En efecto, las autoridades que hemos elegido precisamente para afirmar la democracia, para aplicar la ley, para asegurar los derechos ciudadanos y conducirnos, dentro de un clima de consenso, hacia una vida más desarrollada y digna pareciera que no han entendido –y si alguna vez eso ocurrió la han olvidado– la razón de ser de sus cargos y la muy grande responsabilidad que, libremente, han asumido frente a la ciudadanía. Si afirmamos lo anterior lo hacemos porque comprobamos que los asuntos críticos, múltiples y complejos, que afronta desde hace ya largo tiempo el país lejos de haber sido solucionados, o al menos combatidos con cierta eficacia, han por el contrario crecido de modo alarmante ante la miopía, cuando no ceguera, de los Poderes encargados de representar de modo efectivo y honesto a la Sociedad y al Estado.
Así, en un país con régimen presidencialista, el poder administrador ha mostrado despreocupación frente a problemas que cualquier persona medianamente informada conoce y padece. Inseguridad ciudadana; ausencia de decisiones coherentes que se expresan en marchas y contramarchas; combate cosmético contra la marginación social que, cuando candidato, el actual presidente había señalado como tarea prioritaria; sospechas de injerencia de terceros, no autorizados por las leyes, en las decisiones que hay que tomar; un conjunto de funcionarios a cargo de ministerios que han aceptado ser simplemente figurantes menores dentro de las dimensiones de la vida gubernamental y que ahora olvidan para no perder su cercanía al poder, el respeto a valores que alguna vez practicaron. Todo eso es frustrante y nos lleva a una pena mayor si le añadimos la “labor” cumplida por el poder legislador. Acabamos de ser testigos de cómo así el Congreso de la República ha sido convertido poco menos que en un mercado, en el cual la principal consigna es el “te doy para que me des”. Eso mientras hay asuntos que no avanzan e investigaciones que se frustran.
De su lado el Poder Judicial –en el que debemos reconocer la existencia de unos pocos miembros inteligentes y honorables– no logra vencer la pátina de desprestigio que arrastra desde hace ya décadas.
Vivimos hoy un aniversario patrio que no nos invita al festejo sino más bien a la sincera autocrítica y al consiguiente propósito de enmienda. Ojalá el señor Presidente en el mensaje que dirija al país reconozca con humildad que, hasta ahora, no se ha elevado a la altura de lo que de él se esperaba y así de modo reflexivo se proponga realizar las acciones que conduzcan no solo a una nación que crece económicamente, sino también aquellas que son exigidas para que en nuestra patria Todos seamos Ciudadanos con pleno ejercicio de nuestros derechos y asumiendo, claro está, nuestros deberes.
De otro lado, es también un deseo –difícil de satisfacer– el esperar que muchos congresistas y miembros de la judicatura experimenten una voz que, desde el fondo de su conciencia moral, los reclame para que cambiando de rumbo sirvan con dedicación y amor a su país y no a intereses egoístas o partidarios. Todo ello para que, con auténtica alegría y llenos de fundadas esperanzas, podamos todos los peruanos decirnos en ocasiones similares y en un futuro no muy lejano: ¡Feliz Veintiocho!
