Yván Montoya, asesor del Idehpucp, fue consultado por el diario El Comercio sobre la nueva ley de financiamiento ilegal de partidos políticos que el Pleno del Congreso ha aprobado recientemente. Esta norma ha sido muy cuestionada por la posibilidad de que políticos investigados por la Fiscalía por ilícitos aportes a sus campañas electorales, ya sea del 2006 o 2011, puedan acogerse a ella a través de la retroactividad penal benigna.
Montoya, ex procurador anticorrupción, se refirió al aspecto de la norma en la que se estipula que las opiniones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “liberan de responsabilidad penal, civil y administrativa” a los investigados.“Ese anudamiento de dejar vinculado al fiscal a ese informe es a todas luces inconstitucional. Ese mecanismo ya se vio con los delitos tributarios, y se cambió. Ahora solo son informativos y no vinculantes porque se determinó la autonomía del Ministerio Público”, sostuvo.
Finalmente, Montoya comentó qué ocurriría si ciertas personas que están llevando procesos por el delito de lavados de activos trataran de acogerse a la retroactividad benigna: «El fiscal se va a oponer diciendo que esto no es un delito atenuado porque se trata de un bien jurídico y con conductas diferentes. Hay un margen considerable para interpretar que son dos figuras diferentes”, concluyó.
Yván Montoya es asesor del Idehpucp y profesor principal del Departamento de Derecho de la PUCP. Sus grados de Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España y abogado por la PUCP le permitieron desempeñarse en la jefatura de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Montoya es, además, especialista en delitos contra la administración pública y crímenes contra los derechos humanos.
