Escribe: Andrea Carrasco Gil (*)
El 11 de enero del 2021 debía ser un día histórico para las miles de mujeres afectadas por la política estatal de esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 al 2000, quienes son parte activa de un proceso penal contra el ex presidente, ex ministros de salud y demás actores ejecutores de dicha política. En este día se daría inicio a las audiencias orales que lograrían por fin la judicialización del caso con el fin de obtener justicia y sanción para los responsables.
Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida a pedido de la defensa de Fujimori debido a que no había traductores en quechua de la variante cusqueña que puedan prestar asistencia a las peticionarias que la tienen como lengua materna, solicitud que fue aceptada por el juez Rafael Martínez. Si bien, este pedido es válido pues puso en evidencia que el Estado, a través del Poder Judicial, no estaba proveyendo de las garantías esenciales de un proceso adecuado y justo; fue leído también como un ardid de la parte acusada para dilatar aún más una lucha que lleva más de 20 años a cuestas.
La presencia de traductores que permitan que las denunciantes puedan comprender lo expresado y transcurrido en una audiencia es un principio constitucional propio del quehacer judicial y también un derecho fundamental de las partes de un proceso, el cual no solo es avalado por la normativa y jurisprudencia nacional, sino también por los estándares desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos.
Esta garantía y derecho cobra especial importancia y urgencia de su cumplimiento al encontrarnos frente al caso de mujeres que han sido afectadas por graves violaciones a los derechos humanos, consideradas también crímenes de lesa humanidad, y además, se trata de mujeres indígenas, ubicadas en una posición de discriminación histórica y estructural, la cual se evidencia, entre otras formas, en el maltrato que reciben cuando por fin logran acceder a instancias judiciales pero no pueden entender lo que se dice en estas. Y no es ironía, aunque lo parezca.
«Se espera que no existan más omisiones por parte del Estado peruano y que el largo camino y espera de las mujeres esterilizadas no se extienda más.»
Frente a esta situación, conviene recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido al tema en su informe “Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas” publicado en el año 2017. En este informe, la CIDH señaló que es esencial que el acceso a la justicia de mujeres indígenas adopte un enfoque multidisciplinario, a fin de respetar su identidad cultural y étnica, su lengua materna o de origen, entre otras características. Para alcanzar este enfoque garantista de derechos, es necesario que el sistema de justicia cuente no solo con intérpretes y traductores, sino también con antropólogos, psicólogos y profesionales de la salud que permitan que el acceso a la justicia formal de mujeres indígenas sea culturalmente apropiado.
Tras la suspensión de la audiencia, las mujeres afectadas y las organizaciones que las representan solo deseaban saber cuándo podrían volver a ser escuchadas por el juez y si asistirían los traductores requeridos la próxima vez. Por ello, se realizaron intervenciones en distintos lugares del país a fin de alzar su voz y que su reclamo sea escuchado.
Finalmente, el 25 de enero se les anunció que la siguiente audiencia se llevará a cabo el 1 de marzo, y que el juez Martínez dispuso «un intérprete del idioma Quechua en diferentes variantes (Cusco, Ayacucho, Ancash, Huancavelica y Otros[1]”. Se espera que no existan más omisiones por parte del Estado peruano y que el largo camino recorrido de las mujeres esterilizadas no se extienda más. Parece mucho, pero lo único que exigen por ahora, en esta instancia judicial, es que se cumplan las garantías esenciales que debe tener todo proceso. Y ni siquiera eso se les otorga. Parecen obligadas a danzar al ritmo lento de la justicia peruana, pero ellas llevan años resistiendo a su propio paso. Y no dejarán de hacerlo.
(*) Abogada e integrante del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas- GREF.
