El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP alerta a la sociedad sobre el serio peligro para las instituciones democráticas que plantea el reciente fallo del Tribunal Constitucional, en el que hace prácticamente imposible el control judicial sobre las decisiones del Congreso.
El fallo emitido ayer declara fundadas las demandas competenciales del Congreso respecto de la elección del Defensor del Pueblo, el cambio del marco jurídico de la Sunedu y la investigación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En su resolución, el TC franquea al Congreso el camino para que actúe en esas materias, lo cual viene haciendo con un cuestionable criterio de interés grupal y sin respeto a los procedimientos indispensables en todo régimen democrático. Además de eso, el TC sugiere a la Junta Nacional de Justicia que sancione, incluso con destitución, a los magistrados que hubieren amparado medidas cautelares contra decisiones del Congreso, una incitación a la represalia que merece rechazo.
Esta resolución otorga al Congreso de la República un poder omnímodo, al sustraerlo al necesario y legítimo control judicial, y representa así una ruptura del equilibrio de poderes. Es, en suma, un inaceptable retroceso democrático y una señal de avance autoritario en el país.
