Foto: Archivo CVR.
Por Iris Jave (*)
La tendencia autoritaria que experimenta nuestro país no se limita al uso indiscriminado de la fuerza que en la protestas de diciembre pasado dejó como resultado 60 personas muertas, sino también se manifiesta en otros niveles del propio estado y de la sociedad. Así se puede ver en las recientes medidas administrativas implementadas en las últimas semanas alrededor de los temas de memoria y del número creciente de discursos de odio que se replican en las redes sociales en apoyo a estas medidas.
El 28 de febrero, la Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de conmemoración pedagógico y cultural que alberga la historia de violencia ocurrida en Perú entre los años 1980 y 2000. La noticia cobró relevancia a nivel nacional dado que la clausura se realizó horas antes de la presentación de un informe realizado por Amnistía Internacional sobre la conflictividad y represión en el marco de las protestas. La razón de la clausura fue la falta del permiso ITSE, requisito básico para el funcionamiento de cualquier museo. Sin embargo, según el portal Ojo Público, un museo ubicado en el mismo distrito (Huaca Pucllana), que tampoco contaba con ese permiso no fue cerrado y, por el contrario, el propio alcalde de Miraflores participó en un evento realizado allí.
Al mismo tiempo, según el Portal Infobae, en Ayacucho durante la conmemoración de Semana Santa, el gobierno regional opuso una serie de trabas para la realización anual de la procesión y el despliegue de alfombras en la vía pública aduciendo razones de seguridad. La mayordomía de la procesión callejera recae sobre una familia de feligreses que recurre a fondos propios y de sus vecinos para financiar el peregrinaje y la alimentación para todos. La prohibición denota no solo irrespeto a una determinada fe y costumbre cultural, sino también un uso indiscriminado del poder para impedir gestos que expresan un malestar democrático frente al gobierno de turno.
Aunque de forma interna, algo similar ocurre con la exposición Yuyanapaq. Para recordar. Relato visual del conflicto armado interno 1980-2000, de la CVR, la cual acompañó el lanzamiento de su informe final con un proyecto fotográfico de largo aliento. Instalada originalmente en agosto de 2003 en la Casa Riva-Agüero de la PUCP (Chorrillos), permanece desde el 2006 en el Ministerio de Cultura (antes Museo de la Nación), a cargo de la Defensoría del Pueblo, en base a un convenio hasta el 2026. Actualmente, se pretende mudar la exposición, ubicada en el quinto piso de la sede del ministerio, en el distrito de San Borja, enviándola al museo de Pachacamac, con el argumento de que se requiere el espacio para instalar nuevas oficinas. En este caso, no solo se está negando el valor simbólico y reparador que ha asumido la exhibición, sino que además no se considera el enorme costo presupuestal, técnico y legal que esa decisión conlleva.
A lo largo de sus 20 años de exposición e itinerancias, Yuyanapaq. Para recordar ha sido vista por cerca de medio millón de personas a nivel mundial, convirtiéndose en un hito de fotografía en el Perú y fuente de inspiración de múltiples narrativas sobre el periodo de violencia en la escultura, el grabado y la pintura, como también desde la crónica, la historieta, el cine y otras formas de expresión artística. Precisamente, en el 2018, al cumplirse 15 años de su exposición, el LUM en alianza con el IDEHPUCP realizó una muestra retrospectiva destacando la memoria visual y su aporte al sentido reparador de las víctimas del conflicto armado interno en el Perú.
Polarización y discursos de odio
En el ámbito social es cada vez más preocupante el incremento de la polarización política a causa de narrativas que promueven la violencia como una salida a cualquier conflicto o desacuerdo. El LUM y otras instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos vienen siendo objeto de discursos criminalizadores que buscan cuestionar su neutralidad frente a la coyuntura política y argumentan que su labor está orientada a la defensa de terroristas.
Según el último informe de eMonitor+ [1] , una herramienta de Inteligencia Artificial que permite identificar y analizar publicaciones digitales con contenido político y con potencial de moldear las formas del discurso político en el país, solo entre el 4 y el 17 de abril se identificaron 91 publicaciones que incluían discursos tóxicos relacionadas a la deslegitimación de instituciones mediadoras y organismos autónomos. Dentro de estás, aproximadamente el 28% de las publicaciones incluyeron discursos tóxicos contra organizaciones de derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estaba elaborando por presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales [2]. En esta misma categoría, se identificaron 27 publicaciones que incluían discursos de odio, en el que el 37% de estas estuvieron dirigidas contra organizaciones de derechos humanos. Los discursos convocan al uso de la represión violenta y las salidas extremas, como el reiterado llamado a instalar la pena de muerte o el asesinato de las personas que se considera criminales.
Estas narrativas mantienen relación con los discursos de odio en contra de los manifestantes de las últimas movilizaciones sociales, una tendencia reportada en informes anteriores. Estos comentarios son compartidos por líderes de opinión con un alto número de seguidores en redes sociales tales como Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, y el exministro de educación, Oscar Becerra. Al replicar y amplificar estos discursos -en base a la propia dinámica de las redes sociales- los discursos violentos cobran sentido y se naturalizan, trascendiendo relaciones y convirtiéndose en una práctica social (Van Dick, 2005); es decir, los discursos se trasladan a las relaciones sociales y a la práctica política y propician acciones de violencia como los recientes ataques del grupo denominado La Resistencia contra el Instituto de Defensa Legal.
Así, la violencia se ubica como una medida eficiente en tanto los discursos de odio en las redes sociales terminan legitimando las medidas administrativas o el uso indiscriminado de la fuerza, consiguiendo así no solo el apoyo de la población a medidas efectistas sino generando una práctica cotidiana que se traslada a diversos espacios de la vida cotidiana. A ello contribuyen los actores políticos cuando promueven medidas punitivas o atacan a las instituciones que no les permiten ejercer mayor control ante sus iniciativas. Esto se traduce en una vulneración explícita hacia las instituciones que todavía resguardan nuestra debilitada democracia y congregan a una ciudadanía que no cree en la violencia como salida de ninguna crisis.
(*) Investigadora del IDEHPUCP.
[1] eMonitor+. (2023). Análisis del discurso político y mensajes polarizadores: Informe quincenal 4/ABR – 17/ABR. https://transparencia.org.pe/publicaciones/#emonitor
