Mario López, líder asháninka, intentó expulsar a los sembradores de coca en la selva de Pasco. A consecuencia de esto, recibió un disparo en la cabeza. Este sería el séptimo asesinato durante la pandemia, y todavía los defensores indígenas no encuentran justicia o protección alguna. Sobre esta situación, conversamos con Álvaro Másquez Salvador, abogado del Instituto de Defensa Legal del área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional, sobre las acciones inmediatas que debería tomar el Estado en estos casos.
El tráfico de tierras, la minería y la tala ilegal, y el narcotráfico son las principales causas de las muertes de los líderes indígenas. ¿Qué cree que hay detrás de estos asesinatos?
En primer lugar, hay que reconocer que hay una situación alarmante de crecimiento de la violencia en contra de pueblos indígenas en toda la Amazonía. Básicamente, este crecimiento responde a que hay una serie de actividades ilícitas y semilegales en proceso de expansión en la zona, lo cual compromete a la frontera agrícola. El resultado son conflictos sociales en los cuales mueren personas. Las actividades más mortíferas son la tala y minería ilegal, narcotráfico, además del cultivo de palmas aceiteras, que ha venido propiciando un escenario de violencia y amenazas de muerte a líderes indígenas.
¿Por qué matan a los líderes indígenas?
Las comunidades indígenas viven desde tiempos ancestrales en territorios amplios que se extienden en la Amazonia. Sus tierras albergan una enorme biodiversidad, una serie de recursos que son útiles a las actividades ilícitas tales como la madera, la coca, la palma aceitera, entre otros. El recurso tierra o mineral es la desdicha de los pueblos indígenas. La violencia se ensaña con quienes defienden esos territorios.
En Flor Ucayali denuncian que no hay policías en la zona y reiteradas veces han amenazado de muerte a Miguel Gimanares, presidente de Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau). Sin embargo, la policía hizo caso omiso. ¿Cómo podrían actuar los líderes y residentes para protegerse?
Todas las comunidades tienen mecanismos de autoprotección. Son sociedades de entre 100 y 3000 personas que poseen sus propios mecanismos de defensa. Se organizan a través de rondas o patrullas. Sabemos que el Estado brilla por su ausencia. Cuentan con protocolos de seguridad que carecen de herramientas logísticas mínimas para garantizar una condición de seguridad óptima. No se trata de defender a la comunidad frente a un caso de robo de ganado, de un comunero o de una persona que viva cerca sino de prevenir o enfrentar el crimen organizado.
Cada vez se incrementan los asesinatos a líderes indígenas, ¿con qué herramientas cuenta el Estado para prevenir estos crímenes?
El Estado cuenta con dos herramientas legales para proteger a los defensores. En primer lugar, las garantías personales, que son bastantes ambiguas y no están pensadas para proteger a defensores exactamente, sino más bien responden a la necesidad de aliviar casos de violencia doméstica como, por ejemplo, la violencia contra la mujer en núcleos familiares o para casos de violencia vecinal. Hace 4 años eso era lo único que había para reclamar protección a los defensores. Este mecanismo está pensado para ciudades, no para el contexto rural. Defensores como Abilio Meléndez han muerto con sus garantías personales en la mano. En segundo lugar, en 2019 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) promulgó el Protocolo de Derechos Humanos. Bastante débil, poco eficiente. En marzo del 2021 tuvimos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la poca efectividad del mecanismo en la práctica, y eso condujo a que se promulgara un nuevo protocolo: «Mecanismo intersectorial para proteger a defensores de derechos humanos» que en principio busca resolver las falencias del anterior protocolo. Asimismo, lo que se está haciendo desde el Instituto de Defensa Legal es añadir estas herramientas de protección a través de medidas cautelares de la CIDH.
«El Estado ha demostrado que siempre hay una prioridad por encima de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Cualquier tema en agenda es más importante, esto tiene que ver con el lastre de la mentalidad colonial presente en el Estado desde su creación».
El Acuerdo de Escazú fue rechazado por la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en octubre del año pasado. ¿Cree que, con este acuerdo, los asesinatos a líderes indígenas se reducirían?
