son mi responsabilidad», agrega.
Los datos expresados por Blouin, del IDEHPUCP, respecto de la situación laboral de las personas venezolanas se pueden confirmar con los que arroja la encuesta de Equilibrium. El 86.7% de los encuestados precisa que no cuenta con un contrato de trabajo, con lo cual no acceden a ningún tipo de beneficio laboral, y un 89.3% no emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios. Asimismo, un 36.7% se desempeña en el comercio ambulatorio, la principal actividad económica de la población venezolana en Perú.
Blouin señala que, en los últimos años, la sociedad peruana ha ido cambiando. Dice que, en Perú, antes había mayor apertura hacia los ciudadanos extranjeros, contrario a los que sucede ahora, que hay mucho rechazo, especialmente hacia la comunidad venezolana. «Ahora hay dificultades para acceso al trabajo. Lo que encontramos es que casi la mitad trabajaba de ambulante. Incluso, mucha gente que trabajaba se ha quedado sin empleo, y eso se va a agudizar para las personas venezolanas», precisa Blouin.
Blouin manifiesta que, en los últimos años, la capacidad de respuesta del Estado peruano se ha desbordado. Comenta que, en 2015, apenas había 432 solicitantes de asilo, cifra que se ha multiplicado por 1116 en solo cinco años.
La investigadora del IDEHPUCP, indica que, para que se pueda resolver las solicitudes de refugiados pendientes, al Estado peruano le tomaría cerca de 4 años, aproximadamente. En ese sentido, ofrece la alternativa de hacerlo de manera grupal. «En el derecho internacional, se puede resolver de manera grupal, lo que se conoce como prima facie, es decir, reconocer a un grupo de personas como refugiadas a priori. Por ejemplo, considerar refugiados a quienes entraron entre 2016 y 2018″, explica.
La definición amplia de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984) considera también como refugiados «a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público».
Blouin apunta que, para estas personas, regresar a su territorio de origen puede suponer un riesgo para sus vidas, por temas de inseguridad o perturbación del orden público. «Un reconocimiento masivo haría que el sistema de refugio sepa responder», enfatiza.
