En el sexto episodio de Amigos con Derechos de la presenta temporada se analizó la evolución de los derechos humanos y su aplicación en las relaciones entre las empresas y los Estados. Un instrumento reciente que viene adquiriendo relevancia en la región son los llamados “planes de acción” sobre Empresas y Derechos, los cuales que ya se viene aplicando en algunos países de la región (entre ellos el Perú).
Tuvimos como invitados en este programa a Julián Tole Martínez, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia, y Bruce Barnaby, coordinador del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.
Para Tole, la relación entre los derechos humanos y las empresas ha sido siempre tensa. Incluso, indicó, ya en la etapa de planeación – cuando simplemente se empieza a sugerir las primeras ideas de entendimiento- aparecen las diferencias y controversias. Esto se debe, a que solo la mención del término “derechos humanos” suele estar relacionada a una etapa posterior de violación de derechos mínimos, especialmente en aquellas personas que se encuentran desprotegidos en el sistema. “La relación de las empresas y derechos humanos nunca ha sido pacífica, por ello es importante la aplicación de un instrumento de política pública”, indicó.
El especialista recordó que muchos de los escándalos más conocidos en la región se encuentran en sectores extractivos, como las compañías petroleras. “Lo irónico es que las iniciativas para mejorar las relaciones vienen desde las mismas empresas”, señaló.
Para el especialista, las empresas han empezado a comprender que se debe crear una verdadera conciencia a partir de la buena voluntad y la ética corporativa. Ha sido también importante, indicó, la aparición de los llamados “principios rectores”, que mejoran la dinámica, pues “si antes eran las empresas las que buscaban una mejor relación con los derechos humanos, ahora eso se produce desde los organismos internacionales hacia los Estados y luego desde los Estados hacia las empresas”.
Por su parte, Barnaby comentó la importancia de una “debida diligencia empresarial”, la cual es una obligación no solo de las empresas directamente sino también de todos aquellos sectores que se encuentren relacionados con su actividad. “Un gran logro es que el Estado sea el principal comprometido en hacer seguimiento al impacto que tienen las actividades empresariales sobre los derechos humanos”, consideró.
Señaló que los principios de respeto a los derechos humanos deben ser importantes para las empresas vinculadas al sector público y también para aquellas que se vinculan con grupos socialmente vulnerables, es decir, para las empresas que realizan actividades extractivas y que se relacionan con la población indígena.
“Las empresas que brindan servicios públicos, sean empresas de salud, educación o comunicación deben encontrarse más preocupadas en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos”, advirtió.
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