11/05/2015

Yván Montoya: "Es necesario el financiamiento público a los partidos"

IMG_8579Yván Montoya, asesor del IDEHPUCP y profesor del Departamento de Derecho, concedió una entrevista a Punto Edu como parte de un informe especial sobre criminalidad organizada dentro del semanario impreso de nuestra Universidad. Aquí el diálogo en torno a este tema.

¿Considera que el crimen organizado se está infiltrando en los poderes del Estado?

Cuando vemos que hay imputaciones hacia congresistas que habrían cumplido alguna función en la estructura del gobierno regional de Áncash de César Álvarez (probablemente se dedicaron a ser agentes de contención política, a bloquear a la Policía, impedir la intervención fiscal en algún ámbito, cosas que se han evidenciado), nos damos cuenta de que el crimen organizado está empezando a tener agentes permanentes dentro de la actividad política. Por ejemplo, Robinson Gonzales, ex vocal supremo, detenido por pertenecer a la red Orellana, tenía mucha influencia en el Poder Judicial. Imagínate cuántos de los jueces inferiores o vocales superiores le tienen cierto grado de respeto. No quiero decir que todo un partido político esté cooptado por mafias organizadas. Creo que estamos a un nivel de intentos de penetración en las organizaciones políticas.

¿Qué está fallando en el sistema político para que esto ocurra?

No sé hasta qué punto se han reducido los niveles de articulación entre las dirigencias y las bases. En una campaña electoral, los partidos requieren una mayor capacidad de personal y de recursos económicos. ¿De dónde provienen esos recursos? Entonces aceptan aportes de cualquier persona sin ningún filtro. Algo que es impopular, pero necesario, es que los partidos reciban financiamiento estatal. Con eso tenemos todo el derecho de prohibir o de limitar al máximo las donaciones y aportaciones millonarias de terceros que condicionan al partido. Esta figura ocurre en España, Francia o Alemania.

¿Qué tan difícil es combatir el crimen organizado en un sistema conocido como corrupto?

Instancias de control penal como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, encargadas de combatir el crimen y el crimen organizado, son las que se perciben como las más corruptas del país. Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hace investigaciones sobre lavado de activos procedentes del narcotráfico y trabaja con un fiscal más o menos honesto, ¿creen que comparte la información con la Policía? Existe una desconfianza total. Cuando tienes el sistema totalmente corrupto, la posibilidad de que las organizaciones de narcotráfico penetren es mucho más fácil. ¿Cuántos agentes policiales están metidos en la estructura de la mafia proporcionando información o bloqueando alguna investigación? Por eso es que los buenos fiscales no quieren compartir información con la Policía Nacional.

¿Qué tan complicado es perseguir el lavado de activos?

Cuando pasaste diferentes fases, es casi imposible detectar la ruta del dinero porque se mueve en distintas partes del mundo con mucha facilidad. Necesitas mucha cooperación internacional y que el dinero no esté en paraísos fiscales. Demora recuperar lo que se fue. Ver la ruta del dinero es difícil porque ha pasado por cuatro o cinco manos. La gran falla para combatirla criminalidad es la articulación del sistema. Hay que generar protocolos de trabajo conjunto para que la información fluya.

Tenemos una ley reciente contra el crimen organizado.

Esta ley no crea delitos nuevos, sino que crea la modalidad nueva de cómo muchos de estos delitos se pueden realizar en el contexto de una organización criminal. Define lo que es una organización criminal, las condiciones que debe tener para que se llame así y agrava las penas cuando esos delitos, que están en el Código Penal, se producen en ese contexto. También tiene normas procesales que facilitan algunos aspectos relacionados con la investigación. Aún es demasiado pronto para analizar su eficacia. No sabemos qué rendimiento va a tener. Deberíamos tratar de explotar más el nuevo Código Procesal Penal, que no está vigente todavía en Lima, salvo para los delitos de corrupción, porque contiene muchos instrumentos que convierten al fiscal en un agente con enorme poder en la lucha contrala criminalidad y la criminalidad organizada.