Compartimos los comentarios de Cécile Blouin, investigadora del IDEHPUCP.
Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), considera que este decreto de regularización constituye una buena señal, porque, luego de que en octubre de 2018 se eliminó el Permiso de Temporal de Permanencia (PTP), no se había establecido otro mecanismo para que los venezolanos que están dentro del país pudieran optar a una calidad migratoria.
Aparte, resalta el hecho de que esta norma permite por primera vez que quienes hayan entrado a Perú de manera irregular puedan solventar su situación migratoria. No obstante, Blouin denota ciertas contradicciones en la norma que en la práctica hará cuesta arriba la regularización de los migrantes venezolanos.
Por un lado, el decreto menciona entre los requisitos la presentación del pasaporte vigente, lo cual constituye un problema porque muchos tienen el documento vencido y renovarlo a través del consulado de Venezuela en Perú tomaba más de tres meses en tiempos prepandemia. Ello sin contar que el trámite tiene un costo de entre 180 y 280 dólares, dependiendo de si es una prórroga o emisión de uno nuevo.
La investigadora destaca que el pago de la multa también supone un obstáculo para quienes quieran optar a la regularización, porque las medidas de confinamiento golpearon la economía del país y muchos migrantes perdieron su trabajo. La caída de los ingresos ha sido tal, que su efecto se vio reflejado en las remesas que se envían a Venezuela. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos Equilibrium, 67% de los consultados dejó de enviar dinero por la crisis que originó el Covid-19.
