Por Paola Velarde
El lunes 16 de mayo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO) reportó que México ha sobrepasado el número de 100 mil personas desaparecidas en su territorio. Esta dolorosa cifra describe la compleja y preocupante situación de violencia que afronta el país y subraya el llamado de atención y urgencia que han recibido las autoridades por parte de diversos grupos, especialmente, de parte de los familiares de los desaparecidos.
Lamentablemente, la desaparición forzada no es un problema insólito en la región latinoamericana. Varios países afrontan hasta ahora los legados de periodos de dictaduras en el cono sur y de conflictos internos en países como Perú y Colombia, que han dejado violaciones a los derechos humanos, siendo una de las más crueles la desaparición, que ha dejado no solo dolor sino una gran incertidumbre a miles de familias. El caso de México, es particular y se distingue de la trayectoria de países como Guatemala, Argentina, Chile y Uruguay. Y es que, si bien el RNPDNO inicia la contabilización de personas desaparecidas desde el año 1964 (año que da inicio al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y el periodo de “guerra sucia” en México[1]), más del 98%[2] de las personas contenidas en el registro desaparecieron a partir del 2006, año en el que Felipe Calderón (en ese entonces presidente de México) da inicio la “guerra contra las drogas”, una estrategia que desplegó a las fuerzas armadas por todo el país para que cumplieran funciones de seguridad pública en las calles y así reducir la violencia y presencia del narcotráfico.
Como se menciona en el último Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre su visita a México realizada a finales del 2021, a partir del año 2006 las desapariciones dejaron de caracterizarse como mecanismos de represión política a reflejar una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas. Estos delitos ya no son solo cometidos por agentes públicos; ahora el crimen organizado se ha convertido en un perpetrador importante. Así, el impacto de la militarización de las calles ha tenido un efecto totalmente contrario al esperado: con el paso de los años el nivel de violencia ha escalado de manera exponencial y ello ha repercutido negativamente en los índices de homicidios y desaparecidos en varios Estados de México. A manera de referencia hay que señalar que se registran 249 personas desaparecidas en el 2006; 10 años después la cifra asciende a 6024 personas. A pesar de la evidencia, los gobiernos democráticamente elegidos que sucedieron (Enrique Peña Nieto y Manuel López Obrador) mantuvieron la estrategia hasta ahora, con lo cual la desaparición forzada se ha posicionado como una problemática constante y compleja que no ha sido respondida de manera oportuna con una política de búsqueda.
Otro aspecto que visibiliza el informe es que las cifras oficiales muestran un incremento alarmante de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como adolescentes y mujeres. Estos datos se condicen con la gran cantidad de denuncias de mujeres y jóvenes desaparecidas y el clima de inseguridad y violencia que ponen en riesgo a las mujeres en ese país. A pesar del desarrollo de normativa y la creación de entidades e instituciones para abordar esta problemática, como Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) (2019), el RNPDNO, entre otros, también se han identificado varios obstáculos dentro de las instituciones que fomentan la impunidad de estos crímenes. Ejemplo de ello es el desarrollo de las investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa, que en marzo de este año revelaron la participación de la Marina en la manipulación de evidencia.
Hasta el cierre de esta nota, la cifra de desaparecidos era 100 459 personas. Es importante precisar que este número corresponde a una estimación oficial. Muchas organizaciones de la sociedad civil y familiares, como la Madres Buscadoras de México y una funcionaria de la CNB, indicaron que aún persiste la problemática del subregistro[4] debido a los temores que aún tienen las personas para denunciar este hecho, lo cual sugiere que el número real de desaparecidos es mucho mayor.
Dentro de las recomendaciones que brindó el Comité contra la Desaparición Forzada en su informe se resalta la adopción e implementación de un Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones y el abandono del enfoque de militarización de la seguridad pública. Por otro lado, la actual situación de violencia en México puede servir para que otros Estados de la región tomen nota de la ineficacia, y los graves riesgos para los derechos humanos, que traen medidas como la militarización de las calles y la presencia de las fuerzas armadas en espacios de sociedad civil.
(*) Miembro del área Académica IDEHPUCP.