Yo creo que sí. El Acuerdo de Escazú tenía la virtud de ser un tratado sobre derechos humanos y el primero que se refiere, en concreto, a la situación de los defensores de derechos humanos. Como dice el MINJUS, la peor parte se la llevan los pueblos indígenas. Entonces, es importante recoger un conjunto de disposiciones sobre el acceso a la justicia ambiental y transparencia sobre proyectos extractivos.
¿Qué otras acciones deberían tomar el Estado?
Uno de los principales problemas es la falta de enfoque preventivo, no solamente en el protocolo, sino en las políticas públicas del Estado orientadas a la satisfacción de las necesidades de los pueblos indígenas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales razones por las cuales la violencia se viene incrementando en la Amazonia? ¿Se puede decir que el principal factor es que los pueblos indígenas no cuentan con seguridad jurídica sobre los territorios que poseen, es decir, que no tienen título de propiedad que les permita proteger sus tierras más eficientemente o que permita que el Estado reconozca su titularidad y puedan intervenir fácilmente? Si son territorios sin títulos, se posibilita que terceros ilegales ingresen a las zonas y tramiten alianzas con autoridades corruptas. Finalmente, lo que esto ocasiona es desposesión, acumulación de la tierra, acciones de amenazas, hostigamiento, muerte, y hasta la fecha no hay ninguna política pública aprobada que permita combatir este problema.
¿Por qué cree que no hay políticas públicas respecto a este tema?
Hay un conjunto de razones y una de las más importantes es el racismo institucional al interior del Estado, incluyendo al Ejecutivo, al Poder Judicial y al Congreso de la República. En la práctica, los pueblos indígenas no son prioridad del Estado, excepto para un puñado de funcionarios bien preparados e intencionados. El Estado ha demostrado que siempre hay una prioridad por encima de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Cualquier tema en agenda es más importante, esto tiene que ver con el lastre de la mentalidad colonial presente en el Estado desde su creación. Hoy, en el año del Bicentenario, tenemos que reconocer como una dolorosa herencia el que los pueblos indígenas han estado excluidos la mayor parte del tiempo. Sus necesidades han sido invisibilizadas o subestimadas. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en Ucayali, ellos interpusieron hace 6 años una demanda judicial denunciando que la empresa Ocho Sur P les había arrebatado aproximadamente 7,000 hectáreas de bosque para construir una plantación de palma aceitera. Como resultado recibimos dos resoluciones desfavorables en la primera y segunda instancia. El Tribunal Constitucional tiene el caso desde el 2017. Ya han pasado 4 años y no hay respuesta. Hemos intentado todos los mecanismos para lograr que el Tribunal se pronuncie, pero no lo ha hecho.
¿Cuál cree que será la relación entre Castillo y los pueblos indígenas?
Yo quiero ser optimista, pero el contexto me lo hace difícil. Parece que el profesor Castillo no ha terminado de formar un equipo de transición. Además, en el escenario político, el fujimorismo sigue siendo un enemigo duro contrario a la democracia y está impidiendo la proclamación de Castillo. Sin un presidente formalmente proclamado, es difícil saber quiénes van a integrar el equipo ministerial. A mí me interesa quién será el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos. Esperamos que sea una persona comprometida con la causa y que siga impulsando medidas para mejorar la situación de derechos humanos. Estamos a puertas de un proceso de cambio histórico, principalmente desde el lado de los pueblos indígenas, diría yo que en un momento constituyente. Entonces, confiamos en que el próximo gobierno inicie la construcción de una patria multicultural por un nuevo trato.
¿Se podía anticipar si habrá algún tipo de alianza entre los pueblos indígenas y Pedro Castillo?
El profesor Castillo suscribió un acuerdo con la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, en el cual se comprometió con una serie de medidas a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía, entre ellas la titulación de sus territorios y la protección de los defensores de derechos humanos. Entonces, si se ciñe a los acuerdos, creo que hay razones para ser optimista. En los últimos días de campaña se acercó a varias organizaciones relacionadas con la memoria histórica y afectadas por episodios de violencia ocurridos en el gobierno de Fujimori. Entonces, ese es un segundo ingrediente para creer que hay una sensibilización sobre la necesidad de proteger los derechos humanos.
