Rafael Chanjan, abogado penalista y profesor de la PUCP, fue entrevistado en RPP sobre las consecuencias legales para los altos funcionarios del caso Vacunagate.
El abogado penalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Rafael Chanjan, dijo que los indicios conocidos hasta el momento ameritan una investigación a nivel administrativo, ético y también penal. “En caso de concusión, estamos hablando de aquel funcionario que obliga a una persona a que le entregue un beneficio, abusando de su poder. Por lo tanto, hay varios elementos que van a tener que comprobarse”, consideró.
En el caso del delito de negociación incompatible, Chanjan dijo que se deberá tener “mayores pruebas de una actuación interesada, en este caso del expresidente Vizcarra para favorecer irregularmente a una empresa, Sinopharm, para la contratación de vacunas”.
Chanjan concuerda en que la máxima sanción en la vía administrativa es la inhabilitación para ejercer un cargo público. “El expresidente y las exministras pueden ser sometidos a un procedimiento de juicio político que puede tener una eventual sanción, si así lo considera el Congreso, de diez años de ejercer el cargo público. El Congreso podría inhabilitarlos hasta por diez años por haber infringido algún artículo de la Constitución. Esa es una sanción de naturaleza administrativa-política”, consideró.
