13/03/2020

Perú: Tensiones y avances en la construcción de la memoria

Fuente: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Article 19 sección México, organizó en marzo del 2018 en la Ciudad de México el “Seminario: Impunidad de ayer y hoy, experiencias del sur global sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes de Estado” donde participaron miembros de organizaciones y universidades – entre ellas Idehpucp – que conforman la Red Latinoamericana de Justicia Transicional (RLAJT), la cual Idehpucp es miembro.

Publicamos el artículo de Iris Jave, Investigadora de Idehpucp y Miembro del Grupo de investigación Memoria y Democracia de la PUCP y de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional.

 

El conflicto armado interno que atravesó el Perú entre los años 1980 – 2000 marcó un trance lamentable y complejo en la historia del pueblo peruano, durante el cual grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru causaron terror en la población en su afán de tomarel poder. Este ha sido el episodio de violencia más extenso e intenso de toda la historia del Perú, cuyo saldo aproximadamente fue de 70,000 peruanas y peruanos víctimas (Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004: 17). Durante este periodo, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, genocidio, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia
sexual y asesinatos masivos, para mencionar algunos, los cuales todavía no han sido investigados y mucho menos sancionados.

El siguiente texto busca dar cuenta del papel que han venido desempeñando las organizaciones de víctimas en el Perú post-conflicto y cómo han ido construyendo un camino de participación, reconocimiento, búsqueda y ciudadanía. Para tal efecto, se narrará de manera breve el contexto y, con motivos explicativos, se presentará la información de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante CVR) en el tema del conflicto armado interno en el Perú, seguido del debate intenso que existe en torno a él.

Igualmente, tomaremos en consideración el rol de la memoria como política pública o como cosa pública, que implica también la utilización de una perspectiva desde las políticas del Estado. Para ilustrar lo anterior, se expondrán dos ejemplos de los avances y los retos que todavía prevalecen en el Estado peruano.

Debates contemporáneos

En el 2000, después de un periodo de gobierno autoritario liderado por Alberto Fujimori que culminó con su huida del país y su renuncia a la presidencia vía fax, el Congreso de la República deliberó y designó un gobierno de transición por un periodo de ocho meses con el objetivo de convocar a elecciones generales, garantizar la transparencia del proceso electoral y dejar una hoja de ruta que permitiera fortalecer la democracia y el Estado de derecho al siguiente gobierno. Se debe recordar que los actores del conflicto, quienes habían perdido legitimidad, empezaron a reactivarse con el inicio de la democracia. Al mismo tiempo, con la CVR, encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, se generó una ventana de oportunidad para que las víctimas pudieran comenzar a intervenir en el proceso de discusión y deliberación pública acerca de sus propias demandas y derechos. Así, en la narrativa pública quedó asentado que la transición culminó con el gobierno de transición.

Sin embargo, el Perú necesitaba una transición política más profunda que posibilitara identificar y resarcir los problemas derivados del terrorismo, la corrupción y el narcotráfico. En ese lapso se plantearon algunas reformas, como la de justicia y la de las fuerzas de seguridad que los siguientes gobiernos intentaron fortalecer; pero otros, más bien, debilitaron dichos esfuerzos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación y su mandato

La CVR estimó que el conflicto armado interno dejó más de 69,000 víctimas de las cuales al menos el 75% eran habitantes de zonas rurales, de procedencia indígena cuya lengua materna era el quechua, la segunda más importante del Perú y que vivían en situación de pobreza. Este rostro del conflicto del Perú se formó tras la creación de la CVR cuando se realizaron 229 audiencias públicas, más de 37 de ellas emitidas en distintas regiones del país y en las que se recogieron más de 17,000 testimonios.

Las audiencias públicas constituyeron un espacio donde la CVR permitió escuchar los testimonios de las víctimas de la violencia e informar acerca de los hechos que todo el país conocía, pero que nunca se habían visto reunidos, organizados o sistematizados, ni a los que se les había otorgado un rostro. Pero además de ello, se erigieron en un espacio de reconocimiento a las propias víctimas; un espacio público donde, por primera vez, las víctimas contaban con la palabra para dirigirse a representantes del Estado.

La CVR, que estuvo en funcionamiento entre el 2001 y el 2003, en su papel de institución estatal fue muy importante en visibilizar el rostro de las víctimas del conflicto. Algunos de sus aportes más significativos fueron, en primer lugar, proveer una explicación sistemática de la complejidad de la violencia, recogiendo toda la información ya existente de archivos de organizaciones de derechos humanos, del trabajo previo realizado por la Fiscalía, y de distintas entidades, incluyendo a la academia, desde donde se había producido mucho conocimiento al respecto.

