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Nacional 29 de junio de 2018

Rafael Chanjan, abogado e investigador del Idehpucp, fue consultado por el diario El Comercio para que dé sus impresiones sobre la exclusión de las consorciadas de Odebrecht (ICCGSA, Graña y Montero, JJC Contratistas), en la investigación del caso Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. Las compañías mencionadas estaban incluidas bajo la tesis fiscal de que sus estructuras empresariales habrían facilitado los delitos que sus ex directivos presuntamente cometieron. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones consideró que fueron mal incorporadas.

En el artículo, Chanjan sostiene que no es necesario exigir a la Fiscalía una precisión tan alta de los cargos que ejercían los ex directivos de las consorciadas ya que el proceso está en una etapa inicial. Solo bastaría con indicar que los delitos se cometieron  utilizando a la organización o en el marco de sus actividades. “Quienes ganaron la buena pro fueron las empresas, no sus directivos, y a través de estas se habría lavado el dinero y repartido las utilidades; el mismo caso demuestra una evidencia alta de la peligrosidad que tienen”, señaló a El Comercio.  Finalmente, Chanjan indicó que para que la Sala no vuelva a revocar la disposición de la Fiscalía respecto a las consorciadas, esta debería precisar en su nuevo pedido qué sanción penal (también llamada «consecuencia accesoria») les correspondería.

Rafael Chanjan es el coordinador del Proyecto Anticorrupción del Idehpucp. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es docente del Departamento Académico de Derecho de la misma casa de estudios. Becario y Doctorando en Derecho por la Universidad de Murcia (España). Máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga (España). Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España). Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la PUCP. Ha sido comisionado de la Defensoría del Pueblo del Perú.