20/09/2013

Salomón Lerner Febres en El Espectador de Colombia: "Una comisión de la verdad se legitima dando voz a las víctimas"

El diario El Espectador (Colombia) publicó el martes 17 de septiembre una entrevista realizada por la periodista Astrid Elena Villegas al doctor Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, por los diez años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el diálogo, el rector emérito de la PUCP también se pronuncia sobre la posibilidad de la creación de una comisión de la verdad en Colombia. Reproducimos a continuación el contenido de la entrevista.

El 28 de agosto se cumplen diez años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (conocida como la CVR). Diez años del momento en que trece comisionados -entre académicos, representantes de organizaciones sociales, de la Iglesia, e incluso un militar-, le mostraron al país el relato construido en numerosas regiones del país sobre la violencia sufrida en su territorio: las historias de horror cometidas tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas, la comprensión de las causas que dieron origen a ella, las estadísticas, y recomendaciones para construir un país a partir del reconocimiento del pasado.

Desde su despacho en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Perú, a unos metros del monumento a los estudiantes desaparecidos, Salomón Lerner reflexiona sobre el legado de la comisión de la verdad que presidió. Dicha Comisión operó entre 2001 y 2003, después de la derrota de Sendero Luminoso, y mientras el país se encontraba en plena transición a la democracia, reacomodando las instituciones que permitieron la corrupción y las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Cómo ha sido la respuesta pública al informe de la CVR a lo largo de estos diez años?

Cuando salió el Informe muchas personas se sintieron impactadas por un fenómeno que quizás habían minimizado en Lima y en las grandes ciudades, y constituyó un llamado de atención para que viéramos nuestros errores en lo político y en la vida social. En ese momento, las encuestas mostraban una mayoría que aceptaba el Informe y lo entendía como un documento importante que facilitaba la toma de conciencia de lo que había ocurrido. Además de reseñar 20 años de violencia, el Informe hacía un diagnóstico de la sociedad peruana y daba elementos para proyectarla hacia el futuro con un modelo de sociedad más pacífico y más democrático.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo, ha crecido el ataque al Informe y a la Comisión. Creo que se debe a que esto ya va entrando en la historia, y hay actores que jugaron un papel muy triste, que están vivos, y que no quieren pasar a la historia como personas que permitieron eso o participaron en ello.

Lo curioso es que las críticas vienen de diversos lados: unos dicen que el Informe fue benevolente con Sendero Luminoso; otros, que inflamos las cifras en contra de Sendero, o que los integrantes teníamos sesgos ideológicos. Pero nosotros honramos un compromiso ético con el país, y yo puedo asegurar que no hubo ningún elemento ideológico o político que sesgara nuestros estudios.

¿Cuáles eran las verdades que resultaban más incómodas, y cuáles los sectores a los que les resultaban incómodas?

Nosotros sabíamos que narrar 20 años de violencia –de 1980 a 2000-, de entrada comprometía a los protagonistas de la propia lucha. Por un lado, a los militantes de los grupos subversivos y terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, y, por otro, al Estado en la figura de sus Fuerzas Armadas y su Policía. Pero, como estas instituciones no están suspendidas en el aire, nuestra investigación era también incómoda para los gobiernos durante los cuales se había asentado la conducta de estas Fuerzas Armadas y policiales que habían combatido la subversión, cuando lo habían hecho mal. Encontramos, además, otros actores sociales implicados, como las iglesias, el sector educativo y los partidos políticos. En el poder judicial hallamos sujeción al poder político, miedo y la venalidad de algunos jueces.

¿Cómo se imagina que sería el Perú actualmente si no hubiera tenido el proceso de la CVR?

Creo que la situación no sería muy diferente a la actual, porque aquello que dejó en herencia la CVR a los poderes públicos no ha sido cumplido. Creo que el valor de la Comisión está en la toma de conciencia de vastos sectores de población sobre lo que es el Perú, sobre sus problemas y la necesidad de la inclusión social, como lo sacó a relucir el informe. Pero sus recomendaciones siguen pendientes. Por ejemplo, en el caso de las reparaciones. Es indignante que se diga que se repara a las víctimas cuando esa reparación llega 15 o 20 años tarde, se reserva para las personas mayores de 65 años, y se dan 10 mil soles para toda una familia (3.570 dólares / 6.6 millones de pesos aproximadamente). Por eso creo que está vigente el Informe, porque aún no se ha hecho lo que recomienda, y porque no ha habido nadie que, cumpliendo un mandato del Estado, haya tenido la osadía de decir las cosas como nosotros dijimos.

En Colombia se habla actualmente de crear una comisión de la verdad. Fue incorporada en la reforma constitucional conocida como el marco jurídico para la paz, y se ha mencionado en los diálogos de La Habana. ¿Cuál debe ser el escenario que dé origen a una comisión de la verdad?

Una comisión de la verdad debe ser creada en el reconocimiento de la responsabilidad por parte de aquellos que están implicados en la historia que se ha de contar. Solo sobre la base de la verdad, y del coraje para decir “sí, yo hice esto”, es que puede establecerse una especie de diálogo productivo.

¿Ese es el reto de la justicia transicional?

El gran reto de la justicia transicional es saber cómo llegar al fin de la lucha y a la reconciliación sin que haya menoscabo de la justicia y de la verdad. Con una actitud auténtica por cada parte en el conflicto y la aceptación de responsabilidades se pueden construir procesos que, sin traicionar los principios de la justicia, alcancen una justicia componedora. El bien común implica la justicia, pero va más allá. No quiero decir amnistías ni indultos, pero sí establecer distintos rangos de responsabilidad y el juicio severo a los principales responsables. Ahí se necesita, no aplicar la ley a ciegas, sino entender las situaciones. Eso no excusa a una persona inferior de ser un perpetrador, pero sin duda hay responsabilidades mayores en aquellos que ordenaron. Eso es lo que ha ocurrido aquí en el Perú felizmente al juzgar a Alberto Fujimori y a Abimael Guzmán.

Perú tuvo primero comisión de la verdad, y ahora se construye un proyecto de memoria. En Colombia se acaba de publicar el informe general de memoria, y ahora se empieza a hablar de comisión de la verdad. ¿Cuáles son los elementos específicos de una comisión de la verdad?

Una comisión de la verdad se legitima escuchando a la sociedad y dándoles voz a las víctimas. Eso es lo que nosotros reiteramos. Una comisión de la verdad no puede ser el trabajo de eruditos. La eficacia nacional, social, que pueda tener la verdad se haya vinculada a la credibilidad y a la legitimidad social: que la gente diga “sí, yo fui consultada, a mí se me preguntó”, y entonces haya un efecto de espejo, que se sientan reflejados en lo que se dice. Además, creo que verdad y memoria son dos elementos inseparables. Por una parte, se tiene que establecer lo auténtico, aclarar los sentidos, porque la verdad no está en el terreno de las ciencias naturales, de una relación causa-efecto, sino en el de la ética y la política, de la acción humana en la que juega la libertad y hay responsabilidad. Esos sentidos, aclarados por una comisión de la verdad, son los que hay que recordar con las iniciativas de memoria. La memoria tiene que partir de lo cierto, si no, mejor la amnesia.

(*) La realizacion de la entrevista contó con el apoyo de Eduardo González, Marta Martínez y Félix Reátegui, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.