01/10/2013

Yván Montoya: "Es desmoralizante ver a Toledo y García implicados en casos de corrupción"

Durante su viaje a Arequipa para la realización del Curso de Especialización en delitos contra la administración pública destinado a jueces y fiscales de dicha región, Yván Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, fue entrevistado para la edición sur del diario La República. En diálogo con el periodista Jorge Turpo Rivas, Montoya reflexiona sobre la situación actual de la lucha contra la corrupción en el país. Reproducimos a continuación esta entrevista.

Cuando parecía que el Perú empezaba a sacudirse del estigma de país megacorrupto, después del gobierno de Fujimori, ahora estallan los casos de presunto enriquecimiento ilícito de dos expresidentes (Toledo y García). ¿La corrupción es nuestra ancla?

Si leemos el libro de Alfonso Quiroz “Historia de la corrupción en el Perú”, lamentablemente no nos debería extrañar lo que está ocurriendo. En la historia del Perú son recurrentes las situaciones de alta corrupción, desde el virreinato, inicios de la república y hasta ahora. Cuando creíamos, como usted dice, que la megacorrupción que albergó los años del gobierno del expresidente Fujimori se había superado y que íbamos en buen camino, saltan los casos que involucran a dos exjefes de Estado. Eso genera una situación de desconfianza. Habíamos ganado espacio entre el 2001 y 2003, pero estos nuevos episodios parecen dar el mensaje de que estamos condenados a no revertir esta situación muy lamentable. 

¿Hay frustración entre quienes luchan contra la corrupción?

Efectivamente frustra, sobre todo por el caso de Alejandro Toledo. Después de Valentín Paniagua, Toledo continuó en gran medida el trabajo contra la corrupción, dio el respaldo y se pudo traer a varios exprófugos de la justicia. Entonces verlo ahora en la situación en que está, cuando debió ser la figura a destacar en esa lucha, es lamentable. Más allá de que se pruebe o no el ilícito, hay montos exorbitantes que habría manejado el expresidente y que son intolerables desde la ética pública. 

En el Perú tenemos a un expresidente en la cárcel, además de generales, empresarios y exministros por corrupción. Hubo resultados concretos contra este flagelo.

Fue inédito, como nuestro propio Tangentópolis, el caso de Italia, donde cayeron varios líderes políticos, sindicales y más dentro de la mafia y corrupción. Tuvimos nuestro propio proceso de manos limpias. Y todo se hizo con nuestro propio sistema juidicial.

¿Por qué da la impresión de que todo eso quedó congelado?

Empezar a ver a los más altos funcionarios (García y Toledo) implicados en corrupción desmoraliza completamente. Y si hubiera un presidente que tomara esto (lucha contra la corrupción) como parte de su liderazgo, otra sería la historia. 

¿Le parece que actuó bien el Poder Judicial al aceptar el amparo de Alan García contra la investigación de la megacomisión?

Reconozco que los derechos de García de alguna manera habrían sido amenazados por la forma de citación o cómo lo convocaron. Sin embargo, los informes no habían concluido y no puedo hablar que se trate de derechos vulnerados. Podría haber correspondido una sentencia más ponderada en el sentido de evaluar una amenaza de derechos fundamentales y exhortar al Congreso a que garantice esos derechos de defensa antes que culminen las investigaciones. 

El Contralor habla de miles de millones de soles en pérdidas por la corrupción ¿Es éste solo un problema de dinero?

Es un problema de dinero, pero no se queda allí. Se traduce fundamentalmente en un daño a los más pobres. Es dinero que se deja de invertir en educación, salud, seguridad y justicia. Cuando se altera el destino de los fondos se alteran también los servicios. La corrupción afecta derechos fundamentales. 

-En las regiones hay presidentes, alcaldes consejeros y regidores que ingresan al cargo con poco patrimonio pero terminan con propiedades, autos y otros bienes. ¿Tan difícil es demostrar el enriquecimiento ilícito?

Intuye muy bien. Los casos de enriquecimiento ilícito son bastante complicados de verificar y probar. Aparentemente es simple, el tipo penal se aplica a aquel que manifiesta  una desproporción entre sus ingresos lícitos y los gastos, y no lo puede explicar razonablemente. El problema para demostrarlo se inicia a nivel previo, cuando la Contraloría investiga y fiscaliza las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Tiene los poderes medio atados: puede llegar  hasta un punto pero no se puede levantar el secreto bancario ni la reserva tributaria. Los pocos casos que pasan al Poder Judicial el juez no puede demostrar la desproporcionalidad de la riqueza del funcionario que ejerció el cargo ocho o diez años. Hay que hacer un rastreo de todo ese tiempo, y no solo a él sino a sus familiares utilizados para encubrirlo.  El elemento probatorio implica una auditoría contable, que es complicada porque hay que revisar hacia atrás. Los procesados además arguyen que ganaron dinero trabajando en tal o cual lugar, pero informalmente ¿hay que creerle?

García apeló a decir que le pagan miles de dólares por sus conferencias.

Pero puede tratarse de empresas que fueron favorecidas en su gobierno. Hay informes en las redes sociales sobre su contratación por una empresa brasileña, hay que corroborarlo, como consultor o asesor, y se trata de una empresa que ganó varias licitaciones en su gobierno, analizando puede no ser delito, pero otra vez entra el juego el tema de la ética pública.

¿Cuando usted dicta sus cursos qué les recomienda a los jueces y fiscales para que su labor rinda frutos en la lucha anticorrupción? 

Les recomiendo que dejen de ser literalistas o muy formales con el texto de la ley. No hay que caer en el hipergarantismo. Es cierto que los procesados tienen derechos, pero a veces se enfatiza en la garantía solo por la garantía y no mirando que alrededor hay otras personas con derechos. Hay que investigar mejor. Dejar de ser extremadamente formales e interpretar la ley con mejor criterio. En el Poder Judicial hay jueces honestos, el tema ahí es con los jueces deshonestos, yo creo que los deshonestos están más organizados que los honestos, que andan dispersos. Hay que arrinconar a esos jueces y fiscales deshonestos.

Pocos hablan de la honestidad. Dígame, ¿la honradez es una manera de ser impopular?

Hace unos días, escuché al doctor Javier Iguiñiz decir qué difícil es ser honesto en el Perú. El contexto está hecho para hacerle la vida imposible a los honestos. Es que nuestra sociedad es altamente tolerante a la corrupción. El sociólogo Gonzalo Portocarrerro lo dice: somos cómplices silenciosos de la corrupción. Mientras eso no se rompa no podemos avanzar. El contexto para que aflore la honradez va a ser difícil. 

¿Cree que este gobierno tiene la voluntad para enfrentar la corrupción?

Desde el inicio la lucha anticorrupción de este gobierno no fue ni chicha ni limonada. La veo poco apagada, por ejemplo en el caso del procurador Julio Arbizu, que está haciendo una importante labor, lo han empezado a socavar, es cierto que ha tenido un apoyo del ministro de Justicia, pero no he visto un apoyo sólido del gobierno hacia él, cerrando filas contra esos ataques, él no puede trabajar en una posición débil y frágil. Se requiere que la lucha anticorrupción tenga un liderazgo desde el más alto nivel, solo así se logra objetivos.