A partir de ello, la CVR documentó un contexto en el que el grupo terrorista Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado peruano no solamente asesinando a policías, gobernadores regionales, alcaldes provinciales o distritales, sino también a líderes sociales, religiosos o de iglesias católicas y evangélicas, así como a representantes de otros grupos sociales, de diferentes ONGs de desarrollo y/o de cooperación internacional. Se trató de una declaración de guerra en contra de todo el Estado peruano por un deseo de instaurar un nuevo modelo político en el país.

El segundo aporte tiene que ver con el enfoque de “centralidad en las víctimas”, que supone colocarlas en el centro de la atención para conocer el daño causado y la afectación recibida, y de igual forma para constar que el ámbito de peruanos y peruanas afectados por el conflicto llegó a extenderse a indígenas de los mundos andino y amazónico. Esas víctimas de la violencia que, en primer plano, habían sido excluidas por la sociedad a pesar de también ser ciudadanos.

Finalmente, la CVR generó bases para organizar nuevas políticas públicas de memoria. Por ejemplo, se desarrolló un Plan Integral de Reparaciones en coordinación con ONG de derechos humanos. Igualmente, se elaboró una propuesta pedagógica para la enseñanza del conflicto armado interno acogido por el Ministerio de Educación que, sin embargo, luego retrocedería sin poder ser aplicada. Asimismo, estableció un Plan Nacional de Exhumaciones, el cual determinó que existieron más de 4,000 sitios de entierro clandestino, de fosas individuales y colectivas; también dejó 47 casos documentados con testimonios y documentos para su judicialización.

Como cualquier otro mecanismo de justicia transicional, las investigaciones de la CVR no fueron necesariamente vinculantes. La CVR no se originó con ese mandato, sino que más bien fue creada para la producción de un relato, para encontrar la verdad y poder dar recomendaciones de reformas institucionales, reparaciones y reconciliación. En síntesis, esta no tenía que efectuar; solo recomendar.

La CVR terminó su trabajo en 2003 con la entrega de su informe final. A la par, se generó un intenso debate en la esfera pública, creándose una paradoja: un proceso de verdad y memoria en donde los principales actores políticos del país tienen deudas con el pasado. Ello sucede con los cuatro últimos presidentes del Perú comprometidos con violaciones a los derechos humanos en el pasado, pero también con casos de corrupción. Entonces se empieza a ver cómo estas variables se cruzan en términos de impunidad, y cómo avanza una institucionalización de una práctica vinculando estos hechos.

Como fue mencionado, la transición es más o menos una participación formal que cuenta con la recurrencia de elecciones y la elección de representantes. No obstante, debido a una representación muy débil, los partidos políticos se encuentran poco fortalecidos y cada proceso electoral es casi una necesidad en la que se elige a uno para impedir que gobierne otro considerado peor. Por ende, se trata de un tránsito que aún no ha visto el cambio completo.

Las dos caras de la memoria y la verdad

Tras el término del conflicto, distintos actores políticos se reactivaron y se fue asentando una narrativa que enfatizó el papel de las fuerzas armadas en la pacificación del país frente a la amenaza permanente de la subversión y el desgobierno. A esta narrativa se le conoce como “memoria de salvación” (Degregori, 2003: 13) debido a que coloca a Alberto Fujimori, respaldado por las fuerzas armadas, como el único responsable de la derrota estratégica contra Sendero Luminoso. Así, el ex gobernante se convierte en un “salvador” que se enfrenta al terror, el odio y la masacre entre peruanos provocada por un personaje “sanguinario” como Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Esa memoria de salvación sitúa al ex presidente Alberto Fujimori y su legado como un aporte relevante a la lucha contra la violencia; la consecuencia de ello es que esta memoria legitima el autoritarismo en la conducción del Estado (Barrantes y Peña, 2006: 19), al justificar violaciones a los derechos humanos como parte del costo de la guerra.

Por otro lado, tenemos la “memoria de reconciliación” —en la misma línea de reflexión de Degregori— que ha intentado mostrar a las víctimas desde sus demandas, sin estar muy presentes o muy visibles. Ello se explica alrededor de la ausencia de espacios de diálogo y de la dificultad para procesar los hechos en los medios de comunicación y en las escuelas. Examinando los contenidos de los medios, puede uno pensar que en el Perú no pasó nada, que no hubo guerra interna, ni víctimas, ni gente buscando a sus desaparecidos. Desde el Estado, a través del Ministerio de Educación, se han producido algunas iniciativas para incorporar la enseñanza del pasado reciente en la escuela, pero los debates surgidos en torno al tema entre diversos actores políticos y medios de comunicación, han boicoteado esos esfuerzos. Asi, tenemos una suerte de sanción social y moral contra los procesos y los actores de la guerra. Es un tabú hablar de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, e incluso en los debates públicos se ha llegado a vincular a las víctimas con los terroristas. Cualquiera que reclame por las víctimas, socialmente, puede ser acusado de ser terrorista. En la esfera pública, hemos pasado del negacionismo de quienes no quieren aceptar cómo fue el conflicto armado interno hacia la posverdad, creando una serie de fake news. Este fue el caso de una obra artística donada en 2018 al Museo de Arte de Lima, el más importante del país, por la Asociación Con/Vida Popular Arts of the Americas y que fue acusada de apología del terrorismo.

