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Nacional 29 de septiembre de 2019

Rafael Chanjan, abogado e investigador del IDEHPUCP, opinó respecto a la participación del presidente Martín Vizcarra en la concesión del proyecto del nuevo aeropuerto internacional Chinchero (Cusco) al consorcio Kuntur Wasi S.A.


 El penalista Rafael Chanjan precisa que mientras Vizcarra sea presidente no se le puede realizar ninguna investigación formal ni acusación fuera de los supuestos establecidos en la Carta Magna.

“Pero el artículo 117 no impide, desde mi punto de vista, que el Ministerio Público, en este caso Fiscalía de la Nación, pudiera realizar lo que se denomina indagaciones previas, que son pesquisas muy iniciales que de manera autónoma y en uso de sus competencias constitucionales realiza el Ministerio Público para averiguaciones iniciales, preliminares de determinada noticia con connotación criminal”, apuntó.

Sobre la posibilidad de una denuncia constitucional, Chanjan refiere que sí, considerando que los hechos que vinculan a Martín Vizcarra con el Caso Chinchero se refieren a su condición de ministro de Estado en la cartera de Transportes. Por tanto, goza de la inmunidad del antejuicio político hasta cinco años después de haber dejado el cargo, según el artículo 199 de la Constitución.

“El Ministerio Público tendría que realizar alguna denuncia constitucional que tendría que ser luego remitida al Congreso para que siga el antejuicio”, manifestó.

Respecto a la pregunta de cuánto protege a Martín Vizcarra su condición de presidente de la República, Chanjan refiere que lo señalado por la Constitución no tendría que ser obstáculo para que el Ministerio Público realice indagaciones y, luego de terminado el mandato presidencial, estas sigan su curso y el trámite que corresponda. “La Constitución simplemente habla de durante su período. Esto ha sido entendido como una inmunidad que abarca cualquier tipo de proceso o acusación penal, no necesariamente que tenga que ver con hechos que han ocurrido durante el desempeño del cargo”, dijo.

De acuerdo al penalista Rafael Chanjan, lo que podría hacer la fiscalía es realizar indagaciones iniciales o preliminares, recabar información y, terminado el mandato, formalizar alguna eventual acusación.

“Esa tendría que ser la vía que tendría que seguir el Ministerio Público. Y me parece que es la que viene siguiendo. No tendría que suponer un obstáculo para la función constitucional de investigación e indagación previa que realiza el Ministerio Público”, manifestó.