Compartimos la columna de Cécile Blouin, investigadora del IDEHPUCP, publicada por RPP.
«La población extranjera también importa» es el lema de una campaña del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para visibilizar la situación de las personas migrantes en el país. Con ello, se intenta recordar que la solidaridad y empatía no tienen límites, aún menos basados en criterios como la nacionalidad o la condición migratoria. Podemos y hasta debemos, en el sentido ético, sentir la misma preocupación por la situación de la población peruana en condición de informalidad que la de sus pares venezolanos y venezolanas, incluso sin limitarnos a una nacionalidad.
La situación de la población venezolana en el país, así como de otras nacionalidades, como la población haitiana en tránsito, es sumamente precaria. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Informática e Estadística para el 2018, el 88.5% de las personas venezolanas que se encuentran trabajando lo hacen sin contrato y más de la mitad recibe un pago semanal o diario. Señala también que el 91.5% no tiene ningún seguro de salud. Si bien no se ha vuelto a hacer una encuesta de esta magnitud en el Perú, otras encuestas como las de la Organización Internacional para las Migraciones nos permiten afirmar que la población venezolana que llegó durante el 2019 se encuentra en mayor vulnerabilidad desde el origen. Recordemos que uno de los motivos para huir de Venezuela es la situación sanitaria del país caracterizada, entre otros, por la falta de medicamentos e insumos en general. Al llegar al lugar de destino, las personas migrantes también enfrentan dificultades por las características del mercado laboral, la discriminación y el acceso a la documentación. Si bien muchas de estas características son compartidas con un gran número de la población peruana, varias de ellas se agudizan por su misma condición de no nacional que lo diferencia y estigmatiza. Agregado a ello, no cuentan con redes de apoyo, como familia y amistades, para el cuidado de los menores y mayores de edad que tienen a cargo y tampoco para encontrar alojamiento.
La gravedad de la situación sanitaria que vivimos ha llevado al gobierno peruano, al igual que muchos otros en el mundo, a tomar medidas excepcionales y drásticas para contener la propagación del virus tales como el confinamiento obligatorio. Este limita el ejercicio del derecho a la libre circulación y, por lo tanto, restringe para el 70% de los y las trabajadoras informales la posibilidad de generarse ingresos. Estos impactos están siendo mitigados por algunas de las iniciativas del gobierno entre las cuales la implementación de un subsidio monetario para familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, llama la atención que esta propuesta no haya contemplado a la población extranjera (en las mismas situaciones de pobreza y extrema pobreza) como beneficiarias. Como lo afirma la Defensoría del Pueblo, es hoy más que nunca necesario incluir a todas las personas en cualquier medida que se tome para garantizar las condiciones de vida de toda la población. Sin ello, estamos poniendo en riesgo lo que justamente estamos buscando: prevenir la propagación del virus.