La colección fue impedida de mostrarse en el Museo debido a la intervención de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) que, con motivo de una denuncia de la Fiscalía, realizó una investigación para comprobar si los dibujos en estas obras estaban representando al terrorismo. La colección denominada Piraq, vocablo quechua que significa Causa (¿Quién es el causante?), está formada por un conjunto de tablas pintadas a mano por
los pobladores que cultivan el arte de forma ancestral en la comunidad de Sarhua. Las pinturas representan cómo Sendero Luminoso y las fuerzas del orden ocuparon su comunidad; cómo la gente vivió el temor, la desesperanza y la angustia en los años 80 y 90, los más intensos de la guerra.

La memoria como política pública

Al plantear el tema de la memoria como cosa pública, y estando ubicados en un momento de aprendizaje en nuestros países, surgen otros canales de acción además de los provenientes de las organizaciones de víctimas los cuales piden mirar cómo se transitan estrategias y articulaciones entre diversos actores del Estado y de la sociedad.

También, comienza a darse un recambio, un aprendizaje desde el Estado. Las y los funcionarios han ido incorporando la memoria y la visibilidad en los derechos humanos y la van socializando como una política pública. Esto constituye un aspecto fundamental ya que permite institucionalizar algunas políticas; es decir, por ejemplo, que la promoción de los derechos humanos deja de ser la lucha aislada de los familiares y las organizaciones de derechos humanos, para ser incorporada como políticas estatales. En ese sentido, se empiezan a establecer puentes y lazos de diálogo con representantes del Estado. Se interviene políticamente, al igual que se participa y delibera en distintas políticas.

A continuación, mencionamos dos ejemplos de lo que planteamos. El primero es el caso del Santuario de la Hoyada, un terreno adyacente al cuartel Los Cabitos en Ayacucho, donde la CVR determinó que se habían producido más de 136 asesinatos extrajudiciales, entre los que había víctimas hombres, mujeres y niños (Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004: 71). Además, se ha constatado la existencia de un horno crematorio, por lo que pudiera presumirse que en este lugar muy probablemente se incineraban los cuerpos de las personas que entraban detenidas. Para las víctimas de Ayacucho, se trata de cientos y miles de desaparecidos en este sitio recientemente investigado. Como consecuencia, en el 2003 la CVR colocó el tema y ello provocó el inicio de un proceso judicial en 2005 (Jave, 2017: 10-11). Hoy en día, aunque no se ha conseguido identificar y condenar a los responsables, se ha iniciado un proceso de incidencia y reconocimiento al lugar de entierro como un espacio de memoria.

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), la organización de víctimas más antigua del país, formada por mujeres quechua-hablantes, inició un proceso de incidencia para que el terreno al lado del cuartel, en Ayacucho, fuera declarado como Santuario de la Memoria. En 2007, dicho terreno fue declarado como zona intangible, se ordenó la realización de exhumaciones y se efectuaron —hasta la fecha— más de 3,300 excavaciones para dar con los restos de las personas supuestamente ubicadas ahí. Producto de las excavaciones fueron ubicados 109 restos de los cuales solo cinco han podido ser identificados (Jave, 2017: 10-11).

Para las señoras de esta organización, el Santuario es un lugar sagrado porque el terreno puede contener a sus familiares, la tierra es sagrada porque para ellas “yacen ahí”. Eso es entonces lo que impulsa su proceso de incidencia, tienen relaciones con el Gobierno local así como con el Gobierno regional, y por último logran que el Gobierno nacional declare formalmente este terreno de siete hectáreas como santuario, para ahí llevar a cabo la construcción del Santuario de la Memoria en honor a los desaparecidos.

El segundo ejemplo se enfoca en la Ley Nº 30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980-2000,5 promulgada el 2016 para responder a una problemática que había sido invisibilizada por más de 30 años. Hoy sabemos que existen más de 20,000 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia. La Ley es resultado de un proceso de incidencia promovido por organizaciones de víctimas, funcionarios de gobierno y de cooperación internacional, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja juega un papel relevante. La Ley de Búsqueda asume un enfoque humanitario, buscando así tener un efecto reparador sobre las víctimas. Muchas de las víctimas ya están muriendo, tienen más de 60 o 70 años, y varias han fallecido sin ver la justicia. Por lo tanto, lo que busca esta Ley es que se les pueda otorgar respuestas a los familiares. Se le denomina “enfoque humanitario” porque busca dar respuestas a las víctimas a través de un componente de derecho a la verdad y/o de búsqueda para el hallazgo e identificación de personas; sin esperar el mandato judicial, aunque no lo anula, se presentan las dos estrategias de búsqueda: la judicial y la humanitaria.

