Fuente: El País.
Por José de Echave (*).
El pasado 15 de enero se cumplió un año del derrame de petróleo de Repsol frente a las costas de Lima y Callao. Si bien cuando hablamos de este hecho estamos haciendo referencia a uno de los desastres ambientales más graves de la historia del país, no hay que perder de vista que, lamentablemente, en nuestro país hay una mala y amplia experiencia sobre derrames de petróleo.
Como lo señala el informe “La sombra del petróleo”[1], entre los años 2000 y 2019 se han producido 474 derrames en el Perú y, según el portal Convoca, en tiempos de pandemia ocurrieron 14 derrames más. Producidos esos derrames, se implementa en mayor o menor medida un conjunto de protocolos que, en principio, buscan controlar los daños, aunque en muchos casos estos sean irreparables.
Hay varias líneas de acción que deberían ser tomadas en cuenta para una evaluación. Por un lado, cuál ha sido el comportamiento de la empresa y, al mismo tiempo, cuál ha sido la actuación de las instituciones y autoridades responsables.
Una empresa que habría ocultado y sigue ocultando los impactos
Como fue mencionado por el portal Convoca, las primeras versiones de la empresa apuntaron a señalar que solo se habían vertido siete galones (menos de un barril de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2.5 metros cuadrados. Sin embargo, ahora se sabe que se derramaron más de 10,396 barriles, contaminando 48 playas y diversas zonas de una gran biodiversidad: se ha estimado que la extensión del área afectada para la franja de playa y litoral es de 1.800.490 m² y para el componente mar es de 7.139.571 m², aproximadamente.
Como señala un reciente informe publicado por CooperAccion[2], las versiones de la empresa, subestimando la gravedad del derrame, llevó a que la respuesta a la emergencia fuera considerada de nivel 1 (para incidentes de menor magnitud que solo requiere de los recursos y equipos propios del titular de la actividad) y no de nivel 3, como correspondía: “El nivel 3 es el que corresponde a derrames de mayor magnitud y complejidad; por lo tanto, controlarlo demanda ayuda externa internacional y la activación del plan de acción local de la Capitanía de Guardacostas Marítima del Callao. Estos tres niveles de respuesta están definidos en el Plan de Contingencia de la propia empresa que no se implementó”.
Sobre la idoneidad del Plan de Contingencia y las fallas en su aplicación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1741-2022-OEFA/DFAI, señala que el reporte de información sobre el volumen derramado y la extensión de la zona afectada[3], no solo entorpeció la función supervisora y fiscalizadora, sino también una adecuada respuesta de la empresa a la emergencia que enfrentó.
En las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados en los principales periódicos a nivel nacional, señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Tomando como base estudios pagados por la propia empresa, se afirma que el mar está limpio de hidrocarburo, que las playas ya no representan riesgos para los bañistas y que el petróleo se ha dispersado y alejado de la costa.
Un informe del portal Ojo Público[4] señala que “hasta el momento, OEFA sigue reportando 71 áreas afectadas, entre las que se encuentran las playas analizadas como Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero. Además, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ha declarado a las playas San Francisco Chico, Playa Hermosa y Playa Enanos del distrito de Ancón como “no saludables””.
Los testimonios de los pescadores artesanales coinciden en que a un año del derrame, los impactos siguen: Miguel Ángel Núñez, presidente de la Asociación de pescadores artesanales del distrito de Ventanilla, afirma que a la fecha no ha retomado sus labores en el mar debido a que sigue contaminado. “Hay restos de petróleo en el mar y Repsol miente al decir que ya retiraron todo el crudo”. Abel Rojas, representante de la Asociación de pescadores artesanales del distrito de Aucallama, indica que han sido desplazados de sus actividades y para poder pescar deben de ir mar adentro, lo que no es muy rentable para ellos.
Las evidencias son claras, en la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Osinergmin y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.
(*) Economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú.
[1] Publicación del Subgrupo sobre Derrames Petroleros, del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
[2] Leyva Ana, Chirinos Alejandro, Zúñiga Mario. A un año del derrame de Repsol. ¿Qué avances existen y qué está pendiente? CooperAccion. Enero 2023.
[3] El 16 de enero de 2022, a las 01:55:13 horas, mediante la Plataforma de Emergencias Ambientales, RELAPASAA remitió al OEFA el Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental (RPEA) correspondiente al derrame ocurrido. En dicha comunicación, la empresa informó sobre la presencia de un producto oleoso en un área de 2.5 m2 y el derrame de 0.16 barriles de hidrocarburos. Posteriormente, el 28 de enero de 2022, mediante la Plataforma de Emergencias Ambientales, la empresa registró el Reporte Final de Emergencia Ambiental, en donde informó que la cantidad de petróleo crudo derramado fue de 10 396 barriles y que el área afectada por el demarre abarcaba un total de 10 652 hectáreas.
[4] https://ojo-publico.com/4203/un-ano-del-derrame-repsol-apelo-mas-s70-millones-multas
