Replicamos la columna de Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP, para RPP sobre las recientes elecciones congresales y el caso de Ayacucho, respecto a la participación de líderes y lideresas de organizaciones de víctimas.
Las recientes elecciones para el Congreso 2020 trajeron consigo algunas variables para comprender el nuevo escenario político -como la elección de la bancada del FREPAP que hasta entonces no había aparecido en los medios ni en las encuestas-; pero sobre todo para dar cuenta de las transformaciones de la política regional y sus actores. Me refiero particularmente a la región Ayacucho, donde las candidaturas de líderes y lideresas de organizaciones de víctimas que participaron en la reciente elección, reflejan la demanda por la búsqueda de una mayor actoría en su relación con el Estado y una representación formal que les sitúa en la arena política.
Se trata de nuevos liderazgos, personales y carismáticos, que responden a demandas colectivas –de organizaciones de víctimas- y que obtienen resultados para un grupo de personas con sus mismas demandas, pero que al mismo tiempo empiezan a ingresar a la política formal: las agrupaciones políticas les convocan debido a su pertenencia a una base social, aunque no necesariamente para apoyar sus demandas sino debido al liderazgo que ejercen. Los dirigentes de organizaciones de víctimas han asumido un liderazgo político que les ha permitido ganarse un espacio de legitimidad ante otros actores del Estado, instituciones privadas, la academia, etc. Ese liderazgo, desde su propia identidad de víctimas, les genera un reconocimiento social y político que facilita el ingreso de su agenda al espacio público, en primer lugar, colocando sus propias demandas en torno a las reparaciones y la defensa de sus derechos, y, en segundo lugar, como una palestra para asumir cargos de representación política formal. Una mirada rápida a los casos de Daniel Roca[1], actual alcalde de la provincia de Cangallo (Ayacucho); Nilton Salcedo[2], consejero regional del Gobierno Regional de Ayacucho; o las postulaciones de Javier Tineo, ex presidente de la CORAVIP (Ayacucho) y de Adelina García, de la ANFASEP, ambos candidatos en las elecciones complementarias para el Congreso 2020, son una muestra de ello.
Este es un proceso que se gesta desde las trayectorias personales y colectivas de líderes y lideresas de organizaciones de víctimas que se viene desarrollando en el ámbito regional, donde la incursión de estos liderazgos empieza a funcionar como ha ocurrido con los movimientos sociales indígenas y de mujeres que también han transitado de la arena colectiva, representando a sus organizaciones, a la arena política, donde buscan una representación política formal. identidad de las líderes está fuertemente ligada a la organización de víctimas y les resulta difícil diferenciar su accionar cuando participan en la política formal. Así, las organizaciones pueden sentirse debilitadas si sus líderes transitan a la política formal, o fortalecidas, si asumen como un aprendizaje las interacciones propias de la política.
En ambos casos, el tránsito de la política de las organizaciones a la política formal problematiza los liderazgos y la participación al interior de estas agrupaciones sociales. En donde hay coincidencia plena es en que la agenda de sus demandas en torno a las reparaciones educativas, de salud, vivienda y simbólicas, siga avanzando en base a una interlocución permanente con el Estado. En un contexto de polarización política en torno a la memoria y a la estigmatización permanente hacia las víctimas, la emergencia de estos nuevos actores, que han sido marginados por años en la arena pública, constituye un signo vital de la democracia: nuevos actores y discursos van irrumpiendo desde los contextos regionales.
[1] Ex presidente de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia. Alcalde provincial para el periodo 2019-2022
[2] Ex presidente de la asociación de víctimas de Huanca sancos. Consejero regional para el periodo 2015-2018