En Perú existe un clima político con debilidad institucional, nacional y regional que, a veces, pone en riesgo los mecanismos de justicia transicional, por ejemplo, cuando hubo cambio de ministro de Justicia, este rápidamente resolvió el indulto al ex presidente Fujimori originando así la crisis durante el Gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, a pesar de la inestabilidad política que produjo el cambio de presidente y de ministros, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas siguió funcionando aunque con algunos recortes presupuestales y un equipo básico. Ello explica que recién se aprobara su plan de trabajo para la búsqueda de personas desparecidas en 2019. De este modo se viene acompañando a los familiares para que puedan continuar interviniendo con estrategias de búsqueda en articulación con la instancia del Estado correspondiente.

En cuestiones relacionadas con la disponibilidad de la información, podemos decir que el ministerio de Defensa no otorga ningún tipo de información desde hace años, no desclasifica los documentos, ni mucho menos identifica a los responsables de los hechos criminales que se cometieron.

Pese a lo anterior, en otros sectores de la justicia, se puede avanzar con otro tipo de políticas y de información para encontrar la verdad. Las víctimas han estado adquiriendo en este proceso una serie de recursos para su interlocución con el Estado que les permite una mayor participación y visibilidad. Esto es atribuible, en parte, al acceso educativo con el que cuenta la nueva generación que ha favorecido el desarrollo de un recambio nacional en las organizaciones impulsando, a su vez, nuevas estrategias y enfoques.

Finalmente, a través de sus organizaciones, las víctimas vienen desarrollando una capacidad de agencia a partir de su experiencia en el diálogo con instancias estatales y organizaciones sociales, adquiriendo una serie de recursos que da fuerza a sus demandas y les brinda legitimidad. Esto ha hecho posible abrir un espacio un poco más amplio de gestión de derechos y de fortalecimiento de ciudadanía.

De igual forma, se identifica que de las nuevas luchas políticas por el reconocimiento, surgen otros actores quienes empiezan a conocer y utilizar mecanismos de justicia transicional a partir del trabajo de las organizaciones de víctimas. Aquí se debe hacer especial referencia a los pueblos indígenas que están comenzando a trabajar temas de participación política y memoria, sobre todo los indígenas amazónicos, y la comunidad LGBTI que ahora ha solicitado una Comisión de la Verdad que identifique e investigue los crímenes que cometieron tanto el Estado como los grupos terroristas contra estas comunidades durante el periodo de violencia.

Conclusiones

El espacio educativo sigue siendo un espacio crítico: la sanción social impide que en un espacio donde debería surgir el diálogo con los estudiantes no haya posibilidad para la enseñanza del pasado reciente. Aunque existe la normativa para ello, desde el Estado no se ha logrado implementar una política efectiva para su inclusión. Los ataques de actores políticos así como una narrativa vinculada al negacionismo a tratar los temas del conflicto armado interno en la escuela han fortalecido el olvido de esta historia.

Al mismo tiempo, existen nuevos liderazgos en las organizaciones de víctimas en el sentido de que hay una recomposición de las mismas, del rol que hoy asumen en su relación con el Estado y con otros actores de la sociedad. En el escenario regional, se fueron creando diversos sitios de memoria en el marco de procesos de conmemoración y reconocimiento de los hechos y víctimas del pasado reciente, que contribuyen a reforzar espacios de memoria y de participación de las víctimas, como en el caso de la búsqueda de personas desparecidas. Las víctimas están transitando hacia un proceso de ejercer su ciudadanía a partir de una mayor participación en la toma de decisiones de los temas públicos, como la búsqueda de personas desaparecidas.

Referencias

• Barrantes, Rafael y Peña, Jesús (2006). Narrativas sobre el conflicto armado interno en el Perú: la memoria en el proceso político después de la CVR, p. 19. En: Transformaciones democráticas y memorias de la violencia en el Perú. Colección Documentos de Trabajo | Serie Reconciliación N.° 2
• Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú. Lima: CVR, p. 17; 71.
• Degregori, Carlos Iván (ed.). (2003) «Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú». Introducción. Lima: IEP y Social Science Research Council, p. 13.
• Jave. I (2017). El Santuario de la memoria La Hoyada, Ayacucho: El proceso de diálogo y negociación en la construcción de un espacio de memoria, p. 10 – 11.
• Reátegui, E. (Coord). (2008). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, p. 17.