El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al exdictador Alberto Fujimori. De acuerdo al Código Penal, esto significa que se concede la causal de extinción penal; es decir, del “conjunto de circunstancias (…) de carácter político, legal, natural o privado, que son ajenas al hecho punible, pero que extinguen su posibilidad de persecución”.
No obstante, en febrero del año pasado la Corte Suprema de Chile amplió la extradición del exmandatario Fujimori a los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y peculado en contra de la administración pública por el caso Pativilca. Esta situación ha generado polémica en la opinión pública, pero también a nivel jurídico; pues la defensa de Fujimori solicitó la extinción de esta última acción penal de la Corte Suprema chilena en virtud de la gracia otorgada por el presidente Kuczynski. Por ello, este 26 de enero se discutió en una audiencia de control en el Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional el futuro de las acusaciones por el caso Pativilca.
Ante ello, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (Idehpucp), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y la Clínica de Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa presentaron ante el Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional un amicus curiae que argumenta la imposibilidad de ceder a la petición de la defensa de Alberto Fujimori, pues “la gracia presidencial, tal como ha sido otorgada, colisiona con disposiciones constitucionales y obligaciones internacionales de derechos humanos”.
* La elaboración del presente informe fue coordinada por Yvan Montoya, Doctor en Derecho e investigador principal del
IDEH-PUCP, y elaborado por Cristina Blanco, investigadora principal del IDEH-PUCP y profesora del Departamento de
Derecho de la PUCP; David Torres, investigador del IDEH-PUCP; y Francisco Mamani, asistente de investigación. Salvador Herencia Carrasco, Director de la Clínica de Derechos Humanos -Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa, Canadá; y Leonor Arteaga, Oficial Senior del Programa de Impunidad y Justicia Transicional de la
Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América participaron en la
elaboración del amicus.
